Los coletazos del Caso Cascada siguen sintiéndose a lo largo y ancho del mercado de capitales chileno.
Ayer eso se vio reflejado en el nuevo documento que la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) puso a consulta para regular los conflictos de interés de la industria.
El documento es mucho más robusto del que se esperaba. La plaza capitalina puso en consulta una norma que consolida las últimas modificaciones que se han efectuado en el mercado en un único manual de obligaciones y derechos de los corredores, el cual trajo consigo varias sorpresas.
Sobre la base de las propuestas que en junio presentó el Comité de Buenas Prácticas y, asimismo, las 24 propuestas que en mayo hizo el presidente de la institución, Juan Andrés Camus, la entidad presentó un mix que, por un lado, flexibiliza algunos puntos que originalmente propuso el Comité, pero es más estricto en otros aspectos. El ejemplo más claro de esto último son las nuevas obligaciones de información que tendrán las intermediarias, con la amenaza de verse sancionadas en caso de incumplimientos.
De partida, las corredoras deberán informar mensualmente todas las operaciones forwards vigentes al cierre de cada mes, incluyendo las realizadas por cuenta propia y personas o empresas relacionadas, además del detalle por clientes de estas operaciones efectuadas mediante empresas relacionadas a la corredora o a su grupo empresarial, a pesar de que la sociedad en cuestión no sea supervisada por la SVS.
Al mismo tiempo, las intermediarias tendrán que reportar el detalle de toda adquisición, enajenación o préstamo de acciones que los apoderados, operadores y empleados hayan realizado durante un mes, en rueda o fuera de rueda, incluyendo sus operaciones simultáneas.
Esto no es todo. Además de informar semanalmente las operaciones de pactos vigentes a la Bolsa, los corredores deberán reportar todos los días sus operaciones por cuenta propia, además de las efectuadas por sus socios, incluyendo sus operaciones en otras bolsas del país. Y, adicionalmente, tendrán que detallar todas las cuentas y/o documentos por cobrar a clientes, indicando los montos respectivos.
Si bien cada uno de estos antecedentes tiene plazos distintos, de haber incumplimientos se estipulan sanciones que van desde las UF 0,5 por una primera infracción ($12.224), a UF 5 por cada una, si hay más de tres ($122 mil, por cada incumplimiento). La sanción no sería sólo económica, pues mensualmente la Bolsa publicará en su web, y en sus terminales, el monto de las multas aplicadas a cada corredor. Serán las áreas de seguimiento de mercado y la de auditoría de corredores las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones.
En el entorno de la entidad explican que el contexto detrás de estas iniciativas descansa sobre la base de que la falta de un ejecutivo es tan grave como la de una corredora, por tanto, la única forma de anteponer intereses particulares al de los clientes es “hacerlos entregar la información de sus intereses, que no es otra cosa que sus posiciones propias”.
Capítulo aparte para los conflictos de interés
Más de un año tuvo que pasar para que la Bolsa de Comercio de Santiago presentara al mercado estas propuestas. El 22 de octubre de 2013, en un contexto marcado por las primeras formulaciones que hizo la SVS en el Caso Cascada, Enrique Barros, presidente del Comité de Buenas Prácticas, sostuvo que trabajarían en una norma para paliar los conflictos de interés.
El resultado de este trabajo se presentó en junio. Se recogieron opiniones de la industria y del propio directorio para presentar un segundo avance. Hubo ajustes, por ejemplo, en un principio se consideró que la cartera propia de las corredoras se informara diariamente en sus respectivas páginas web, sin embargo, finalmente se fijó una periodicidad mensual. Ahora, el directorio juntó estas propuestas con las hechas por Camus, presentando una propuesta definitiva.
Algunos cambios pasaron por ciertas flexibilidades. La principal fue eliminar la obligación de las corredoras de efectuar provisiones de fondos, otorgar garantías y acreditar titularidad en operaciones por cuenta propia. Esto, porque –según explicaron desde la entidad– ya existen parámetros (índices) para acotar estos riesgos, como los de liquidez y solvencia que fiscaliza la SVS.
Además, se suprimió la obligación de que los socios de una corredora publiquen sus posiciones en la página web del corredor de bolsa a más tardar el último día hábil de cada mes. En cambio, la corredora de bolsa deberá establecer controles que le permitan contar con esta información, pero ésta estará a disposición de la Bolsa o la SVS de ser requerida.
Y también se eliminaron artículos que tenían relación con la prohibición de los corredores de efectuar una rotación abusiva de cartera (churning) o la realización de transacciones anticipadas a la orden de un cliente (front running). Este cambio, sin embargo, pasa más por la forma que por el fondo, pues estas obligaciones están contenidas en el documento, pero en artículos distintos. La regulación de la intermediaria es sobre lo que “debe” hacer, por tanto, “no parece razonable regular las ‘faltas’”, explican en el entorno de la Bolsa.
Por el otro lado, se añadieron varias especificaciones en los artículos que se pronunciaban sobre los conflictos que pesan sobre áreas como las de finanzas corporativas y de research. En el primer caso, por ejemplo, la corredora de bolsa deberá establecer procedimientos y controles “tendientes a evitar el ofrecimiento discriminatorio de operaciones de colocación o financiamiento a sus personas relacionadas, y la asesoría de forma sesgada o maliciosa a uno o más clientes, en una transacción en la que el corredor de bolsa tenga un interés particular”. En cuanto a los informes de inversión, se añadieron disposiciones para que la intermediaria evite “la emisión de juicios sesgados o con la intención maliciosa de obtener un beneficio no pactado”.
El resto, en términos generales, se mantuvo acorde a los avances que el mercado conoció en septiembre, incluyendo la obligación de que las intermediarias elaboren perfiles de sus clientes, adecuando sus recomendaciones en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, entre otras variables.
La norma que no fue de la SVS
La iniciativa de la Bolsa viene a llenar un vacío que la SVS supuestamente llenaría hace rato. En 2011, el ex titular del organismo regulador, Fernando Coloma, anticipó que habría una norma que frenaría los conflictos de interés de los corredores, con la cual se transparentaría la cartera propia.
Esa iniciativa tomó tiempo y en octubre de 2013 se puso en consulta. Su emisión, hasta la fecha, no se ha materializado y no se sabe cómo conversará esta norma con la de la Bolsa. Según se dispone en la iniciativa puesta en consulta ayer –cuya aprobación depende posteriormente de la SVS– será el área de auditoría de corredores de la Bolsa la encargada de velar por el cumplimiento de estas disposiciones, sin menciones a la labor del regulador del mercado.
