Crisis del Bicentenario: mucho más honda de lo esperado

Es una crisis epocal.

Primero fue la política: las protestas de 2011 y 2019 visibilizaron la fractura entre élites y pueblo. Luego quedó expuesta la debilidad productiva, incubada desde comienzos de siglo. Ahora es el empleo, con una desocupación que se va instalando en los dos dígitos. Las crisis se acumulan porque sus fundamentos permanecen.

Recuperar legitimidad obliga a adecuar las dirigencias a los anhelos populares y devolver los discursos al país concreto. No existe una reserva de élites listas para gobernar. Abrir sus círculos y modificar sus costumbres toma años. La alternancia no basta si reproduce las mismas prácticas. También es lento elevar la complejidad productiva. El conocimiento agregado, los oficios especializados, la colaboración entre empresas e instituciones estatales requieren aprendizaje e inversiones sostenidas.

El deterioro laboral amenaza con arraigarse en esa debilidad. Se añade la inteligencia artificial: su capacidad de automatizar tareas profesionales exige formación y reconversión de largo aliento. Abandonarse a los hechos consumados equivale a dejar a los trabajadores pagando un ajuste que será tremendo.

El centralismo agrava nuestra vulnerabilidad. Desatender las regiones, el Norte Grande y la zona austral debilita la presencia nacional en un escenario geopolítico incierto. La defensa requiere responder al incremento sustantivo de las capacidades militares vecinas y a eventuales fricciones.

Hay razones para prever una crisis larga.

No tiene, empero, por qué ser terminal. Su desenlace depende de cuatro tareas vinculadas: legitimidad, productividad, empleo y defensa. La conducción política debe relacionarlas, no tratarlas como agendas inconexas.

La legitimidad reclama menos partidos y mayor disciplina; formar una burocracia profesional y regionalizar políticamente mediante macroregiones poderosas. Impone también renovar élites y discursos: menos moralismo académico frenteamplista, menos economicismo en la derecha y más territorialidad en ambos.

El empleo manda educación y productividad; esta última, inversión masiva y sostenida en ciencia y tecnología, y empresas en condiciones de incorporarlas. La defensa necesita recursos fiscales, difíciles de conseguir en épocas de escasez económica. Desarrollar capacidades productivas propias permitiría que parte de ese esfuerzo dejara conocimientos, proveedores y empleos en Chile.

Ahí aparece una oportunidad concreta: una industria de defensa articulada con universidades, entidades de formación técnica y empresas. El plan de construcción naval de la Armada, que contempla construir fragatas en Chile, apunta en la dirección correcta.

No partimos de cero. Chile fabricó vehículos blindados como los Mowag y bombas, y ensambló automóviles. No hace falta idealizar esas experiencias para reconocer que el país ha sabido adquirir y adaptar tecnologías complejas.

Los productos sofisticados requieren aprendizaje acumulativo. Con transferencia tecnológica efectiva, aplicaciones civiles y control de costos, esa inversión contribuiría a tres de las urgencias: productividad, empleo y defensa. Fabricar no basta: importa qué aprendamos, cuánto cuesta y qué saber hacer queda instalado.

El trabajo reducido a esfuerzo estéril vuelve la vida banal. Cuando transforma el entorno y mejora la existencia común, el trabajador encuentra una expresión concreta de su dignidad. Una institucionalidad que haga posible esa experiencia tendría una base para recuperar la confianza nacional.

La salida exige, por tanto, sostener durante años ese esfuerzo productivo. Se trata de que el país erija las bases materiales con las que habrá de partir su porvenir.