Hace poco más de una semana, el Fiscal Regional de O'Higgins, Luis Toledo, requirió al Palacio de La Moneda el computador personal, el teléfono celular y los correos electrónicos del ex director de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos, en el marco del caso Caval.
Así lo confirmaron a El Mostrador fuentes ligadas al caso que involucra al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet y su esposa en la compra de tres terrenos a través de la empresa Caval –cuya propietaria en un 50% es la referida nuera de la Mandataria–, en la comuna de Machalí, VI Región.
La compra fue financiada a través de un millonario crédito bancario otorgado por el Banco de Chile, después que Dávalos y su esposa se reunieran personalmente con el vicepresidente de la entidad bancaria, Andrónico Luksic, el 6 de noviembre de 2013. Cabe recordar que, en aquel momento, Dávalos Bachelet ocupaba el cargo de gerente de proyectos de Caval.
La diligencia, fue realizado por personal del OS9 de Carabineros, pero no asistió Toledo personalmente. El material requerido ya está siendo analizado.
Anteriormente, el 4 de marzo, la Fiscalía había incautado lo computadores del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet y de su esposa Natalia Compagnon, en su residencia en La Reina.
A esto se suma la solicitud por parte de la Fiscalía al Banco de Chile de los antecedentes bancarios de cinco personas ligadas a la empresa Caval, entre los que se cuentan Dávalos y Compagnon. La indagatoria, que ya fue cumplida por el banco, busca recopilar antecedentes sobre los productos bancarios que mantiene la pareja en su estatus de clientes, en vista de que fue el mismo banco el que les otorgó el crédito por $6.500 millones, que le permitió a Caval adquirir los terrenos que luego vendió en $9.500 millones al empresario de la zona Hugo Silva, quien actualmente analiza tomar acciones legales contra la empresa.
Entre otras indagatorias, la Fiscalía también solicitó las copias de los videos de las cámaras de seguridad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, tras recibir una denuncia que señalaba que la intendenta Morín Contreras había realizado gestiones para acelerar la inscripción de los terrenos a nombre de Hugo Silva, lo que fue desmentido por la autoridad regional.
