En Chile, el debate que se generó una vez que el gobierno del presidente Piñera anunciara con desproporcionado exitismo que la pobreza habría bajado unas misérrimas 7 décimas de punto dio cuenta, por cierto, de complicaciones técnicas en la medición pero, esencialmente, de una cierta mezquindad en el trato, por parte de todo el espectro político, de una situación que no puede conformar a nadie.
¿Cómo puede ser que Chile haya dejado de ser capaz de continuar reduciendo la pobreza pese a que sus ingresos se han triplicado desde la vuelta a la democracia? Obviamente que si para “no ser indigente” basta con dos dólares diarios muchos se preguntan por qué este estrato resiste impasible a los crecimientos productivos que exhibe el país y proclaman las autoridades económicas.
¿Acaso no bastaría con mejor focalizar los subsidios para eliminar esta lacra social? El candidato Piñera, como otros anteriores, prometió eliminar la indigencia lo que -ya lo sabe- no logrará.
La razón es clara. Hay estudios de panel de la Universidad de Chile, es decir con seguimiento a través del tiempo, que demuestran que las personas que pertenecen a los siete u ocho primeros deciles de ingresos pueden transitar entre la pobreza y la no pobreza con facilidad. Más de la mitad de la población que calificó como pobre en 1996 (55,8%), en 2001 tenía ingresos superiores a la línea de pobreza. A la vez, un 46,6% de quienes calificaron como pobres en el año 2001, no lo eran cinco años antes”.
En concreto, poco cambiará el resultado neto de pobreza ayudando a los pobres de hoy si, simultáneamente, hay una proporción similar de no pobres que, por diversas circunstancias, “caen a la pobreza”.
En definitiva, el problema es que cerca del 80% de la población nacional son vulnerables y no cuentan con la seguridad de no ser arrastrados a la pobreza por eventos incontrolables y repentinos como: cesantía, enfermedad grave y costosa de un miembro de la familia, envejecimiento y aumento de los costos de cuidados de ellos sumado a la reducción de los ingresos por la ausencia de jubilaciones dignas.
Por consecuencia, una política social adecuada en Chile debe invertir los términos de su aplicación. Las políticas sociales adecuadas deben ser universales y, desde allí, examinar los segmentos poblacionales que pueden ser eximidos de los beneficios. Por ejemplo, Fonasa, durante años, desplegó un engorroso sistema de inclusión paulatina de beneficiarios que se sabía que, al menos, no eran adinerados (pescadores artesanales, artistas de circo, cantantes, futbolistas, etc.).
Todo hubiese sido más fácil si se hubiese aceptado a todos los residentes en el territorio nacional y luego excluir: primero, a los afiliados a Isapres; luego a los miembros de las Fuerzas Armadas que tienen un sistema independiente; más allá, a las personas que declaran ingresos superiores a un monto mínimo en el servicio de impuestos internos; y, finalmente, a los que tienen seguros privados en salud.
Así, en este ejemplo, se muestra que Chile podría exhibir cobertura universal y mantener la equidad. De igual manera, podría hacerse en educación ya que la educación podría ser gratuita universalmente y luego solicitar pagos a quienes puedan hacerlo, sin perjuicio que los grupos de mayores ingresos podrían hacer su aporte mediante impuestos adecuados como sucede en TODOS los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la cual Chile pertenece.
La pobreza se reduce con políticas integrales. Las políticas sociales deben ser universales porque son un derecho y no un paliativo a una situación transitoria.
