El imperativo de recaudar 3% del PIB no es una idea loca del Ministerio de Hacienda. Tiene un objetivo claro: invertir en bienes sociales –como educación– que aminoren la desigualdad. Si el ministro Alberto Arenas lograba ejecutar la Reforma Tributaria, pero las otras reformas se caían, el gobierno se quedaba sin proyecto político. Ese es el quid del asunto y, por eso, negoció.
El ministro de Hacienda puede tener falencias, pero el protocolo de entendimiento sobre la Reforma Tributaria puso la viabilidad del programa de gobierno por sobre sus intereses personales.
Si él hubiera velado únicamente por su ego, seguramente habría continuado con el proyecto de Reforma Tributaria tal como estaba. Esto, pese a que 30 años de historia económica de este país, reflejados en las audiencias de los ex ministros de Hacienda y ex presidentes de Banco Central, ponían sobre el tapete de la discusión cuestionamientos razonables acerca de los mecanismos buscados para recaudar US$ 8.200 millones. Total, tenía los votos de la Nueva Mayoría para hacerlo y difícilmente algún parlamentario de ese bloque habría votado en contra, porque eso era irse en contra de Michelle Bachelet.
Si esa hubiera sido su decisión, habría aprobado la Reforma Tributaria aun a costa de hacer peligrar el resto de las reformas que ésta intenta financiar, principalmente educación. La crispación ambiental habría llevado a negarle la sal y el agua al ministro Eyzaguirre y el costo lo habría pagado este último, al no ser capaz de generar un ambiente de diálogo que ya le es difícil.
Aunque también es verdad que existía la probabilidad de que el proyecto nunca fuera promulgado si el Tribunal Constitucional lo declaraba ilegal. La oposición estaba preparada para llegar a esa instancia si no se abría un espacio de negociación, pues estimaba que había visos de ilegalidad. También la coalición gobernante estaba minada por las mismas dudas.
Pero supongamos que en Hacienda, efectivamente, se tenía la certeza de que el veredicto le sería favorable, el sólo hecho de estar en esa discusión le ataba de manos para realizar los cambios que realmente creía necesarios. Cualquier modificación se iba a interpretar como que lo estaban haciendo para soslayar el tema de la legalidad.
Las expectativas mandan
El otro factor que pesó fue la desaceleración de la economía y la necesidad de dar vuelta las expectativas. No fueron suficientes una agenda de productividad, ni una agenda energética ni un plan de concesiones ambicioso. Todos estos anuncios llenaron los titulares por un día o dos y desaparecieron en el tráfago de información que provenía de la Reforma Tributaria.
Los discursos de Alberto Arenas, cuando recién asumió el cargo, apuntaban a decirles a los empresarios y al sector productivo en general que subirían los impuestos fuertemente, pero que al mismo tiempo habría una inversión relevante en productividad, energía y obras públicas. Ese diseño no supo apreciar en su justa medida el impacto que tendría sobre las expectativas el cambio estructural que la Reforma Tributaria planteaba. Por eso falló.
No es de extrañar, entonces, que las primeras reuniones después de la suscripción del acuerdo hayan sido con representantes empresariales. Hay que cambiar rápidamente el discurso de confrontación por uno constructivo para que el sector privado aquilate el nuevo escenario con acuerdo tributario transversal, plan de inversiones en Obras Públicas, agenda energética y fomento a la productividad.
Plata habrá…
Dicho todo esto, resulta absolutamente lógico el camino que tomó Alberto Arenas y su equipo: conseguir los US$ 8.200 millones en una negociación con Renovación Nacional y la UDI que permite darle viabilidad política a la propia Reforma Tributaria y a los proyectos del Gobierno. Acuerdo que, indudablemente, implica un alza de impuestos relevante para las empresas y sus dueños, y que a inicios de año parecía imposible de conseguir con los votos de la derecha.
Si el ministro Arenas claudicó o no en lo que comunicacionalmente había llamado el corazón de la reforma, importa poco. Respecto a si negoció entre cuatro paredes, no se ve otra manera de hacerlo si se quiere llegar a puerto y así lo entendieron los presidentes de partidos oficialistas cuando, semanas atrás, se les informó que se intentaría iniciar esta fase.
Lo que sí les debe importar a los que votaron por el programa de la Nueva Mayoría es que el objetivo de tener un país con mayor igualdad y con mayores oportunidades, se cumpla. Con la firma del protocolo, todos los sectores políticos –desde la UDI al PC– están tras el mismo objetivo.
Ahora, son los técnicos de los distintos sectores los que tendrán que hacer la pega a través de las indicaciones que se introduzcan al proyecto de Reforma Tributaria y asegurar que las metas políticas y de recaudación se viabilicen.
Después, será el Servicio de Impuestos Internos el que tendrá que ponerse a la altura de las circunstancias y los Ministerios, por su parte, encargarse de que el dinero no se pierda en la burocracia. Es en este esfuerzo de gestión donde se juega el proyecto político que Michelle Bachelet ofreció al país.
