El día martes recién pasado se terminó el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley de reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados. Se presentaron más de 800 indicaciones al proyecto, lo cual da cuenta, entre otras cosas, que el proyecto del Gobierno no dejó contento a nadie, ni siquiera a sus propios parlamentarios. Ahora bien, teniendo en cuenta nuestra estructura legal, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo "eran" de vital importancia, especialmente en materias sobre negociación colectiva, ya que en esos temas solo el Ejecutivo tiene iniciativa legal y no los parlamentarios, lo cual reduce de manera importante las materias en las que los legisladores pueden de verdad hacer algo.
Las indicaciones presentadas por el Gobierno, despejan de inmediato algunas interrogantes: Las indicaciones del Ejecutivo van en la misma línea del proyecto presentado a fines de 2014 y no representan un cambio respecto de la mirada que el Gobierno quería darle a esta reforma.
O sea, el Gobierno de la Nueva Mayoría insiste con sus mínimos, y lo ratifica con indicaciones que eliminan cuestiones básicas que habían sido rechazadas ampliamente por el mundo sindical y los propios parlamentarios, como la norma que restringía la definición de prácticas antisindicales, las sanciones a los dirigentes por el ejercicio de fuerza física en las cosas y de fuerza física o moral sobre las personas como causal de práctica antisindical y eventual pérdida del fuero, el arbitraje forzoso, etc. En general, temas en los cuales había un alto consenso en que tenían que ser eliminados, y así lo fueron.
Lo preocupante, es que en los temas de fondo, las indicaciones del Gobierno se hacen cargo de avances muy pequeños. Se muestra como un avance la posibilidad de que las Federaciones y Confederaciones puedan negociar colectivamente, pero esto se podrá siempre y cuando el empresario esté de acuerdo, lo que evidentemente va a impedir el proceso negociador efectivo.
Se mantienen los servicios mínimos universales, se continúa facultando a las empresas para que soliciten a los tribunales de justicia la suspensión de huelgas y la reanudación de faenas, en circunstancias que con la ley vigente ello es una facultad exclusiva del Presidente de la República que jamás ha sido ejercida, y lo que me parece más grave, se mantienen las hipótesis y requisitos para suscribir pactos de condiciones especiales de trabajo, permitiendo que los sindicatos se vean presionados a incorporar en los instrumentos colectivos pactos sobre sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso, horas extraordinarias, tiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva. Tampoco se decidió incluir el IPC en el piso de la negociación, lo que ha sido solicitado por la CUT en reiteradas ocasiones.
Todo lo anterior grafica claramente que el Gobierno ha decidido seguir jugando el mismo juego que planteó cuando presentó la Reforma Laboral en diciembre. Esto da cuenta de que la estrategia del mundo del trabajo debe ser mucho más aplicada y, hoy más que nunca, apelar a dos de las virtudes más propias del trabajo sindical: la unidad y la autonomía sindical por sobre todo.
El Gobierno presentó un débil proyecto de reforma laboral, lleno de concesiones al empresariado que terminaron desnaturalizando las figuras jurídicas que el Ejecutivo pretendía regular y que claramente se han prestado para abuso patronal. Esto lo hemos dicho desde un principio y lo seguiremos denunciando. Las indicaciones presentadas dan cuenta de que el Gobierno sigue firme en su estrategia. Somos ahora los trabajadores los que estamos llamados a enfrentar la arremetida gubernamental y de los empresarios para mejorar y avanzar lo más posible en estas reformas.
Ya no hay excusas para el Gobierno y la Nueva Mayoría.
Los votos están en la Cámara de Diputados y el Senado para mejorar SUSTANTIVAMENTE este proyecto de ley, y cumplir, aunque sea en parte, la deuda grande que el mundo progresista y de la centro izquierda chilena tiene con aquellos que dieron su vida por la defensa de la democracia, los que primero perdieron el miedo contra el dictador, los que primero se empezaron a movilizar para derrocarlo.
En 1983, hace 32 años, los Trabajadores del Cobre decían que "el problema de Chile no es una ley más o una ley menos, sino la permanencia de la Dictadura" y, junto a otros, como mi gremio, convocaron a la Primera Protesta Nacional contra Pinochet… sus dirigentes fueron detenidos, los sindicatos fueron a huelga y 1800 trabajadores del cobre fueron despedidos… se iniciaba la lucha contra la Dictadura… como dirigente secundario admiré desde la primera hora la valentía de aquellos sindicalistas.
Este año, como ha sido siempre, la CUT y muchas organizaciones sindicales hermanas volveremos a movilizarnos para cambiar la Ley Laboral, conmemoraremos un 1 de mayo unitario y solidario, y como hace 32 años diremos que el problema de Chile no es una ley más o una ley menos, sino la permanencia de la Dictadura y su modelo.
Nolberto Diaz S.
Vicepresidente CUT Chile
