Argentina aduce que Estados Unidos, que no reconoce la competencia de la CIJ, ha cometido una "violación de sus inmunidades soberanas" y de "la obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado", según un comunicado de la Presidencia del Gobierno.
"La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial", explica el texto.
El Gobierno trasandino acusa a Estados Unidos de incumplir la obligación de ejercer de buena fe y conforme a derecho "las funciones judiciales que la República argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esa aceptación".
Según el Ejecutivo de Cristina Fernández, las decisiones adoptadas por el juez neoyorquino Thomas Griesa, responsable del fallo favorable a los fondos buitre, "vulneran la determinación soberana de la República Argentina de reestructurar su deuda externa".
"Dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos, que nuestro país somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución", explica el comunicado.
El Gobierno argentino apunta también que si Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte "la República Argentina entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo".
Argentina se encuentra enfrentada a la Justicia estadounidense por la sentencia favorable al 1 % de los acreedores que demandaron al país suramericano en Estados Unidos para cobrar el importe íntegro de la deuda en mora desde la crisis de 2001.
El fallo del magistrado Thomas Griesa mantiene bloqueado el último pago realizado por Argentina a los tenedores de bonos reestructurados (que suponen el 92,4 % del total de los acreedores) que aceptaron, con importantes quitas, los canjes de deuda planteados por el Estado en 2005 y 2010.
Dicho pago fue declarado ilegal por el juez hasta que Argentina haga frente a los 1.300 millones de dólares, más intereses, que debe a los demandantes.
El Gobierno de Cristina Fernández sostiene que no puede cumplir el fallo de Griesa porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas de deuda reestructurada, ya que una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.
Argentina niega que se haya producido un cese de pagos, ya que el Ejecutivo depositó el dinero antes del vencimiento del plazo de gracia (el pasado 30 de julio), y acusa a Griesa de excederse en sus competencias al impedir a los acreedores cobrar lo que es suyo.
