Era fines de 2013 y la cascada sobre SQM buscaba capitalizarse tras haber sufrido las duras consecuencias que produjo el quiebre del cartel europeo del potasio, situación que motivó a Julio Ponce a inyectar nuevos recursos en Norte Grande y Oro Blanco, así como fusionar algunas de estas sociedades.
Sólo se cumplió lo primero, una vez que Norte Grande se capitalizó con US$92 millones y Oro Blanco hizo lo propio con US$120 millones, con el objetivo de saldar un bono por US$100 millones que esta última sociedad había emitido en EE.UU. en 2009. Dicha operación fue finalmente aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), pese a la resistencia de los accionistas minoritarios, quienes no entendían cómo el regulador aprobaba un proceso financiero en medio de los cuestionamientos y la falta de confianza que despertaban los balances de la cascada.
La SVS aprobó la operación, pero advirtiendo un hecho que finalmente se concretó ayer. A fines de 2013, el regulador pidió a la cascada que considerara como antecedente para estos aumentos de capital la posibilidad de que, de confirmarse los cargos que entonces pesaban sobre Julio Ponce y compañía, Pampa Calichera –una de las sociedades con que el empresario es dueño del 32% de SQM– podría sufrir una reversion de utilidades cercana a los US$110 millones.
Ese fue el contexto precedente de la decisión que ayer tomó la autoridad del mercado y que supone un nuevo golpe para Ponce Lerou, en momentos cuando SQM está en el ojo del huracán por boletas presuntamente falsas que habrían tenido como destino el financiamiento de campañas políticas.
La decisión del regulador, al mismo tiempo, significa para los minoritarios “una confirmación del criterio técnico que establece que las utilidades de estas sociedades eran artificiales”, como sostienen algunos, razón que incluso enriquece la investigación penal encabezada por el fiscal José Morales, de la cual se espera que considere esta última reversion de ganancias.
Los detalles de la decisión de Pavez
La entidad que dirige Carlos Pavez informó a la sociedad Pampa Calichera –que maneja el 20% de la propiedad de Soquimich y es la última sociedad (la más cercana) en la cadena de control de la minera–, que deberá echar pie atrás en la inclusión de un tercio de las ganancias acumuladas que registró para el ejercicio 2014.
Se trata de US$108 millones que fueron incluidos en los US$333,8 millones de utilidades acumuladas en el ejercicio de 2014 que no corren. Aún se desconoce el impacto en las ganancias netas de Pampa. Al respecto, cabe señalar que, a diciembre del año pasado, anotó utilidades netas de US$53,4 millones, menos de la mitad de los US$ 115,9 millones obtenidos en 2013.
Las transacciones cuestionadas por la SVS, en su efecto contable para Pampa, corresponden a la compra de 3,2 millones de acciones SQM-B a fines de diciembre de 2009 a Citigroup y una sociedad de Roberto Guzmán, Inversiones del Parque. Dos días después, ambas contrapartes le compran gran cantidad de las acciones de vuelta a Pampa, pero a un precio mayor.
Operaciones de similares características y con contrapartes idénticas se repiten en condiciones similares en marzo y abril de 2010. En ese caso incluyen 1,89 millones de acciones SQM-B en marzo de 2010 y otras 960 mil acciones en abril de ese año.
Las transacciones fueron intermediadas por Banchile y en algunos casos por LarrainVial y forman parte del esquema denunciado por la SVS en septiembre de 2013, cuando formuló cargos contra Julio Ponce, Roberto Guzmán y Aldo Motta, entre otros.
Sin embargo, y aunque Ponce, Guzmán, Motta, además de Banchile y el ex ejecutivo de esta compañía, Cristián Araya, fueron sancionados en septiembre de 2014 por su rol en las distintas fases del esquema de Ponce, la SVS no multó a Araya, Banchile y Citigroup por las operaciones de diciembre de 2009 y marzo de 2010, pues estaban caducas.
Justamente, la ausencia de dichas operaciones en la resolución sancionatoria del 2 de septiembre de 2014 llevó a que Pampa Calichera y su auditor PwC indicaran, en la nota 26 de sus estados financieros publicados el martes de la semana pasada, que dicha resolución “no incluye estas operaciones”.
Ahora Pampa deberá corregir sus estados financieros en un plazo máximo de cinco días hábiles, aunque se prevé que la entidad controlada por la sociedad cascada Oro Blanco –que a su vez es controlada por Norte Grande y ésta por sociedades de Julio Ponce– apele administrativamente y eventualmente acuda a tribunales para intentar revertir el dictamen.
Dado el efecto en cadena que esta decisión puede tener para las sociedades que forman parte del control escalonado de SQM, la SVS informó de la resolución al resto de las cascadas: Oro Blanco, Norte Grande, Nitratos de Chile y Potasios de Chile.
Los argumentos de la SVS
El oficio ordinario enviado por la SVS a Calichera explica el motivo de fondo por el que deben ser corregidos los estados financieros y que apunta al hecho de que las operaciones cuestionadas se realizaron dentro del grupo controlador.
“Del análisis de las transacciones señaladas precedentemente, surgen antecedentes y circunstancias que implican que la naturaleza de dichas transacciones, acorde al marco conceptual referido, no corresponde a la interpretación que previamente le dio la sociedad, es decir, transacciones de compra y venta consideradas en forma independiente, y por la cual aplicó la NIC 28 sobre Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, explica la autoridad.
Y agrega que “dichas circunstancias tienen que ver con el hecho de que las operaciones de compra y venta de las acciones fueron realizadas con la misma contraparte final, sin perjuicio de los intermediarios que participaron, y efectuadas en un lapso de tiempo acotado”.
Según la autoridad, dado que la información financiera debe reflejar la esencia económica de las transacciones para una representación fiel de los estados financieros, las características de las operaciones redefinen la naturaleza de las transacciones, es decir, transacciones como parte de una operación y, por lo tanto, redefinen la norma técnica aplicable en este caso, sin perjuicio de que se hicieran con acciones de una sociedad asociada.
“Es así, que las transacciones señaladas reflejan un acuerdo entre los participantes que, mirado desde el punto de vista de Pampa Calichera, corresponde a una compra que, implícita o explícitamente, se puede deducir que conlleva un acuerdo de retroventa en el que previamente se habría determinado el precio de compra y de venta, constituyendo por ende, una operación de carácter financiero”, afirma.
Así las cosas, la SVS indica que correspondía que Pampa Calichera registrara, al momento de la compra, los derechos a cobrar por la venta de las acciones y, al producirse ésta, registrara en resultados el valor correspondiente a la diferencia entre el precio de venta y el precio de la compra recientemente efectuada. “Esto significa que el registro de las transacciones debió efectuarse al valor razonable de los citados derechos, sin efectuar el registro de un aumento de la inversión en la asociada, ya que el vendedor nunca transfirió efectivamente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo”, señala el ente fiscalizador.
En marzo de 2012, la SVS ya había ordenado a varias sociedades cascadas revertir utilidades de US$ 230 millones por operaciones realizadas en 2011, donde participó Linzor Total Return Fund, hoy CHL. Por estas operaciones, la superintendencia terminó sancionando, en el marco del Cascadas, al representante legal de Linzor Asset Management (hoy CHL Asset Management), Canio Corbo Atria, sobrino del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, y los ya mencionados Banchile y Cristián Araya.
