Eran cifras que se esperaban hace tiempo, pero no fue sino hasta ayer que la Superintendencia de Pensiones (SP) reveló la magnitud del daño generado por el Caso Cascada en el sistema previsional. Hasta ayer, algunas AFP como Habitat y Capital habían hecho sus propios cálculos (US$ 12 millones y US$ 7 millones) en el contexto de las acciones legales que efectuaron contra los responsables del esquema detectado por la SVS, sin embargo, hoy ya hay números consolidados.
En suma, las AFP reportaron perjuicios en torno a los US$ 31 millones. Sin embargo, esa cifra para la SP es sólo el piso de un rango que llega hasta los US$ 44 millones. A nivel agregado, el detalle lo aportó Ciper con las estimaciones de cada administradora y revelando el misterio que pesaba sobre Cuprum y Provida. Cada una calculó un perjuicio de US$ 7,7 millones y US$ 5 millones, respectivamente; mientras que Planvital y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) no reportaron daños.
En conversación con El Mostrador Mercados, Tamara Agnic, titular de la SP, explica la razón de las diferencias entre esos US$ 31 millones y US$ 44 millones, pues las cifras a las que llega el regulador no son las que detallaron las AFP. Por tanto, ¿cómo se llega a ese techo? ¿Qué otros factores consideraron?
“Estamos terminando un informe que es bastante completo. Tiene aproximadamente 90 páginas, las que están en última etapa de revisión por parte de la Fiscalía de la Superintendencia. En este documento están los detalles de las metodologías utilizadas. Sin embargo, lo importante es señalar que estos son números referenciales, por eso es que para nosotros es muy importante no señalar una cifra exclusiva, sino que hay un valor intermedio que, dependiendo de la metodología, es la suma de las pérdidas. Como no somos el organismo encargado de definir cuál es el perjuicio real de los fondos de pensiones, sino que los tribunales de justicia, debemos ser muy cautelosos en definir que este es un valor referencial”, señaló la superintendenta.
-¿Cuáles son las diferencias en esas metodologías?
-Estas no son operaciones del momento presente, sino que corresponden a un tiempo en el pasado y en el cual cada AFP tenía posiciones distintas en sus diferentes fondos a las que actualmente tienen. Cada uno de estos fondos, además, tenía una cantidad de instrumentos diferenciados, lo cual es importante para ir cotejando esos antecedentes con la información que nosotros teníamos del mercado en ese momento, cuando ocurrieron los hechos.
-En su análisis, ¿consideran la inversión que indirectamente tienen las AFP en otros vehículos financieros invertidos en la cascada, como Pionero? Esto podría explicar las diferencias de cálculo…
-No. La diferencia en las metodologías también puede estar dada por los eventuales dividendos que se pudieron haber recibido, lo cual también es hipotético. En todo caso, si se deben o no considerar los dividendos que se dejaron de percibir, son los tribunales de justicia (los que deben hacerlo) y no la Superintendencia de Pensiones.
–Ciper ayer entregó el detalle del perjuicio de cada una de las AFP, pero también informó que la SP no estaba haciendo un análisis propio. ¿Es así?
-La Superintendencia de Pensiones no ha sido un buzón. No hemos sido una calculadora de las cifras que nos han entregado las AFP. Les hemos dado un importante valor agregado, no sólo al combinar la información que nos han entregado las AFP, sino al sumar estos números con las propias fiscalizaciones e informaciones recogidas a través de esta Superintendencia.
Es por esto que hablamos de un rango. Si hubiésemos sido una simple calculadora, era suficiente con sumar el valor que nos dio cada administradora. Hemos hecho muchísimo más que eso, hemos cotejado la metodología y los criterios utilizados por las AFP con nuestras propias metodologías y criterios que, a nuestro juicio, es importante tener en consideración para efectos de cuantificar las pérdidas.
-Más allá del rango, la defensa de los involucrados en el caso, como Julio Ponce, se ha nutrido de antecedentes que desestiman el perjuicio a las AFP. Por ejemplo, ha citado el hecho de que el año pasado el fiscal de la SP dijera, ante la Comisión de Trabajo del Senado, que no se habían visto perjuicios para el sistema. Además, Ponce encargó un estudio a la consultora Montblanc que dice que tres AFP, entre 2007 y 2011, ganaron cerca de US$ 50 millones. ¿Con esto queda claro que hubo un perjuicio al sistema?
-Sí, por supuesto. Lo que estamos definiendo acá es un rango de pérdida o daño, que no necesariamente será igual al que determinen los tribunales de justicia. Ahora, ¿por qué en algún minuto se pudo haber dicho que no se sabía de la existencia de daños? Porque no teníamos un fallo de la SVS. Sin el fallo de este organismo, para la SP era imposible saber si había o no un daño, al no saber existía una falta en el mercado de valores. Sólo a través de la SVS, al constatar la existencia de un esquema para defraudar al mercado, es que nosotros podemos empezar a construir la información de las pérdidas ocasionadas a los fondos de pensiones.
-¿Cuándo debe estar lista esta investigación?
-Estamos en lo última etapa, donde no estamos afinando las cifras, sino temas administrativos y jurídicos.
-¿Qué harán con esa información?
-Estará disponible para las distintas instancias que la requieran, como la comisión investigadora u organismos judiciales.
-Finalmente, el caso ha abierto la discusión respecto de los regímenes de inversión que pesan sobre las AFP. ¿El caso ha revelado un vacío respecto de las políticas de inversión de las administradoras?
-Cuando suceden este tipo de casos, es frecuente que aparezcan generales después de la batalla. Sin perjuicio de ello, ha habido avances al respecto y las AFP también han ido avanzando. Hoy existen evaluaciones más profundas respecto de los gobiernos corporativos de las compañías donde se invertirían. En todo caso, este organismo está en permanente monitoreo de si acaso es necesario hacer cambios en los regímenes de inversión de las AFP, sin embargo, cualquier cambio al respecto por esta materia, requerirá no sólo un trabajo por parte de esta Superintendencia, sino una coordinación con otros organismos, como la SVS.
El próximo paso de las AFP
En sus respuestas a la Superintendencia de Pensiones, varias administradoras explicitaron que sus cálculos eran preliminares, por lo que podrían ser mayores dependiendo de las distintas metodologías a utilizar. Si bien las AFP aún se encuentran barajando estas cifras, una razón para considerar sólo números preliminares es que no todas han presentado acciones legales contra los sancionados del caso. Por ello es que los datos se darían a conocer sólo una vez que acudan a la justicia.
Por otro lado, la Asociación de AFP no quedó ajena a la información provista por la SP. Ayer, su gerente general, Francisco Margozzini, expuso a través de un comunicado que “si bien los recursos comprometidos corresponden a menos de 0,03% del fondo bajo administración, ello no es un pedimento para seguir adelante con las gestiones legales para recuperar cada peso comprometido en este asunto. Las AFP cumplen la ley, y ésta indica que los administradores fiduciarios deben utilizar todos los elementos legales para defender los intereses de los trabajadores, y así lo confirman las acciones legales interpuestas ante la justicia”.
