Julio Ponce está expuesto a varios frentes, tanto penales como de procesos administrativos que se han iniciado a propósito de las boletas presuntamente falsas facturadas a SQM. Hoy el presidente de la minera está en condiciones de ser multado por un monto cinco veces superior a lo máximo establecido por la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), mientras las sospechas respecto de la verdadera magnitud de las boletas que involucran al grupo van en aumento.
Por un lado, la reciente formulación de cargos que cursó el regulador en contra del directorio de SQM, por infracciones a la Ley de Valores y a la de Sociedades Anónimas, tras no haber informado en forma ni oportunidad la existencia de US$11 millones en boletas que investiga la Fiscalía Oriente, dato que ratificó Patricio de Solminihac en una conferencia a inversionistas, tiene a Ponce con posibilidades de ser multado con UF75 mil, una sanción –como se dijo antes– cinco veces mayor al tope establecido por la ley que rige a la SVS.
Si bien el superintendente Carlos Pavez precisó que aún “estamos en un proceso que puede terminar con la absolución o confirmación de los cargos que se formulan, para quienes han sido sancionados en un periodo de dos años desde el momento en que se está dictando una nueva sanción, hay una agravante establecida en la ley de manera tal que las sanciones que se les pueden imponer son más altas, hasta cinco veces el monto máximo hasta la ley, es decir, UF75 mil”.
Esto, considerando el hecho de que en septiembre de 2014 la SVS lo multó con US$70 millones por su participación en el famoso caso Cascada. Sin embargo, la reciente formulación cursada por el regulador podría teñirse aún más de negro de ratificarse las sospechas que apuntan a que dicha sociedad pagó por servicios sin respaldo que, en suma, superan con creces los US$11 millones que confirmó De Solminihac.
Apenas se conocieron estos US$11 millones, fuentes informadas cuestionaron su magnitud, inquietudes que se alimentaron aún más luego de la existencia de antecedentes que apuntan a las filiales de SQM, particularmente SQM Salar, también involucrada en boletas presuntamente falsas, con destino al financiamiento irregular de campañas políticas.
Como publicó este medio hace una semana, el Ministerio Público no tenía en sus antecedentes la lista de boletas que involucran a SQM Salar, la misma que puso en el tapete a Giorgio Martelli, uno de los recaudadores de la campaña de Michelle Bachelet, y por rebote al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien recibió pagos por $4 millones por parte de Asesorías y Negocios SpA, sociedad vinculada a Martelli y que habría facturado por servicios no respaldados a la filial de SQM, según informó la semana pasada The Clinic Online.
Con este escenario, fuentes al tanto de este proceso aseguran que en total el grupo SQM habría desembolsado un monto cercano a los US$30 millones en boletas con características similares a las que cuestiona actualmente el Ministerio Público. Sin embargo, aún no hay certeza de si todo este dinero corresponde a boletas falsas.
Este hecho podría complicar aún más a Ponce, al directorio y a sus ejecutivos. Por un lado, según la última memoria disponible de SQM Salar, Patricio de Solminihac es presidente de la compañía y comparte el directorio con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y el vicepresidente de finanzas de SQM, Ricardo Ramos.
El viernes pasado, la Bridec de la PDI incautó información contable de dicha sociedad y se espera que lo haga desde otras filiales, como Soquimich Comercial, empresa en la que Ponce sí ejerce como presidente, pero se prevé que dé un paso al costado.
En esta compañía comparte el directorio con su hermano Luis Eugenio Ponce, De Solminihac, Ramos y Contesse González, quien se mantiene como vicepresidente. Se suman como directores Radomiro Blas Tomic y Julio César Ponce Pinochet, hijo del presidente de SQM. Este último llamó ayer la atención del mercado, luego de que la Bolsa informara que el viernes vendió US$52 millones en acciones de SQM, en circunstancias que compró US$49,9 millones en estos papeles el miércoles pasado.
Compró 4.118 acciones a $12.126 y vendió las mismos a $12.809.
Sin embargo, habrá cambios. Precisamente esta última filial comunicó una lista previsional de candidatos a directores en la que Ponce, De Solminihac, Ponce Pinochet y Contesse no están considerados. Se propuso a José Miguel Berguño, Juan Pablo Bórquez, Alfredo Doberti, Francisco Fontaine, Gerardo Illanes, Daniel Jiménez, Eugenio Ponce y Ricardo Ramos.
Todos cambios que podrían interpretarse como señales del actual mandamás respecto de su decisión en SQM o bien como decisiones que buscan delimitar su exposición en un grupo que está bajo la lupa de la Fiscalía, pues –según afirman conocedores de este proceso– en caso de ratificarse que los montos correspondientes a boletas ideológicamente falsas facturadas por SQM superan los US$11 millones conocidos hasta ahora, el ejecutivo podría exponerse no sólo a nuevas indagaciones por parte del Ministerio Público, sino a nuevas formulaciones de cargos por parte de la SVS.
En el marco de la cuenta anual de la SVS, Pavez fue claro en afirmar que “en el caso de SQM, si hay otros antecedentes que nos permitan llegar a la conclusión de que correspondería hacer otra formulación de cargos, la complementaremos”.
Reunión clave de PCS
Por otro lado, a cuatro días de la junta de accionistas de SQM, instancia que renovará el directorio de la sociedad, hoy PCS desarrollaría una reunión interna en la que se definirían sus próximos pasos.
Si acaso volverá a poner representantes en la compañía o hará presión por la salida definitiva de Ponce, son asuntos que se espera sean resueltos durante esta jornada.
Hasta la fecha, sólo se conocen dos nombres que renovarían la mesa de SQM: Edward Waitzer, propuesto por el fondo SailingStone, el mayor tenedor de ADR de la minera; y Dieter Linneberg, candidato de Pampa Calichera, sociedad controlada por Ponce.
Las curiosas filtraciones que minimizan la responsabilidad de Ponce
Las declaraciones de los principales ejecutivos de SQM ponen en el centro de la mesa a Contesse. Según publicó el domingo La Tercera, Ponce sostuvo ante la Fiscalía que “el directorio decide el monto, pero no decide a quién, y el que decide con plena libertad para decidir a qué candidato se aporta es el gerente general Patricio Contesse González”, citó textual dicho medio.
Ayer también se conocieron las declaraciones de Patricio de Solminihac, quien si bien reconoció la estrecha relación entre Ponce y Contesse, apuntó al segundo, señalando que fue este quien confirmó los servicios por distintas empresas con vinculaciones a personeros políticos y que, tras conocerse una lista de personas que emitieron boletas a SQM, “resultó que todos eran gastos de la gerencia general de Contesse”.
Durante la tarde de ayer, T13 publicó las declaraciones de José María Eyzaguirre, ex representante de PCS en la mesa de SQM, quien sostuvo que Contesse “transgredió” las autorizaciones del directorio.
Todas estas declaraciones ponen al centro al ex gerente de SQM y minimizan la responsabilidad de Ponce y el resto de los directores en el caso. El presidente de la minera llamó la atención al afirmar que no conocía la magnitud de los aportes que realizaba su empresa y que podían ubicarse ente US$1 millón y US$10 millones. Sin embargo, según sostiene un ejecutivo que conoce de cerca el funcionamiento de la compañía, “él sabe perfectamente el tamaño de los aportes legales, algo superior a US$1 millón, ya que los aprueba el directorio y tiene actas reservadas”.
Es por esto que algunos apuntan a una estrategia legal que busca minimizar la responsabilidad de Ponce en el caso, concentrándola en la figura de Contesse. La estrategia vendría a confirmar lo que se sospecha desde que se destapó la arista SQM del caso Penta: Ponce está blindado.
Abogados de la plaza apuntan a que todas estas declaraciones que se filtraron son parte de una carpeta reservada a la que sólo tiene acceso Samuel Donoso, abogado del ex gerente general de SQM.
“Ellos (Donoso y su socio Juan Pablo Hermosilla) solicitaron una cautela de garantía al 8vo. Juzgado de Garantía que se vería hoy lunes (ayer) y tenía por objeto que se les entregara copia de la carpeta reservada a la defensa del señor Contesse, básicamente sosteniendo que, si no era así, se afectaba gravemente el derecho a defensa. Lo que ocurrió es que la Fiscalía entregó el viernes la carpeta a la defensa del señor Contesse y los abogados se desistieron de la audiencia”, comenta Mauricio Daza, quien es parte de este caso al representar a la Fundación Ciudadano Inteligente.
“Obviamente todas estas filtraciones apuntan a darle sustento a la estrategia de Julio Ponce, que es delimitar la responsabilidad en el gerente con la finalidad de salvar la situación del directorio. Contesse sigue siendo un amigo muy cercano a Ponce, me parece una operación coordinada”, agrega el jurista.
Una visión que, en algún grado, podría contar con el respaldo de la SVS. Ayer Pavez fue consultado por los dichos de Ponce, y puso en duda que el directorio de una sociedad anónima no supiera los aportes que se hacen para campañas políticas. “Bajo un adecuado funcionamiento del gobierno corporativo de las compañías, tanto los directores como los gerentes deben estar al tanto de estas operaciones, por tanto el directorio también debería haber implementados mecanismos de control suficientes para garantizar que efectivamente se llegue a conocimiento del directorio este tipo de decisiones”, sostuvo.
