Álvaro Saieh nuevamente tiene a los proveedores de SMU en pie de guerra.
En 2012, en lo peor de la crisis del supermercadista, el retraso en los pagos hizo que el organismo que los agrupa, la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (Agip), acudiera a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a denunciar al holding controlado por el empresario y dijera que éste debía casi US$ 300 millones.
Ayer, el gremio volvió a ser parte del drama que rodea a SMU desde hace dos años.
Agip respondió a un oficio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que le pidió opinar sobre un procedimiento destinado a evaluar la solicitud de SMU de no vender el 40% de su participación en Montserrat o, bien, ofrecerle un periodo de prórroga para ello.
Su respuesta fue durísima y le pidió al TDLC que rechace la solicitud de SMU de no vender el paquete que tiene en la empresa controlada por la familia Bada.
Acusan que el empresario no quiere asumir la pérdida de valor que ahora tienen sus acciones, aunque sí creen que es posible ofrecerle un año de prórroga para cumplir.
Origen del conflicto
El proceso actual se gatilló luego de que SMU solicitara, el 3 de junio pasado, dejar sin efecto esa condición que le fue impuesta tras la fusión con Supermercados del Sur (SdS) concretada en 2011 y que tenía como plazo máximo para ser satisfecha el 8 de junio de 2014.
El 30 de junio pasado, la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el TDLC un duro requerimiento contra el holding.
La entidad que dirige Felipe Irarrázabal acudió al tribunal pidiendo una multa de US$ 3,7 millones para la supermercadista, por no cumplir la resolución de vender activos e igualar precios antes del 8 de junio pasado, condiciones exigidas tras la aprobación de la fusión de SMU con Supermercados del Sur decretada en 2012.
En ese momento, la Fiscalía criticó el actuar “estratégico y oportunista” de SMU, en el sentido de pretender dar por cumplidas las exigencias del TDLC y pedir que se levante o al menos postergue la venta del 40% de Montserrat.
La FNE atacó la intención de SMU de que el TDLC levante la exigencia y consideró particularmente grave este incumplimiento, puesto que se trata de una medida determinante para que el Tribunal y la Corte Suprema aprobaran la operación, sobre todo porque SMU consultó al TDLC sobre la fusión con Supermercados del Sur cuando ya se había concretado la operación.
A raíz de la solicitud del holding de Saieh, el TDLC ofició a la Fiscalía Nacional Económica, al Sernac, a la Agip, a la Asociación de Supermercadistas de Chile (Asach), entre otros, para que entregaran antecedentes.
SMU entregó el 3 de junio pasado un informe al Tribunal, donde explica las razones para no vender su participación en Monserrat. Exponiendo la relación distante que mantiene con la familia Bada –controladora de la cadena de supermercados–, aseguró que no existe relación comercial entre ellos y que sus contactos son inexistentes, limitándose sólo a las escasas reuniones de directorios en que participan.
"A pesar del interés demostrado por la familia Bada en adquirir la participación de SMU, ésta no ha materializado ninguna oferta ni promesa, por el contrario, ha generado instancias de expectativas hasta el punto de dilatar diversos acercamientos y ofrecer realizar una oferta días antes del vencimiento del plazo otorgado", destacó SMU en el informe presentado al TDLC.
En este sentido, indicó en el referido informe que la actual situación ha desincentivado a potenciales compradores.
Agip sin contemplaciones
La reacción de la Agip a lo dicho por SMU fue muy crítica.
En el documento presentado ayer, el gremio de los proveedores le pide al TDLC que rechace la solicitud de Saieh y acusa a la empresa de pretender, a través de una consulta, "revivir una cuestión ya resuelta por el tribunal y ratificada por la Corte Suprema".
Añade que SMU está incumpliendo una de las mínimas condiciones que le fijó el TDLC al aprobar una fusión condicionada.
Agip descarta duramente los "supuestos nuevos antecedentes" que invoca SMU para pedir que se elimine la condición de vender su participación en Montserrat.
Señala que la postergada venta no proviene de una cuestión de esfuerzos, "sino de precio y es ahí que SMU no quiere asumir un menor precio que aquel que esperaría recibir".
Según la Agip, ese es el verdadero argumento de por qué SMU no cumple aún: no quiere asumir la pérdida de valor que ahora tienen sus acciones.
En el documento presentado ante el tribunal, el gremio advierte que ese es el riesgo que se toma en todo negocio. "SMU debe asumir los riesgos tomados y vender su 40% al valor que los potenciales compradores estén dispuestos a pagar" y no el que Saieh quiere recibir.
Acerca del argumento de SMU de que el controlador de Montserrat no protege sus intereses como minoritario y respecto a la falta de un pacto de accionistas, los proveedores manifiestan que eran todas condiciones que Saieh sabía al comprar el 40%. Y agrega que, si estima que le vulneran sus derechos, existen herramientas legales para combatirlo.
“Más extraño resulta, que bajo todo el escenario apocalíptico que describe (SMU), prefiere pedirle al Tribunal que se elimine la Condición y permanecer en la propiedad. Si fuese tan difícil la situación, lo natural sería asumir la pérdida y desprenderse de la propiedad”, afirma el gremio de proveedores.
El documento también es duro con el argumento de SMU de que la Reforma Tributaria es un impedimento para la venta del 40%. SMU alega que la falta de certeza en los términos finales de la misma "ha generado efectos en el mercado de compra y venta de empresas".
Agip destaca que el proyecto de ley fue presentado 15 meses después que se dictase la medida que obliga a SMU a vender su participación en Montserrat.
Concluye que la solicitud de SMU no tiene un sustento real que le permita ser acogida, pero sí considera que, si el TDLC así lo estima, sería posible concederle un mayor plazo, que a su juicio podría ser un año.
