De dulce y agraz tuvo el resultado de la investigación efectuada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto de las denuncias por un presunto abuso de posición dominante por parte de la Bolsa de Santiago.
Es que tuvieron que pasar dos años y cinco meses para llegar a un diagnóstico que tanto la Bolsa Electrónica como su par de Valparaíso compartían y que dice relación con el hecho de que el mercado accionario en Chile se encuentra fragmentado y, por tanto, los inversionistas no obtienen sus órdenes a los mejores precios vigentes. Sin embargo, pese a estar de acuerdo con dicha visión, la FNE determinó que no por ello la plaza capitalina ejerce un abuso contra sus competidores, en virtud de que abarca más del 96% de participación.
“La FNE pateó la pelota al córner”, fue la lectura de algunas partes interesadas en esta causa, pues la institución dejó, en algún grado, contentos a todos, pero no resolvió el problema de fondo al acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que inicie un Expediente de Recomendación Normativa para avanzar en las mejoras que requieren las bolsas del país, decisión que supone otro proceso largo de análisis y que posterga decisiones respecto de una investigación que ya tomó 29 meses y que en su última etapa conoció de la inhabilidad de Felipe Irarrázabal, titular de la FNE.
Con este escenario, las bolsas sacaron sus cuentas. Entre las “alegres”, se contaban las de la plaza capitalina, presidida por Juan Andrés Camus, quien a través de un comunicado de prensa sostuvo: “Es muy satisfactorio que la FNE haya comprobado que no hay ninguna conducta de la Bolsa de Comercio de Santiago que pueda ser determinada o calificada como contraria a la libre competencia, lo que ratifica su estricto apego a las normas vigentes, tanto a la ley de Mercado de Valores como a la libre competencia”, a la luz del supuesto abuso de posición dominante que perseguía la FNE.
La Bolsa Electrónica (BEC) valoró la decisión de la FNE, considerando que apunta a una de las demandas que comparte con la Bolsa porteña: “Instaurar un procedimiento de calce vinculante, automático e instantáneo de las operaciones inter-bolsas”, es decir, una integración tecnológica a través de la cual las transacciones de las tres bolsas se calcen simultáneamente y en forma vinculante. Fernando Cañas, presidente de la BEC, sostuvo a través de un comunicado de prensa lo siguiente: “Desde su fundación, la Bolsa Electrónica se ha preocupado de fomentar la transparencia, la competitividad, el desarrollo del mercado de valores y la interconexión de las bolsas en tiempo real y vinculante (…). La solicitud de la Fiscalía Nacional Económica es un paso trascendental en esta dirección, porque apunta a perfeccionar la normativa de este mercado”.
Los que no quedaron conformes fueron los representantes de la Bolsa de Valparaíso. Su gerente general, Arie Gelfenstein, en conversación con El Mostrador Mercados, afirmó: “Se ha reconocido lo que por tantos años la Bolsa de Valparaíso ha venido reclamando, pero la solución que han sugerido es pésima, porque tomará mucho tiempo en aplicarse, lo cual juega a favor de unos pocos que tienen el monopolio de este mercado en perjuicio de los inversionistas. Las conclusiones que ellos sacaron nos dejan conformes, pero la forma de resolver el conflicto no pasa por hacer una ley, que por lo demás ya está hecha y que dice relacióm con que las órdenes tienen que hacerse al mejor precio de mercado, entonces es como escribir sobre lo que ya está escrito. Creo que faltó decisión”.
El largo proceso de la FNE
En mayo de 2012, un grupo de diputados la Nueva Mayoría, encabezados por el DC José Miguel Ortiz, presentó la denuncia a la FNE. “Las operaciones de compra y venta de instrumentos financieros no siempre se realizan al mejor precio del mercado, que es la suma de todas las ofertas de compra y venta del país, y no al mejor precio de una bolsa en particular”, rezaba el documento.
Luego, en octubre del mismo año, la FNE inició un proceso al respecto con tal de revisar si el mercado estaba cumpliendo las disposiciones adoptadas por la Comisión Resolutiva Antimonopolio de 2000 y 2002, entidad que calificó como “perniciosa” la concentración de mercado que ejercía la plaza capitalina, entonces muy similar a la actual (96%), lo cual se tradujo en que la SVS solicitara que las bolsas acordaran un protocolo de intercambio de información, el que se formalizó en 2005.
En medio de ese proceso, las bolsas comenzaban a enfrentarse públicamente. Un informe encargado por la BEC al economista Alexander Galétovic desató el debate tras conocerse en 2013, pues sus conclusiones apuntaban a que había prácticas anticompetitivas por parte de la BCS, ya que en sus sistemas las ofertas interbolsas se trataban de un modo distinto a aquellas emanadas desde sus propios sistemas. A su juicio, el mercado estaba fragmentado y tenía que unificarse por el bien de los inversionistas, considerando las diferencias de precios que había en un mercado y otro.
En 2014, José Antonio Martínez, gerente general de la BCS, refutó dicha tesis, calificando dicho documento como “sesgado” e “interesado”, puesto que, según afirmó, los sistemas de interconexión de las bolsas estaban aprobados por la propia SVS, que por factores técnicos es que las ofertas interbolsas no podían ser vinculantes y que el hecho de que casi la totalidad de las operaciones de la BEC fueran operaciones (OD) era el factor que explicaba las diferencias en los precios que vio Galétovic.
La pelea se judicializó cuando, en abril de 2014, la Bolsa de Valparaíso presentó una demanda por “competencia desleal e indemnización de perjuicios” en contra de la BEC y la BCS, pese a que la primera de éstas compartía el diagnóstico de la demandante. Según la plaza porteña, el origen de dicha situación se gestó por los efectos que produjo el cierre de la Bolsa en 1983, lo cual afectó su participación de mercado, agudizándose cuando en 1999 la BCS comenzó a cobrar peajes de 0,5% para las transacciones interbolsas.
En noviembre de ese año, Felipe Irarrázabal opta por inhabilitarse de la investigación –por razones que aún no son conocidas–, siendo asumida por el subfiscal Mario Ybar para, finalmente, acudir el pasado viernes al TDLC con un informe de 42 páginas que, en términos generales, coincide con la visión de Galétovic respecto de la fragmentación que hay en el mercado. La diferencia es que el economista se tomó semanas en investigar el asunto, mientras la FNE cerca de dos años y medio.
Entre sus propuestas, la FNE sostuvo que es necesario modificar la Ley de Mercado de Valores con el fin de que las tres bolsas se interconecten, con sistemas con calces vinculantes, automáticos e instantáneos, y que se desmutualice.
