El caso La Polar puso de moda la auditoría forense, un servicio que desde la entrada en vigencia de la ley 20.393 –que en 2009 estableció la responsabilidad penal de la persona jurídica– poco a poco empezó a hacerse cada vez más necesario, pero que vivió un importante punto de inflexión luego de que el escándalo protagonizado por el retailer –en 2011– pusiera en el centro de la discusión la probidad de los directorios y los modelos de prevención de delito de las compañías.
Ahora, con los casos Penta, SQM, y en la medida en que más compañías se ven involucradas con boletas presuntamente falsas que tendrían como destino final el financiamiento de campañas políticas, este servicio de a poco ha vuelto a ponerse hot. Así lo admiten desde la industria.
Las llamadas big four (KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PwC) son las principales empresas de auditoría que prestan este servicio. Cada una con sus matices, coinciden en que ha habido una mayor actividad en el sector privado por, al menos, consultar de qué se trata y también por contratar este servicio, con tal de efectuar una profunda revisión de sus sistemas internos.
Examinar sus relaciones con sus proveedores y la efectividad de sus servicios, los mecanismos de pago de remuneraciones de ejecutivos o revisar operaciones con partes relacionadas que no necesariamente están en conocimiento del directorio, son algunas de las principales dudas que han planteado las empresas.
Christian Caamaño, senior manager de FAS de Deloitte, explica que si bien la actual coyuntura ha empujado la demanda por las auditorías forenses, una mirada más estricta de los reguladores así como modificaciones legislativas, por ejemplo, la ley 20.818 de lavado de activos –vigente desde febrero de este año y que incluyó al sector público como sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas, ampliando la lista de delitos base–, también han sido factores.
“Sí, se ha visto una mayor demanda. Los directorios han puesto atención en este asunto. Quieren saber y asegurarse de tener herramientas o un modelo de prevención de delito, pues una cosa es tenerlo y lo otro es que funcione. Por ejemplo, es distinto tener un canal de denuncia a que éste además sea conocido por todos los empleados de una empresa (…). En general, quieren verificar si pudiera existir una situación similar a lo que está pasando hoy, revisar qué está pasando con sus proveedores, si acaso se les ha hecho un background check para saber quiénes son los que están prestando servicios y sus respectivas boletas”, detalla.
Un ejecutivo de una de las principales auditorias del país, que prefirió mantener su identidad en reserva, sostiene –en una línea similar– que en un mercado donde las empresas en general son reactivas, los últimos escándalos efectivamente han incrementado el interés de las empresas por entender no sólo lo relativo a sus sistemas de donaciones políticas, sino las formas de pago a sus ejecutivos, un tema que puso sobre la mesa el caso Penta.
“Ha habido una activación importante por entender en qué consisten estos servicios y también por contratarlos para hacer una revisión de sus procesos.
Hay empresas que entienden que tienen problemas con este tema y otras que quieren asegurarse (…). Muchas veces no hay certezas, pero sí sospechas de que existe un fraude, suscitadas por comportamientos financieros extraños o denuncias internas”, afirma.
Colin Becker, socio líder de consultoría y asesoría empresarial de PwC Chile, afirma que “hay mayor demanda debido a que los directorios y las gerencias son cada vez más responsables de sus actos, tanto por las cosas que cometen como por las que omiten. Buscan tener una segunda opinión respecto de cómo están haciendo las cosas en temas tributarios, aunque no necesariamente a propósito de los escándalos, sino por otros asuntos, como las dudas que ha generado la reforma tributaria”.
A su juicio, los casos como Penta o SQM ha motivado cierto interés de las empresas por consultar estos servicios, pero no necesariamente por contratarlos tras conocer la existencia de un fraude. Matiza el punto señalando que estos servicios son, en general, permanentes y muchas veces son requeridos para revisar temas particulares, como contratos por concesiones en la industria minera, por citar un ejemplo.
Una auditoría forense es un servicio que consiste en evaluar los sistemas de prevención y detección de fraudes al interior de las empresas. Se revisan sistemas de control interno, políticas de gobiernos corporativos, sistemas de comunicación y de denuncia, entre otros aspectos. Según afirman en la industria, sus precios oscilan respecto del tamaño del cliente, pero se mueven en un rango que va desde los US$15 mil a los US$250 mil.
