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Agencia Uno
Rebelión oficialista contra Rabat: diputados RN y UDI piden su salida y crece amenaza de acusación
Pese al respaldo de Kast, Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (ind.-UDI) cuestionaron la continuidad del ministro de Justicia tras las 56 rebajas de condena. “La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, afirmó Pérez, mientras aumenta la presión por una AC.
La crisis política que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzó a extenderse al propio oficialismo. Pese al respaldo que recibió del Presidente José Antonio Kast, parlamentarios de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) e independientes vinculados a Chile Vamos cuestionaron su continuidad en el gabinete y plantearon que debería abandonar el cargo tras las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI) se sumaron a las voces que exigen responsabilidades políticas por las resoluciones adoptadas desde el Ministerio de Justicia, mientras aumenta la presión por una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado.
El escenario representa un nuevo flanco para el Gobierno, luego de que el propio Mandatario descartara remover a Rabat y le encargara encabezar las medidas destinadas a corregir las falencias detectadas en el procedimiento.
La controversia se originó tras conocerse que entre marzo y septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 29 por violación y 27 por abuso sexual.
El caso adquirió mayor gravedad después de que una investigación de Radio Bío Bío identificara a 33 beneficiados y revelara informes de Gendarmería que advertían sobre un alto riesgo de reincidencia en algunos condenados, además de dificultades para reconocer sus delitos y falta de empatía hacia las víctimas.
En medio de estos antecedentes, Rabat ha defendido que su cartera se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y que la evaluación de los internos corresponde a una comisión especializada, de acuerdo con la normativa vigente.
Sin embargo, sus explicaciones no han logrado contener los cuestionamientos políticos, que ahora provienen también de parlamentarios de sectores que respaldan al Ejecutivo.
Uno de los pronunciamientos más directos fue el del diputado RN Eduardo Durán, quien sostuvo que la situación del ministro se ha vuelto insostenible y le recomendó dejar el cargo. “Por el bien del país, tome la decisión y se aleje del cargo”, afirmó el parlamentario.
Durán calificó las rebajas concedidas como errores graves que no deberían producirse y planteó que el Gobierno debe actuar para evitar que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes puedan acceder a beneficios similares.
Pese a manifestar su respaldo general a la administración Kast, el diputado consideró que la permanencia de Rabat no resulta conveniente frente a la magnitud de los antecedentes conocidos.
El legislador también llamó a modificar la normativa que regula las reducciones de condena, con el objetivo de impedir que quienes cumplen penas por violación o abuso sexual contra menores puedan obtener rebajas que adelanten su salida de prisión.
No obstante, evitó anticipar su posición respecto de una eventual acusación constitucional contra el titular de Justicia.
Durán señaló que corresponde revisar los fundamentos de ese mecanismo de fiscalización una vez que sea presentado formalmente, distinguiendo entre su llamado a la renuncia y una eventual decisión parlamentaria sobre la responsabilidad constitucional del ministro.
Desde la UDI, el diputado Omar Sabat también se manifestó partidario de la salida de Rabat. El parlamentario calificó lo ocurrido como un “error garrafal” y sostuvo que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia tienen consecuencias especialmente graves cuando involucran a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Su postura se suma a los cuestionamientos dentro de los partidos que respaldan al Ejecutivo, ampliando la presión sobre un ministro cuya continuidad había sido ratificada por el Presidente apenas un día antes.
En la misma línea, la diputada independiente-UDI Marlene Pérez pidió al Gobierno reconsiderar la permanencia del secretario de Estado. La parlamentaria sostuvo que la controversia está provocando un daño político a la administración y que las autoridades deben priorizar la protección de la infancia por sobre las consideraciones de lealtad gubernamental.
“A mí me parece que acá es intransable la infancia. La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, afirmó.
Pérez recalcó que su postura no responde a una disputa partidista, sino a la necesidad de situar a las víctimas de delitos sexuales en el centro de las decisiones del Ejecutivo.
Asimismo, manifestó que espera que no sea necesario llegar a una acusación constitucional contra Rabat.
A su juicio, corresponde al propio Gobierno adoptar las decisiones políticas necesarias para enfrentar la controversia, sin esperar que el Congreso deba recurrir a ese mecanismo.
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