Desde que el 11 de junio el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumiera la representación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ante los tribunales, las acciones legales de los acusados en el caso Cascadas han tenido poco que celebrar.
Las defensas de Roberto Guzmán, Julio Ponce, Aldo Motta y Leonidas Vial se han enfrentado a un oponente con recursos y la experiencia en litigios por décadas.
En tal escenario, la semana pasada la defensa de Motta acudió con un último recurso en la interminable saga de actuaciones ante tribunales. Esta vez, no para cuestionar alguna de las decisiones de la SVS en la investigación, sino para solicitar el término de la representación de la SVS por parte del Consejo.
Ganador
El 11 de junio pasado, la Corte de Apelaciones decretó la paralización del proceso probatorio de Roberto Guzmán Lyon, el abogado y hombre de confianza de Julio Ponce Lerou. Cabe recordar que tanto Guzmán como Ponce son considerados actores centrales del esquema de operaciones por el que la SVS les formuló cargos en septiembre de 2013, por violar las leyes del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas.
El tribunal de alzada decretó la orden de no innovar (ONI) solicitada por los abogados de Guzmán, encabezados por Gabriel Zaliasnik, cerniendo una nube no sólo por el riesgo de detener de manera indefinida ese caso en particular, sino porque abría la puerta a que otros formulados de cargo usarán dicha resolución para congelar sus propios procedimientos.
El CDE se hizo presente con toda su experiencia en las Cortes y obtuvo resultados de inmediato, pues sólo quince días después tendría su primer éxito cuando la Corte revierte la ONI. Guzmán repondría, pero la Corte volvería a jugarle en contra el 2 de julio.
En paralelo, Julio Ponce había intentado subirse al carro de las paralizaciones momentáneas, pidiendo ONI contra el inicio de la fase probatoria de su caso, pero el 20 de junio el CDE ganó otra vez.
Jorge Bofill y Raimundo Labarca atacaron de nuevo y, aunque no lograron un triunfo determinante, sí pudieron ver acogido a trámite un recurso de ilegalidad. Una vez más volvieron a pedir ONI contra el proceso y el 30 de junio nuevamente perdieron.
También perdió con el CDE el socio de LarrainVial y ex vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Leonidas Vial. El 2 de julio solicitó ONI contra la fase probatoria llevada adelante por la SVS, por considerar ilegal que le pidiera fijar hechos y pruebas. Nueva derrota: el 21 de julio pasado, la Corte rechazó la solicitud.
Saquen al CDE
Pero con quien más batalla ha tenido el CDE es con Aldo Motta. Al igual que con Guzmán, la Corte le concedió una orden de no innovar el 30 de junio pasado.
No conformes con eso, los abogados de Motta, Germán Pfeffer –del estudio del ex abogado de la SVS, Francisco Pfeffer– y Víctor Vial, acudieron al Tribunal Constitucional (TC), en esa ocasión pidiendo que se detuviera la causa en la Corte a la espera que se analizara la constitucionalidad de una norma que valida la forma de proceder de la SVS en la etapa probatoria.
Y aunque el TC acogió a trámite el requerimiento, no aceptó detener el proceso en la Corte. La decisión fue clave, pues el 14 de julio la Corte revirtió la ONI que había en favor de Motta. Frente a ello, los abogados de éste respondieron con todo.
No sólo repusieron solicitudes contra el fin de la ONI el 21 de julio, sino que pidieron también que la Corte decretara el fin de la representación de la SVS por parte del CDE.
La Corte rechazó de plano el recurso y detuvo las intenciones de Motta. Sin embargo, sus abogados no cederán.
Es así como, el pasado 21 de julio, presentaron un recurso de reposición contra dicho dictamen y atacaron la presencia del CDE en el caso.
“El CDE no está instando en esta sede por la defensa de los intereses del Fisco sino que derechamente por que se prosiga con actos de instrucción en el marco de una investigación en que sólo son partes el imputado y la Superintendencia de Valores y Seguros, interviniendo así derechamente en el ejercicio de una facultad privativa y exclusiva del órgano que la ley llama –sin intervención de terceros– a ejercer la potestad sancionadora”, se lee en el recurso ingresado por el estudio Pfeffer.
Asegura, asimismo, que la SVS es autónoma y tiene patrimonio propio, lo que “le permite contar con asesoría letrada totalmente capacitada para asumir la representación judicial del mismo organismo”.
Según Pfeffer, “no se cumple con el requisito necesario para la intervención del CDE, esto es, el resguardo del interés fiscal como lo exige la ley orgánica (…) por cuanto la resolución reclamada de ilegal, por una parte no vincula recursos económicos del Estado y, por la otra, tampoco se advierte el interés extrapatrimonial de mantener una resolución ilegal, en que nada afecta el interés fiscal”.
La tesis de la defensa de Motta dista de lo que piensan el CDE y los abogados de la SVS. Luis Cordero, asesor de la SVS en el caso, señaló el 14 de junio pasado que la intervención del CDE por la SVS no es la primera.
Sin ir más lejos, en el caso La Polar, la Superintendencia delegó en el Consejo su representación cuando las sanciones fueron recurridas por los acusados ante la Corte.
Aunque esta vez es la primera en que el CDE interviene antes de que se apliquen sanciones. Cordero lo explicó así: el proceso ha sido incidentado a tal nivel que “parecía relevante y sensato solicitarla con anterioridad a lo que había sido en el caso La Polar”.
Según abogados cercanos al caso, el CDE es respetado en la Corte de Apelaciones y sus argumentos son escuchados con mayor atención. Además, los tribunales son más cuidadosos al resolver sobre el CDE, puesto que no es cómodo enfrentarse al Estado.
Sin embargo, un abogado de uno de los acusados por la SVS –que no es Motta– asegura que la presencia del CDE abre un frente adicional para la defensa y da a entender que existe un interés fiscal en el caso, que en realidad no es tal.
Continuando con los argumentos de Pfeffer, a juicio de éste “se rompe el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso, en tanto, no resulta posible que el Estado persiga al administrado desplegando medios y recursos ilegítimos, forzando ilícitamente las facultades de otro aparato estatal –CDE– para que asuma la representación de la SVS…”.
Pfeffer cuenta con un antecedente a su favor: Cuando junto a su representado acudieron ante el TC, el CDE no fue en representación de la SVS, sino que lo hizo directamente el titular de la Superintendencia, Carlos Pavez.
Pfeffer –cuyo hermano, Emilio, es abogado integrante de la Corte Suprema y ha sido candidato al Tribunal Constitucional– no se guarda epíteto para referirse a la Corte de Apelaciones por haber rechazado su reposición.
“Llama poderosamente la atención que la Corte se mantenga impávida ante una situación tan grave como la descrita, más cuando son claras las disposiciones legales que rigen la materia. En efecto, no es un tema menor el hecho que al asumir la defensa el CDE, tácitamente el superintendente de Valores y Seguros está abdicando de su obligación legal, y peor aún, está siendo avalado por su S.S. Iltma.”, sostiene.
