Julio Ponce pierde primer round judicial en caso Cascadas: tema filtraciones queda sobreseído

El 27 de marzo de 2014, el director del diario Pulso, Juan Pablo Larraín, visitó a los “primos” de la Radio Duna –ambos medios pertenecientes al grupo Copesa, propiedad del empresario Álvaro Saieh–, para hablar sobre el caso Cascadas.

En el programa matinal "Hablemos en Off", Larraín analizó la investigación que llevaba adelante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y, en medio de la conversación, hizo una revelación poco acostumbrada entre los medios de comunicación a propósito de las numerosas filtraciones acaecidas tras la formulación de cargos –ocurrida el 6 de septiembre de 2013– contra el presidente de SQM, Julio Ponce y su círculo cercano, integrado por Roberto Guzmán, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica.

“(…) a los pocos días se filtra el expediente de la SVS, que cuando se levantan los cargos la SVS entrega información bastante escueta y hace alguna referencia sobre el rol de Leonidas Vial, pero a los pocos días, en una operación bastante compleja, aparecen señores bien dateados que llegan a ciertos medios preguntando por directores con un sobre en la mano y (pidiendo) cara a cara, ‘si no, no’. No se entregaron a todos los medios, nosotros (Pulso) no lo recibimos. Una operación muy bien pensada. Sospechas sobre quién está detrás, hay de todas, por tanto, estuvo tan bien hecha… Se espera que exista resultado en la investigación, no sé si va a llegar a puerto. Fue una operación muy bien estructurada y pensada”.

El relato de Larraín fue quizás el único comentario en público sobre la filtración de documentos del caso, pero apuntaba a una de las primeras acciones judiciales que entabló Julio Ponce contra la SVS. Su alegato apuntaba a que habría sido la autoridad la que filtró esos documentos y por eso la investigación de la Fiscalía era clave para ahondar en la ocurrido.

Pero como todos preveían, cada uno de los profesionales de los medios que han publicado estos documentos alegaron su derecho a mantener la reserva de la fuente de información, entre ellos El Mostrador Mercados.

Ayer, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago terminó por sobreseer el caso tras constatar que no era posible saber quién filtró la información. Así lo explicó la fiscal Tania Sironvalle, quien indicó que se aprobó la decisión de no perseverar sobre este punto debido a que, atendida la cantidad de personas que tenía copia de dichos antecedentes, a pesar de la exhaustiva investigación realizada no es posible establecer quién entregó copia de ellos a los medios de comunicación.

Es decir, los documentos al momento de su investigación estaban en tantas manos que recorrer el camino hasta sus emisores originales parecía una vía imposible.

Junto con ello, el Juzgado sobreseyó la causa que había denunciado Ponce por vulneración al deber de secreto por parte de la SVS, a propósito del comunicado de prensa que en septiembre publicó la autoridad con el resumen de los cargos contra el grupo liderado por el referido empresario.

La Fiscalía explicó que se analizó la actuación de la SVS en casos anteriores –como Alfa, Farmacias Ahumada y Lan Airlines– y se confirmó que desde 2003 el mecanismo usado para informar ha sido el mismo: dar a conocer un comunicado de prensa con los cargos en forma escueta, lo que estaría autorizado por ley.

Despejadas ambas causas, queda pendiente aquella por prevaricación, respecto de la cual la Fiscalía ya pidió fecha para audiencia y donde también se podría declarar el sobreseimiento del caso. En dicha causa han declarado el ex Presidente Sebastián Piñera, el ex titular de la SVS Fernando Coloma, así como una veintena de funcionarios de esa entidad, además del propio Julio Ponce, el ex subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, y el abogado cercano a Ponce, Darío Calderón.

Este último, además, estaba invitado para acudir a la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados este miércoles, pero no estará en la ciudad y, según cercanos a la comisión, la sesión sería postergada.

Round constitucional

Al tiempo que recibía este triunfo en tribunales, la SVS acudía hacia el mediodía de ayer al Tribunal Constitucional (TC) para hacer frente a otra de las numerosas causas judiciales que le distrae mientras continúa su investigación administrativa.

Aunque lo hizo representado por el abogado externo Francisco Zúñiga, quien alegó en el TC pidiendo que se declare la inadmisibilidad de un recurso de inaplicabilidad presentado por los abogados de Aldo Motta (el gerente general de dos cascadas: Norte Grande y Pampa Calichera) contra un precepto de la ley que rige a la SVS y que le permitió iniciar la fase probatoria contra el ejecutivo sin fijar los hechos sujetos de prueba en el caso, para que el acusado pudiera presentar sus pruebas ante la SVS.

Zúñiga se enfrentó al abogado de Motta, Germán Pfeffer, quien concentró su alegato en un resumen del caso y describió también las causas por las que el requerimiento debe ser admitido a tramitación.

Según Pfeffer, si no se declara inconstitucional la norma cuestionada, “caemos bajo la imposibilidad de ejercer el derecho a la prueba, quedando este derecho a la prueba solamente en una expresión nominal y no real”.

Pfeffer no alcanzó a alegar sobre el otro punto para el que había sido convocada la audiencia, que era el cuestionamiento realizado por el abogado al hecho de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pudiera representar a la SVS en tribunales.

Al tomar la palabra, Zúñiga sostuvo la tesis de la inadmisibilidad del requerimiento de Motta, reiterando que el tema planteado es un asunto de legalidad y no de constitucionalidad. El CDE, en tanto, defendió la actuación en representación de la Superintendencia, asegurando que la ley le permite hacerlo.

Juan Ignacio Piña, quien encabezó la comitiva de media docena de abogados del CDE que llegó ayer al TC, señaló tras la audiencia que la gran cantidad de incidencias judiciales de los acusados en el caso justifica la intervención del CDE. “No es un dato trivial y es algo de lo que tenemos que hacernos cargo”, explicó.