“Caza-Piñera” fue la frase con que de inmediato sus detractores identificaron a la Comisión investigadora del Caso Cascada, la que con votos de la Nueva Mayoría aprobó la Cámara de Diputados para indagar la responsabilidad de ex autoridades de Gobierno en el caso.
Hoy, después de casi un año, se vota si aprobar o rechazar el informe. Es el tercer punto en tabla de la sesión que tendrá durante esta jornada la Cámara de Diputados.
Un documento que en 8 puntos promueve varios cambios legislativos para llenar los vacíos legales que dejó en evidencia el caso que hace poco remeció al mercado de capitales local, pero que no generan consenso entre las dos coaliciones del Congreso.
Crear de una buena vez una Comisión de Valores y Seguro; revisar el régimen de prescripción para los procesos que lleve adelante la SVS; fortalecer los mecanismos de inmunidad y defensa jurídica de las autoridades de dicha institución –considerando la querella por prevaricación que interpuso Julio Ponce contra la ex autoridad Fernando Coloma–; regular las operaciones entre partes relacionadas, entre otras modificaciones, concentran el grueso del informe propuesto por Fuad Chahin, que fue aprobado por mayoría simple por parte de los miembros de dicha Comisión.
Sin embargo, sólo el hecho de que en el último punto no se descarte la participación de Sebastián Piñera en el esquema detectado por la SVS –lo que ya fue descartado por el regulador y la propia Fiscalía Centro Norte–, sino que sea calificado como un asunto que “no se pudo aclarar”, es motivo para que los representantes de la Alianza vean en este documento un instrumento que beneficia a Julio Ponce, controlador de SQM. Esto, en medio del escándalo que envuelve a su empresa y varias caras del mundo político, incluyendo a figuras de la Nueva Mayoría.
Es por esto que el ánimo para legislar sobre esta materia es incierto, aunque desde ya se espera que algunos honorables se inhabiliten de aprobar o rechazar el documento, como Roberto León (DC), quien participó en dicha Comisión investigadora, o Javier Macaya, quien tiene nexos familiares respecto de algunas de las denuncias que recientemente interpuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) por boletas presuntamente falsas emitidas por la minera para financiar campañas políticas.
Los padres de la Comisión fueron los diputados democratacristianos Fuad Chahin, Gabriel Silber y Ricardo Rincón. León tuvo un rol protagónico. Algunos dicen que ahora se sabe por qué: en las últimas semanas se ha sabido de la existencia de boletas emitidas para SQM por su hijo en julio de 2009, en período de elecciones, y sobre lo cual se presume que podría haber vinculación con financiamiento de campañas políticas.
El Partido Socialista (PS) también tuvo protagonismo en la omisión, sobre todo con el rol de Marcelo Schilling, quien cuestionó incluso la independencia del titular de la SVS, Carlos Pavez –funcionario designado por Bachelet en marzo de 2014–, para sancionar a Ponce.
Es ese el escenario en que se vota hoy. El diputado Chahin afirma que “el informe da cuenta del mandato que nos obliga a investigar actos de Gobierno, lo cual genera una limitación para investigar el fondo de las operaciones cuestionadas”, como critica la Alianza.
“Lamentaría que por razones político-comunicacionales se rechace un informe que en la parte pertinente promueve varios cambios legislativos, sin perjuicio de haberse pronunciado sobre materias que ya están sancionadas por la SVS”, indicó. Más allá de la eventual inhabilidad de diputados salpicados por la arista SQM, el parlamentario DC sostiene que “no veo mayores inconvenientes” para legislar sobre el mismo.
En la vereda contraria está Nicolás Monckeberg (RN), quien ha sido un acérrimo crítico del documento aprobado por la Comisión. “Rehúye el hecho principal que era motivo de investigación, como era fiscalizar la conducta de SQM en las operaciones cascada. Pese a todo la información que el país ha conocido hasta la fecha, no emite un solo juicio de reproche al actuar de los controladores de la cascada. Es funcional a la parte acusada (Julio Ponce)”, asevera.
El tema es que el informe persigue la responsabilidad política de los involucrados, pues la SVS ya sancionó a Ponce; sin embargo, ante esto Monckeberg responde que “lo que hace este informe es respaldar indirectamente el actuar de SQM en estas operaciones. Lo que no sólo no comparto, sino que se trata de conclusiones inexactas y sin fundamentos”.
“Resulta curioso que una Comisión investigadora que en todas sus sesiones lo único que hizo fue investigar las operaciones cascada, en sus conclusiones no mencione nada respecto del actuar de sus controladores, sino se aboque a propuestas legislativas. No era necesaria una Comisión para eso”, agrega el RN.
El diputado llamó a inhabilitarse a “todos los diputados sujetos a conflictos de interés” por el caso SQM. “Es una obligación de todos los parlamentarios que se abstengan de votar. Este conflicto de interés no dice relación sólo con aportes de campaña, sino que el hecho de que existan relaciones comerciales es una causal suficiente. Espero que se aplique con rigurosidad la norma vigente”, recalcó.
Un ex alto funcionario del Gobierno de Piñera, que conoció de la investigación de la SVS, critica a la DC y quienes crearon la Comisión.
En su opinión, es insólito que los políticos de la Nueva Mayoría creen esta Comisión para analizar el rol de Coloma, Piñera y el subsecretario de Hacienda Dittborn y, no obstante, nunca hayan levantado la voz para defender a la SVS frente a las inéditas acciones legales de Ponce contra el fiscalizador, algunas consideradas intimidatorias y que incluso provocaron, entre los funcionarios que participaban del caso, el temor de seguir instruyendo diligencias.
Sin decir nombres, la Comisión de Ética de la Cámara ya recomendó, a aquellos diputados salpicados por el caso de SQM, inhabilitarse de la votación de hoy.
