Muchas vallas tenía que pasar el Ministerio Público antes de concentrarse en los involucrados directos del Caso Cascada. Tras haber despejado las acusaciones por prevaricación en contra de personeros de la SVS y haber desestimado la “campaña orquestada” que habría dirigido Moneda contra las matrices de SQM, ahora la Fiscalía dio pasos concretos respecto de investigaciones sobre los ejecutivos de la famosa cascada.
Si bien aún se mantiene investigando la “querella madre” del Caso Cascada –que dice relación con la arista penal del “esquema estructurado” detectado por la SVS y que tiene como partes interesadas a Habitat y Moneda, que ven ilícitos como información privilegiada, entre otros–, la Fiscalía ayer formalizó a Aldo Motta, ejecutivo del círculo de hierro que se desempeña en varias gerencias de la cascada, por entrega de información maliciosamente falsa al mercado.
La Fiscalía Centro Norte solicitó al tribunal el arraigo nacional contra Motta, medida que terminó siendo acogida y que le impedirá al ejecutivo salir del país durante los próximos tres meses.
Asimismo, José Morales, fiscal a cargo del caso, formalizó a la abogada Claudia Morales –quien se desempeña como fiscal de estas compañías–, por haber sido cómplice de las imputaciones contra Motta, permitiendo la reelaboración de actas de directorio con información falsa, reemplazando escritos originales.
“Con esta conducta los imputados no sólo afectaron gravemente la veracidad de la información existente en relación con estos Emisores de Valores de Oferta Pública en el mercado y su transparencia, sino que además dificultaron la acción fiscalizadora de la Superintendencia”, informó al respecto el Ministerio Público.
El objetivo de la falsificación de documentos habría sido “encubrir la participación de Motta en la denominada Operación Linzor”, misma que en 2011 le reportó abultadas utilidades contables que posteriormente la SVS ordenó revertir (reversar).
“Precisamente, mediante la información falsa incorporada a las actas y cuyas copias fueron entregadas por los imputados a la Superintendencia, la administración de las sociedades Oro Blanco y Pampa Calichera habrían buscado representar ante el órgano fiscalizador, ante los accionistas y el mercado en general, que la Operación Linzor habría sido puesta oportunamente en conocimiento y aprobación de los respectivos directorios”, comunicó el Ministerio Público.
Según informó ayer Morales, la Fiscalía seguirá hurgando sobre la materia, citando a Ponce y familiares que ocupan posiciones en los directorios de la cascada.
La posición de Motta resulta algo incierta. Si bien en el mercado explican que con esta formalización no se vería obligado a dejar las gerencias que ocupa en la cascada, sí podría verse forzado en caso de ser condenado.
Cabe recordar que sigue la investigación por la pérdida en la SVS de un juego de copias de actas de directorio de una de las sociedades cascada, lo que podría involucrar delitos cometidos por empleados públicos.
