Los tenedores de bonos argentinos todavía confían en que la disputa legal de trece años que impide al gobierno cumplir con sus obligaciones puede resolverse.
Los acreedores con 7.000 millones de euros (US$9.300 millones) como mínimo de deuda argentina reestructurada planean pedir a los demás tenedores esta semana o la próxima que dejen sin efecto una cláusula de sus contratos de bonos que, según el gobierno, prolonga el impasse, según Christopher Clark, abogado que representa al grupo. Se necesita el acuerdo del 85 por ciento de los acreedores para renunciar a los Rights Upon Future Offers (Derechos sobre Futuras Ofertas), o RUFO, cláusula que vence el 31 de diciembre.
“Si la Argentina no fuese a entablar ninguna negociación, creo que lo diría y no lo ha hecho”, dijo telefónicamente desde Nueva York Clark de Latham Watkins LLP. “No creo que nadie considere que la RUFO sea de ayuda en este proceso, de modo que, si podemos deshacernos de ella rápidamente, creo que sería útil”.
La deuda argentina rindió un promedio de 8,2 por ciento este año, aun cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue responsable de la segunda suspensión de pagos del país en trece años. Resolver la disputa permitiría a la segunda mayor economía de América del Sur volver a los mercados internacionales de capitales y reforzar reservas que cayeron a US$28.88 millones este año.
Disparar nuevas demandas
Fernández dijo que la llamada cláusula RUFO impide que el gobierno ofrezca voluntariamente mejores términos a los acreedores que no aceptaron las reestructuraciones anteriores, por lo que el país no puede cumplir con el fallo porque podría disparar nuevas demandas por US$120.000 millones. Para continuar pagando su deuda, Argentina envió al Congreso un proyecto de ley para pagar a los tenedores de bonos extranjeros en el país, plan que el juez de distrito de los Estados Unidos Thomas Griesa considera “ilegal”.
El grupo de acreedores que posee más del 40 por ciento de los aproximadamente US$23.000 millones de pagarés que contienen la cláusula pondrá en marcha la solicitud de consentimiento esta semana o la próxima para pedir a los bonistas que voten para dejar sin efecto la cláusula RUFO. El ministro de Economía Axel Kicillof dijo el 30 de julio que estaría abierto a una propuesta de ese tipo de los acreedores.
La portavoz del Ministerio de Economía Jesica Rey no devolvió un correo electrónico en el que se le pedían comentarios sobre los planes de suspender la cláusula RUFO.
El mes pasado, el país no logró llegar a un acuerdo con los acreedores que rechazaron los canjes de deuda o holdouts encabezados por Elliott Management Corp. La demanda que estos habían presentado para recibir el pago total de su deuda, que llega a US$1.500 millones, tuvo un fallo judicial favorable. La imposibilidad de acordar con los holdouts motivó la suspensión de pagos debido a que un tribunal estadounidense bloqueó el pago de US$539 millones por los bonos extranjeros.
Elliott rechazó dos reestructuraciones de deuda que imponían pérdidas de alrededor del 70 por ciento. Fernández dijo que no va a ser “extorsionada” para ofrecer a los holdouts un mejor acuerdo.
