La renta presunta es atacada fuertemente por muchos economistas tanto de la Nueva Mayoría como de la derecha. Básicamente porque se entiende que este régimen se presta para eludir impuestos por parte de personas que perfectamente podrían pagarlos.
El economista Patricio Arrau lo planteaba de la siguiente manera: “En el año tributario 2013 las 147.133 empresas acogidas a este régimen pagaron impuestos presuntos por $50 mil millones (0,04% del PIB). Si las asimilamos a las 846 mil empresas que se clasifican en microempresas y pequeñas empresas, entonces habrían pagado $ 154 mil millones”.
Por eso no es de extrañar que el gobierno intentara ponerle freno al uso de este tipo de sistema, limitándolo en el proyecto original de Reforma Tributaria a microempresas con ventas menores a UF 2.400 o alrededor de $ 55 millones a partir de 2015. Pero el cortejo de organizaciones representantes de transportistas, agricultores y mineros se hizo oír durante las audiencias que llevó a cabo la Comisión de Hacienda del Senado y las reuniones del equipo técnico de Teatinos 120. La bandera que se enarboló fue la defensa del empresario que no es capaz de llevar contabilidad completa.
El Ministerio de Hacienda, finalmente, accedió a abrir la mano y en el Protocolo de Entendimiento que firmaron los 5 senadores de la Comisión de Hacienda junto a Alberto Arenas se instauró la idea de límites de ventas diferenciados, según tipo de actividad, y que los cambios que se introdujeran rijan desde 2016.
Que hubo presión, sí, por supuesto. Que el régimen quedó igual a lo que en la actualidad existe, no a simple vista. Que se podría haber hecho algo más radical, se intentó, pero no se logró.
Se estima que alrededor de 5 mil empresas quedarán fuera de este sistema, pasando de un total de 113 mil a 108 mil, aproximadamente, según números de fuentes involucradas en las negociaciones de las últimas semanas.
Si una empresa agrícola actualmente se acoge a renta presunta con ventas por $ 328 millones al año, a partir del 2016 ese monto se reducirá a $ 215 millones. Esta baja del límite supone que alrededor de un 5% de las 36 mil empresas ligadas a la agricultura que se ordenan bajo presunta, dejarán de hacerlo. En minería, el límite de ventas es de $ 980 millones y pasará a $ 406 millones, lo que implica que 44 de las 746 sociedades migrarían a régimen general. Y, por último, las empresas del transporte que ahora pueden tener ventas por $123 millones, en dos años más tendrían que registrar un máximo de $ 119 millones. Esta disminución podría impulsar a cerca de 2.923 empresas, de un total de 64 mil sociedades, a abandonar este mecanismo. Y pagarán global complementario.
En términos de recaudación, los técnicos involucrados en las conversaciones estiman que aumentará, aunque las empresas bajo renta presunta actúan dentro de una nebulosa, por lo que la realidad es que se les “presume” una renta o utilidad. ¿Por qué no existen datos duros? En primer lugar, porque no se sabe cuál es la renta líquida imponible (RLI) para estas empresas, puesto que tributan por el 10% del avalúo fiscal del terreno agrícola, de la tasación del vehículo o de la venta de productos mineros, dependiendo del sector que se trate. En segundo término, porque se ignoran los costos asociados a la actividad.
Ante este territorio desconocido, lo que a nivel técnico se hizo fue determinar el tramo de impuesto global complementario en que se encontraría el empresario de renta presunta en las condiciones de hoy y el resultado fue que tanto los agricultores como los transportistas, en su gran mayoría, están exentos. En tanto que los mineros se ubican en el tramo de 5%.
Si el protocolo se plasma en las indicaciones tal como está y se estima cuántas empresas deberán tributar sobre renta efectiva y se les aplica una renta líquida imponible de 10% de sus ventas, se concluye que el empresario en su global deberá pagar 15% si se trata de un agricultor, 37% en el caso de un minero y 25% para un transportista.
A las 5 mil empresas que, se estima, saldrán de renta presunta por el mero hecho de haber bajado los límites de ventas, se sumaría un número indeterminado que también podría emigrar a régimen general, pero por otras restricciones que se incorporarán. Algunas pistas dio el senador Ricardo Lagos Weber cuando dijo al diario La Tercera que, para que un contribuyente sea beneficiario, se considerará el total de las ventas de sus sociedades. Es decir, se tomarán en cuenta todos los Rut que tenga una persona en distintos rubros y para ello existirá un registro público.
