Escapar del default argentino vía Venezuela está resultando doloroso
Enrique Pescarmona, presidente de la empresa de energía renovable más grande de Argentina, está descubriendo que alejarse de la agitación política y económica en su país no es garantía de éxito.
Pescarmona tiene dificultades para lograr que la empresa de electricidad estatal de Venezuela pague sus cuentas en tanto se queda sin efectivo para realizar un pago de intereses por US$20 millones a fin de mes. Consecuentemente, los US$390 millones de bonos respaldados por su holding Venti SA han perdido más de dos tercios de su valor en los últimos tres meses, desplomándose hasta un mínimo récord de 19 centavos por dólar. Es el precio más bajo correspondiente a un bono empresarial denominado en dólares en los mercados emergentes que no esté ya en cesación de pagos.
Los esfuerzos que hizo Venti para ponerse a salvo de Argentina, que incluyeron una reorganización corporativa el año pasado, están teniendo resultados adversos porque sus clientes en Venezuela y Brasil no han podido realizar pagos puntuales. Con efectivo apenas suficiente para cubrir un 17 por ciento de su deuda de corto plazo, la empresa de Pescarmona enfrenta actualmente la perspectiva de convertirse en la primera empresa argentina que entra en cesación de pagos desde 2010.
“Es irónico que los problemas de la empresa no estén siendo causados por el negocio argentino sino por los clientes con calidad crediticia más baja que tiene”, dijo en una entrevista telefónica desde Nueva York Xavier Olave, analista de Fitch Ratings Ltd. “Confiar en obtener efectivo de Venezuela para cumplir las obligaciones financieras es un problema enorme”.
Atrasos venezolanos
Ismael Jadur, portavoz de Pescarmona no respondió los correos electrónicos ni las llamadas telefónicas de consulta sobre las finanzas de la empresa. La subsidiaria argentina de Venti, Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA, dijo el 9 de septiembre que contrató asesores financieros para poder obtener el pago de sus clientes y ayudar en la venta de algunos activos brasileños.
La subsidiaria con sede en Mendoza, Argentina, conocida como Impsa, traspasó la propiedad de la unidad brasileña, Wind Power Energia SA, conocida como WPE, a Venti en la reorganización. Las empresas garantizan ahora conjuntamente los bonos, que vencen en 2020.
El año pasado, el director de operaciones, Lucas Pescarmona, dijo a los inversores que Impsa trasladaría su oficina central a Luxemburgo para presentar a la compañía como una firma global, contribuyendo así a disipar los riesgos que pudieran percibirse a raíz de la asociación con Argentina. Después de su reelección en 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reforzó los controles de capitales y nacionalizó al productor petrolero YPF SA.
Venezuela, que según estimaciones de Morgan Stanley, tiene atrasos por unos US$13.000 millones con los importadores y proveedores de servicios, representa 76 por ciento de las cuentas a cobrar de Impsa, dijo la empresa en un informe de ganancias el 30 de junio. El productor petrolero ha enfrentado déficits en medio de una inflación anual de 63 por ciento, lo cual plantea dudas en cuanto a su capacidad para pagar su deuda externa.
Corpoelec SA de Venezuela debe a Venti unos US$500 millones y acordó pagar US$60 millones en tres tramos con vencimiento en julio, agosto y septiembre, según John Haugh, analista corporativo en Mizuho Securities Co.
