Como pocas veces ha ocurrido en este gobierno, La Moneda obtuvo de la derecha los votos suficientes para lograr la aprobación del reajuste del salario a los trabajadores del sector público.
Parecía una contradicción vital ver cómo algunos diputados de la DC rechazaban la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, mientras parlamentarios de la oposición aportaban con su voto a aprobar el proyecto, defendiendo, de paso, la decisión del gobierno.
Sin embargo, la historia tuvo un momento más álgido en la Comisión de Hacienda, donde se votó y aprobó el proyecto. En ella, los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric –junto a los PC Camila Vallejo y Daniel Núñez, los DC Juan Morano y Víctor Torres, y los PPD Tucapel Jiménez y Pepe Auth, como asimismo el PS Osvaldo Andrade, y Sergio Aguiló, de la Izquierda Ciudadana– presentaron una indicación para que el reajuste de las remuneraciones del sector público para el año 2015 no beneficiara a las más altas autoridades del Estado, entre ellas, “los funcionarios con el grado A, B y C”, que corresponden, en este caso, a la Presidenta Michelle Bachelet, los Ministros de Estado, senadores, diputados y subsecretarios.
Sin embargo, la Comisión de Hacienda determinó que la propuesta era “inadmisible”, por lo cual no fue acogida a trámite.
La referida indicación provocó la crítica generalizada de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, quienes consideraron poco serio el planteamiento de los jóvenes diputados.
“Si se aprueba indicación para que no suban sueldos más altos con reajustes, presidenta, ministros, parlamentarios, subsecretarios, ahorraríamos 2 millones de dólares”, declaró Boric vía Twitter. Además, sostuvo que el “doble estándar es escandaloso. Acaban de rechazar admisibilidad de indicación para que reajuste no nos suba el sueldo a nosotros mismos. Mal”.
Tras la votación, Boric declaró que la decisión de la Comisión era “escandalosa”.
El objetivo de esta indicación apuntaba a que los ingresos percibidos por estas autoridades públicas están muy por encima del promedio de ingresos de los trabajadores a nivel nacional y, en general, de los demás funcionarios públicos.
Por ejemplo, con un reajuste del 6% nominal, propuesto ayer, el sueldo de la Presidenta aumentaría en $591.527 brutos mensualmente, el de un parlamentario o ministro lo haría en $ 507.023, y el de los subsecretarios en $ 422.519. Esto sin descontar el efecto de la inflación que en el acumulado llega a 5%.
El reajuste se aplicará a partir del 1 de diciembre de 2014.
Dicho reajuste, además, tuvo como condimento las críticas de la Anef (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) al acuerdo que alcanzó la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) con el gobierno antes de enviar la propuesta al Congreso.
Con todo, el ministro Arenas resaltó que la iniciativa considera reajustes adicionales en otras materias, que beneficiarán especialmente a los funcionarios públicos con rentas más bajas.
Destacó, además, la bonificación de nivelación para que auxiliares, administrativos y técnicos reciban al menos una remuneración bruta mensual de $ 310.000, $ 345.000 y $ 367.000, respectivamente, además de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, y los bonos de vacaciones y de acuerdo.
“De manera que hay un aumento significativo de beneficios que se les están otorgando a los funcionarios del sector público”, enfatizó.
