El ejecutivo está pisando fuerte el acelerador con la reforma laboral.
El proyecto, que recibió hasta ayer más de 500 ideas para cambios a 70 artículos, comenzará a discutirse en particular este martes en la comisión de trabajo de la cámara baja.
Gran parte de estas modificaciones introducidas por el ejecutivo serían fruto de las inquietudes manifestadas por varios parlamentarios oficialistas durante el último mes.
Una de las indicaciones que llamó la atención fue que el plazo de vacancia del proyecto, que en un principio hablaba de un año, ayer se redujo a 6 meses, resultado de negociaciones entre los ministerios de hacienda y trabajo con parlamentarios de la Nueva Mayoría, que planteaban su entrada en vigencia después de 3 meses o incluso una vez publicada.
Una de las demandas que se ha levantado desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y algunos parlamentarios de la coalición de gobierno quedará fuera de discusión: la negociación ramal. Pese a esto, y según consigna Pulso, el ejecutivo habría cedido en algunas solicitudes en esta materia, para abarcar la negociación interpresa, de confederación y federación.
La decisión del gobierno de acortar los plazos es visto como un guiño a la CUT por la decisión de descartar definitivamente esa opción.
Finalmente, las indicaciones se dividieron en 6 ejes: sindicalización, servicios mínimos, medidas de género, sindicatos interempresa, negociación para confederación y federaciones, y simplificación de procedimiento.
El punto de servicios mínimos, que define las labores que deben cubrir en la empresa los sindicatos en huelga, aún genera tensión entre las partes y no quedó definido hasta que se cumplió el plazo fatal.
Los parlamentarios proponían que se establecieran como "servicios esenciales", como lo estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Finalmente el gobierno habría decidido mantener el término, pero acotándolo a "operaciones estrictamente necesarias", y que "eviten un daño grave" a la infraestructura de la empresa en el largo plazo.
Desde el sector privado siguen las advertencias.
Hoy Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, volvió a criticar el proyecto del gobierno.
En el marco de la semana Cesco, Hernández dijo que podría "impactar negativamente el equilibrio entre los trabajadores y la empresa".
