Días clave vive el caso Cascadas. Mientras avanza rápidamente el desfile de testigos en la etapa probatoria de la investigación, la Superintendencia de Valores y Seguros tuvo un triunfo fundamental en los tribunales.
Las Salas Octava y Novena de la Corte de Apelaciones rechazaron ayer la solicitud que hicieron los formulados de cargo Citigroup y su representante legal, Fabio Gheilerman, de dictar orden de no innovar en sus procedimientos para detener el proceso, debido a que las operaciones por las cuales fueron acusados ya cumplieron cuatro años y, según la Ley Orgánica de la institución, caducaron.
El recurso de ilegalidad ingresó el lunes y apuntaba a detener el procedimiento probatorio que concluye hoy, tras lo cual la SVS estará en condiciones de dictar resolución final, aunque no así para dictar sanción.
La apuesta de la autoridad es que, si bien no podría aplicar multas, eventualmente pueda dejar establecida la responsabilidad de los acusados en el caso y, luego, esperar que la Corte ratifique o descarte la resolución.
En último caso, la SVS pretende que se le reconozca la potestad para utilizar operaciones que hayan caducado pero que sirvan de antecedente para demostrar la continuidad de las actuaciones de los acusados, en particular, pensando en lo que ocurrirá con aquellos otros cuyas operaciones controvertidas, en algunos casos, ya cumplieron los cuatro años.
El más emblemático es el caso de Leonidas Vial, cuyas transacciones ocurrieron en 2009 y se extendieron hasta el 28 de septiembre de 2010, por lo que varias de ellas podrían no ser sujeto de sanción, pero –según la entidad que dirige Pavez– serían sustento de su tesis del esquema en que aquel habría participado como actor instrumental.
La causa judicial de Citi, eso sí, seguirá su curso normal hasta que la Corte vea la causal de fondo; aunque posiblemente dicho tribunal zanje el asunto una vez que la SVS haya dictado sentencia, la defensa aspira a que la Corte eche abajo tales resoluciones.
Defensa en grupo
En las últimas dos semanas, ha desfilado por las oficinas de la SVS un grupo de ejecutivos y directivos de entidades financieras. Los gerentes generales de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y de la Bolsa Electrónica (BEC), José Antonio Martinez y Juan Carlos Spencer, respectivamente, además del presidente de la BEC, Fernando Cañas, han defendido la legalidad de las operaciones cuestionadas.
También han sostenido que los precios de mercado correspondían al mismo día y no a los promedios de 15, 30 o 45 días, como sostiene la tesis de la SVS. También han asegurado que las 20 horas de difusión son suficientes para permitir la competencia y han respaldado el hecho de que hay posibilidades de que varios inversionistas disputen un paquete de acciones aunque sea rematado en un solo lote.
Cañas, de hecho, aseguró que “es absolutamente imposible garantizar la rentabilidad de una inversión efectuada en títulos de esta naturaleza (acciones)”. El presidente de la BEC, la misma entidad cuyo secretario es Alfredo Alcaíno, abogado de Leonidas Vial, afirmó que “sería una ingenuidad pensar en que una inversión tiene una rentabilidad garantizada”.
También concurrieron como testigos el ex superintendente de Valores y Seguros (SVS), Alvaro Clarke, quien descartó que el precio de mercado se fije de la forma en que lo hizo la autoridad en este caso y defendió también la legalidad de las operaciones.
Clarke, socio de la clasificadora de riesgo ICR –que entre sus clientes tiene a 8 fondos mutuos de LarrainVial– hizo un estudio a solicitud de la corredora de Bolsa y en su declaración respaldó la tesis, de la corredora y del propio Julio Ponce, de que “los descuentos o premios que arrojan las transacciones de las acciones Cascada no tienen ninguna diferencia significativa con los remates de otras acciones, es decir, aceptando el criterio del fiscalizador, el comportamiento, en términos de premio o descuento de las acciones Cascadas, es coincidente con lo que ocurre en el mercado para el resto de las acciones”.
Concurrieron otros ejecutivos, como María Angélica Dides, de Euroamérica, que fue ejecutiva de inversiones de Banchile en el periodo investigado y realizaba operaciones para las Cascadas. La ejecutiva aseguró que “nunca recibí ninguna instrucción de parte de estos clientes, de sus gerentes, ejecutivos y/o directores de emplear mecanismos bursátiles que impidieran la participación de terceros en las operaciones”.
Asistió el gerente de operaciones de la BCS, Juan Carlos Ponce; el vicepresidente de finanzas de SQM, Ricardo Ramos; e, incluso, el gerente general de Consorcio, el holding financiero ligado al empresario Juan Hurtado Vicuña, quien recientemente se integró como director a LarrainVial S.A.
Pese a que Consorcio es visto como enemigo de Julio Ponce, pues es accionista de Moneda Asset Management, gestor de fondos clave en el origen del caso, Parodi aseguró que el remate de un solo lote de acciones puede generar competencia por la profundidad del mercado de capitales y advirtió que los corredores sólo ejecutan órdenes de los clientes.
Esta y otras de sus declaraciones –que favorecen la posición de LarrainVial y Leonidas Vial– son entendidas por abogados de la plaza como un respaldo implícito –y eventualmente involuntario– a Ponce, pues si LarrainVial no era parte del esquema, la estructura completa de la tesis de la SVS se caería.
