Se ha hecho un esfuerzo importante para promover la Transparencia en las actividades privadas sin fines de lucro. El Capítulo de Chile Transparente, el programa Transparentemos (BID-Avina) y el Ministerio de la Secretaría General de la República, organizaron recientemente un encuentro público privado, sobre la base de un estudio sobre la transparencia de las organizaciones sociales en Chile realizado por Chile Transparente.
Es interesante recordar que el 46% de los ingresos de este sector se compone de subvenciones y otras contribuciones públicas, y un 18% por concepto de donaciones de personas y empresas. Habiendo gastos directos del fisco y también ingresos tributarios involucrados, parece necesario fomentar la transparencia en las organizaciones sociales, pensando que algunos de sus estándares deberían ser incluso obligatorios.
Lamentablemente, no existen reglas claras relativas a la transparencia de este sector. Es más: el marco regulatorio general que rige la labor social del sector privado es bastante confuso. Algunas instituciones o donaciones tienen que cumplir obligatoriamente ciertos estándares de transparencia, otras no. No está tampoco estandarizada la rendición de cuentas que las organizaciones deben entregar a los organismos del Estado.
En adición a ello, cada ley de donación establece un intrincado sistema de fiscalización que no se basa en obligaciones coherentes y claras en materia de transparencia. En vez de ello, incorpora una pluralidad de sanciones de distinta naturaleza, desde la calificación como gasto rechazado, hasta multas, intereses e incluso penas de presidio o reclusión.
Ello implica que toda donación que pretenda beneficios tributarios presenta un riesgo de sanción demasiado alto si alguno de los múltiples y complicados requisitos no son satisfechos.
Sea como donante o como donatario, pocos entienden de manera integral el marco regulatorio existente, lo que provoca que frecuentemente deban enfrentarse a la necesidad de contratar abogados o asesores tributarios, los que no necesariamente son especialistas en el funcionamiento del sistema, sino que lo estudian en cada caso. Esta ausencia de un marco normativo integral en la práctica ha desincentivado la realización de donaciones.
Consecuencia de ello serían los magros resultados de un estudio del Ministerio de Hacienda hecho a 400 empresas identificadas por el SII como “grandes contribuyentes”: cerca de la mitad de ellas declaraba no haber donado ni una sola vez al año, cubriendo un horizonte de 7 años.
Analizando el pasado y presente de la materia en Chile, se puede concluir que el país nunca ha tenido una política pública uniforme y sistematizada, que incentive y facilite la labor social del sector privado, incluyendo criterios serios de transparencia. Las numerosas leyes que existen han sido más bien elaboradas según las contingencias del momento.
De ahí la importancia de la propuesta de Chile Transparente de establecer una plataforma virtual de carácter público, como parte de un registro único que concentre las memorias y balances de las organizaciones inscritas. Se crea así una suerte de mercado “cercanamente perfecto”, que torna comparables a las organizaciones sociales acerca de sus variables mínimas y voluntarias de transparencia, las que por cierto deberían diferenciarse según tamaño de la organización respectiva. Como apoyo a la creación de un registro público resulta interesante analizar el formato de una FECU social, proyecto impulsado por Luis Perera, Senior Partner de PwC Chile.
Será difícil, en todo caso, impulsar de verdad la transparencia en el sector sin fines de lucro sin la existencia de un régimen normativo unificado, y el establecimiento de una entidad o ministerio como contraparte de la sociedad civil o de los donantes. De ahí la necesidad de impulsar una legislación única que regule la labor social del sector privado.
Cabe recordar que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el envío de un proyecto de ley única de donaciones para inicio del año 2013. Se espera que este proyecto impulse criterios claros de transparencia, y que aumente el tope restrictivo que rige para los incentivos tributarios a las donaciones (5% de la Renta líquida imponible). Cabe recordar que el gasto tributario total en materia de donaciones bordeó los 45 mil millones de pesos en 2011, es decir un 0,9% del Gasto Tributario total del Estado del mismo año.
Ello parece muy poco, comparándolo por ejemplo con el Gasto Tributario por concepto de diferimientos de impuestos, que representa un 60% del Gasto tributario total. En otras palabras: lo que el Estado deja de recaudar en impuestos por el concepto “incentivo al ahorro y la inversión” donde destacan sobre todo las rentas empresariales retenidas que no pagan impuestos, es 67 veces más grande que el gasto tributario por donaciones.
Teniendo el objetivo de fomentar el emprendimiento social en Chile, cabe preguntarse si esta relación no debería revisarse dando espacio para un aumento en el tope restrictivo actual que rige para las donaciones que tienen utilidad pública.
También resulta interesante preguntarse desde el otro lado de la moneda por la transparencia de los que donan. Si una persona natural o jurídica obtiene una rebaja tributaria por haber donado a una causa específica: ¿cuáles serían las mejores prácticas en transparencia para este donante, considerando que su donación podría obtener incentivos tributarios que cubren más del 60% del aporte realizado?
Detrás de ello está la pregunta si las franquicias tributarias en general no deberían cumplir al menos algunos estándares de transparencia. Lo que la mayoría democrática deja de recibir, para que sea canalizado hacia lo que una minoría defina, debería ser transparente desde un punto de visto ético – por lo menos en un grado mínimo.
Como consecuencia podría alentarse a las empresas, por el rol social que tienen en la sociedad, a cumplir por sí mismas con ciertos estándares de transparencia activa referentes a su labor social, sobre todo cuando trabajan con incentivos tributarios.
Coherente con ello son las líneas directrices de la OECD para empresas multinacionales, que entre otros aspectos promueven la transparencia corporativa, indicando como referencia la iniciativa internacional “Global Reporting Initiative”. Esta fomenta explícitamente transparentar – entre muchas otras variables – donaciones efectuadas y programas sociales realizados con los stakeholders respectivos de las empresas.
El objetivo final de la implementación de estándares de transparencia acerca de la labor social del sector privado es que seamos una sociedad más integrada, en la cual los distintos sectores – el mundo empresarial, el sector civil y el Estado – trabajan conjuntamente para el bien común. Para este objetivo final, la transparencia es un medio sine qua non.