El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristián Vargas, respondió esta tarde a la solicitud del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, que pidió a la entidad la información contable entregada esta semana por la empresa minera Soquimich y que es útil para la investigación que el equipo del Ministerio Público lleva adelante por supuestos delitos tributarios en los que estarían asociados aportes irregulares a campañas políticas, entre los que no se descarta que haya parlamentarios oficialistas, a partir de los antecedentes que maneja la Fiscalía respecto de julio de 2009 y que vinculan al senador Fulvio Rossi, el diputado Roberto León y a Joaquín Lavín.
Aunque no se trata de una comunicación oficial, para la que el Servicio tiene 48 horas a partir de hoy, el abogado Cristián Vargas aseguró a Radio ADN que “vamos a entregar a la Fiscalía toda la información que requieran para la investigación que están realizando”. Además, Vargas se refirió a las criticas que han caído sobre la institución por una supuesta demora en ejercer acciones penales en contra de la empresa minera. “El Servicio no puede actuar con antecedentes incompletos o precarios, nosotros jamás hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones, el Servicio no actúa para la galería”, aclaró.
El Fiscal Nacional –una vez que el Tribunal Constitucional, a petición del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, ordenara suspender por al menos una semana “las medidas intrusivas” en esta investigación y con esto sepultar la orden de allanamiento que se había solicitado al Octavo Juzgado del Crimen– encontró una alternativa para obtener los datos en el artículo 19 del Código Penal, que ordena la entrega de información desde otras instituciones.
Por otra parte, la compañía minera canadiense Potash, que comparte la propiedad de SQM con el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, aclaró en un comunicado –desde su oficina central en Toronto– las razones por las que sus tres directores renunciaron esta mañana al gobierno corporativo de la empresa. Según consigna Emol, la renuncia del vicepresidente Wayne Brownlee y de los directores Andrés Montero y José María Eyzaguirre, que los representaban, ocurrió porque ellos exigieron “una investigación exhaustiva, transparente e independiente de la empresa” y la mayoría de los directores se negó a ello.
Por eso la compañía canadiense cree que “ha quedado claro que debido a nuestra posición minoritaria y disidente no podemos asegurar una investigación apropiada dentro de la empresa ni que SQM colabore de forma efectiva con la Fiscalía”.
