Julio Ponce Lerou parece tener clarísimo que la contabilidad de Soquimich entre los años 2009 y 2014 podría resultar mucho más complicada para él y su círculo cercano que la investigación de la SVS por el Caso Cascada, que resultó en una multa de US$ 70 millones.
El controlador de SQM está moviendo todas sus fichas para evitar entregar los documentos, una estrategia que sugiere que él sabe que se estaría cruzando el Rubicón si se ve obligado a abrir sus archivos.
Hace un par de semanas se dio a conocer que la Fiscalía investiga a 19 personas que, en julio de 2009, emitieron boletas de honorarios por más de un millón de pesos a SQM. Entre ellas, varios políticos.
Ulteriormente, El Mostrador tuvo acceso a boletas de 2010 y ahí se encontraron 39 de ellas ligadas a campañas políticas de la derecha y la Nueva Mayoría.
Fuentes muy cercanas a la investigación afirman que la contabilidad a la cual la Fiscalía pide tener acceso revelaría una vasta relación entre la empresa de Ponce y númerosos políticos de ambas tendencias e, incluso, se habla de que salpicaría directamente a La Moneda.
El viernes, el gerente general de SQM, Patricio Contesse, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que Fiscalía investigue a la compañía, esto después que el Octavo Juzgado de Garantía determinara la legalidad de la solicitud realizada por el Ministerio Público.
Al mismo tiempo que el referido Juzgado denegaba la solicitud de Contesse, el directorio se encontraba reunido en una sesión “extraordinaria”, cuyo objetivo era precisamente analizar la solicitud de la Fiscalía.
Finalmente, la resolución fue mantener la disposición de colaboración, pero sólo en el papel, ya que se optó por acudir a un organismo independiente, a efectos de que genere un informe que se determine la legalidad de la petición de la Fiscalía, y posponer la decisión hasta hoy lunes.
Contesse forma parte del círculo de hierro de Ponce y, según afirman quienes los conocen, todas sus acciones han sido con el conocimiento del presidente del directorio de SQM.
Hoy Ponce presidirá un directorio completamente quebrado acerca de cómo responder a la petición. José María Eyzaguirre, abogado y director, renunció al Comité Ad Hoc constituido para estudiar la petición, mientras que los representantes de Potash en la mesa se oponen a dilatar el pedido de la Fiscalía. Ponce cuenta con el apoyo de los próceres de la UDI en el directorio, Juan Antonio Guzmán y Hernán Büchi, así como del hijo de Contesse.
El Mostrador Mercados tiene entendido que Darío Calderón estaría jugando un rol clave como asesor. Es un antiguo amigo del empresario y, además, tiene redes profundas en el Poder Judicial y la Nueva Mayoría.
Ponce está apostando, explican fuentes cercanas al caso, a "comprar tiempo" aprovechando la decisión del SII de buscar una salida administrativa a toda la crisis sobre boletas falsas para financiar campañas. Eso le permitiría controlar lo que eventualmente libere a las autoridades. Asimismo, en La Moneda estarían al tanto de la estrategia, apunta la misma fuente, y no es menor –añade– que el abobado de Contesse, Samuel Donoso, sea cercano al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo.
Donoso, quien en los inicios de El Mostrador fue socio minoritario, es una permanente carta del PPD para diferentes cargos de Gobierno. Fue propuesto como subsecretario del Interior para reemplazar a Felipe Harboe en el primer mandato de Bachelet, y también ha sido candidato para la Intendencia Metropolitana y la subsecretaría de Justicia.
El flanco al que se expone PCS
A pesar de que este medio no pudo averiguar las razones de la posición de los representantes de Potash en SQM, su intención por entregar todo lo necesario a la Fiscalía tal vez pueda entenderse por la estricta regulación que pesa sobre los canadienses.
Eventualmente, SQM podría exponerse a incurrir en infracciones a regulaciones en mercados como el de EE.UU. y Canadá. Siendo una compañía listada en Wall Street, está sujeta a normas que rigen para financiamientos de campañas políticas, las cuales son reguladas tanto por el Departamento de Justicia del país norteamericano como por la SEC, símil de la SVS en Chile.
La Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), de 1977, se aplica a cualquier persona o compañía con algún grado de conexión con EE.UU. y establece una serie de códigos que obligan a las empresas a desarrollar políticas corporativas al respecto. Esta ley la replica Canadá a través de la CFPOA, de 1999.
