MERCADOS|OPINIÓN
Una nueva reforma tributaria es imprescindible para enfrentar los mayores gastos del estado producto de la pandemia y de las secuelas socioeconómicas que ella ha generado. Y también, claro, para avanzar en la solución del problema de las pensiones. No se trata, como intentan argumentar los economistas conservadores, de suplir la merma en las pensiones cargando impuestos a la clase media, revisando el IVA o aumentando en un mayor porcentaje la tasa de contribución destinadas a las cuentas de ahorro individual.
El debate público sobre la Nueva constitución, que ha comenzado mucho antes de la elección de los constituyentes, ofrece una amplísima gama de temas a incluir, problemas a resolver y desafíos que enfrentar. En su gran mayoría, se trata de materias relevantes para una sociedad que aspira a un mejor estado de desarrollo social, a una mayor calidad de vida y a contar con la certeza de que las instituciones del Estado funcionan de manera eficiente y transparente.
Sin embargo, para que todo ello funcione, resulta imprescindible resolver algunos nudos críticos que traban cualquier tipo de proyección al futuro.
Uno de ellos es la reforma al sistema pensiones, porque no podemos pensar en el futuro si ese futuro estará marcado por la vejez asociada a la pobreza.
La población chilena envejece aceleradamente. Y con ello, también se empobrece. La jubilación, lejos de ofrecer un horizonte de tranquilidad, es una pesadilla para millones de trabajadores que, tras una vida de trabajo y esfuerzo, llegado el momento del retiro caen en la pobreza.
La reforma al sistema de pensiones no puede ser sólo pensada en el largo plazo. Requiere una solución ahora para quienes están próximos al retiro y también para quienes reciben hoy jubilaciones miserables.
Las controversias surgidas a propósito del retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones evidenciaron una realidad que muchos desconocían y que otros tantos han preferido no reconocer: El ahorro previsional de los chilenos es misérrimo y absolutamente insuficiente para cubrir una vejez digna.
El problema del retiro parcial del 10% -sea el primero o el segundo- no es que el fondo de pensiones de cada persona se debilite. El problema es que para la mayoría, sencillamente ese fondo nunca iba a ser suficiente. Ni ahora ni mañana.
Las AFP, lejos de funcionar como parte del sistema de seguridad social, operan como un modelo de capitalización individual, que en la práctica ha fracasado rotundamente en la provisión de pensiones que permitan a los adultos mayores satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida decente.
[cita tipo=»destaque»]Terminar con el secreto bancario permitiría aumentar la recaudación de manera permanente en porcentajes mayores a los de cualquier otro modelo impositivo -como el aumento del IVA y del impuesto a la renta e incluso el impuesto a los super ricos que se discute en la cámara de Diputados- y facilitaría el financiamiento de los programas sociales y de apoyo que el país va a requerir en el futuro, además de contribuir a consolidar un sistema de pensiones universal que asegure a nuestros adultos mayores una vejez digna y alejada de la pobreza.[/cita]
Y aunque entendemos que el actual gobierno no tiene ni la voluntad ni la capacidad para impulsar una reforma estructural al sistema, al menos debiera ser capaz de avanzar en cuestiones fundamentales como establecer una pensión básica universal con monto inicial en la línea de la pobreza, y una expansión gradual de cobertura desde el actual 60% más vulnerable que cubre el Pilar Solidario hasta el 100% y definir que el el 6% de aporte patronal vaya a un fondo solidario para financiar subsidios inmediatos. Sería un piso mínimo para comenzar a mejorar.
El otro nudo necesario de resolver tiene que ver con la recaudación de impuestos.
Hoy las proyecciones apuntan a que, de no mediar un cambio en el funcionamiento del sistema de recaudación tributaria, el gobierno venidero -y probablemente también el subsiguiente- se verán en serios problemas para administrar las políticas públicas. Se estima que el déficit fiscal para 2022 será de proporciones, y por ello es necesario reformar el sistema durante 2021.
Es cierto, nadie estaba preparado para enfrentar un escenario tan distópico como el vivido en 2020. Sus consecuencias de largo plazo son todavía difíciles de dimensionar. Y quedó demostrado, una vez más, que en momentos de crisis la gente mira hacia el Estado y es el Estado el que -bien o regular, rápido o lento- responde, mientras el Mercado vela por sí mismo.
Una nueva reforma tributaria es imprescindible para enfrentar los mayores gastos del estado producto de la pandemia y de las secuelas socioeconómicas que ella ha generado. Y también, claro, para avanzar en la solución del problema de las pensiones.
No se trata, como intentan argumentar los economistas conservadores, de suplir la merma en las pensiones cargando impuestos a la clase media, revisando el IVA o aumentando en un mayor porcentaje la tasa de contribución destinadas a las cuentas de ahorro individual.
Hay una evidente resistencia a cambiar el paradigma del modelo tributario, en el que persiste la idea de cargar con mayores tributos a los consumidores y a las rentas y no al capital.
La cosas podrían ser distintas, muy distintas, si se atacara frontalmente la la evasión y alusión tributaria, que alcanza a los 21 mil 500 millones de dólares, y si se pusiera freno a las exenciones tributarias que llegan a unos 10 mil millones de dólares.
¿Cómo modificar esta realidad? Una manera eficiente de combatir la evasión es revisando las exenciones y otros “beneficios tributarios” que implican la postergación, disminución o liberación de la tributación. Tales beneficios, mayoritariamente, no favorecen a la clase media ni a los consumidores.
Una segunda fórmula es la eliminación del secreto bancario, que en la práctica permite hoy tender un manto de opacidad sobre negocios y transacciones. Las restricciones vigentes impiden al servicio de Impuestos Internos acceder a las cuentas de los contribuyentes -salvo por orden judicial- y por ende fiscalizar si los grandes negocios y transacciones pagan o no los impuestos correspondientes.
Terminar con el secreto bancario permitiría aumentar la recaudación de manera permanente en porcentajes mayores a los de cualquier otro modelo impositivo -como el aumento del IVA y del impuesto a la renta e incluso el impuesto a los super ricos que se discute en la cámara de Diputados- y facilitaría el financiamiento de los programas sociales y de apoyo que el país va a requerir en el futuro, además de contribuir a consolidar un sistema de pensiones universal que asegure a nuestros adultos mayores una vejez digna y alejada de la pobreza.
