No le fue bien a la Fiscalía Centro Norte con el Caso Alfa. En febrero de 2013, el entonces fiscal Luis Inostroza había pedido hasta 18 años de presidio para Alejandro y Antonio Contín, condenas que los jueces desestimaron con dureza, absolviendo gran parte de los cargos y dejando al primero de los imputados con firma mensual.
Ayer, sin embargo, la historia fue distinta. El fiscal José Manuel Ramírez logró que la justicia por primera vez condene por el delito de uso indebido de custodias, infracción que también estaba contenida en el caso anterior.
Los protagonistas del hito fueron Tomás Serrano Parot y Jorge Fuenzalida, ex gerente general y comercial, respectivamente, de la fallida corredora Raimundo Serrano Mac Auliffe. La Fiscalía Centro Norte pidió 14 y 11 años de presidio para los involucrados, sin embargo el 15 de diciembre se fijarán los castigos definitivos.
Los hechos en cuestión datan de 2009. A través de las sociedades Los Choros Power & Gas y Accent Trading, hicieron uso de las custodias de los clientes, sin su autorización, para operaciones cuyas utilidades les permitieron financiar otras sociedades, entre las cuales figuran Serrano Consultores, un canal de televisión, una productora de TV, la corredora de bolsa Cartisa SAB, una inmobiliaria y dos clubes de fútbol: Unión La Calera y Deportes Ovalle.
De hecho, producto de esto último, la figura de Sergio Jadue, presidente de la ANFP, salió a la palestra. En 2010 hubo una querella en su contra por estafa y defraudación, acusación dirigida tanto a él como a Serrano, quien era el principal accionista de Unión La Calera. La presentación fue por el no pago de una comisión de US$10 mil de un jugador a préstamo al fútbol mexicano. “Tomás Serrano es accionista igual que yo. No me puedo hacer cargo de errores de otros”, dijo entonces el timonel de la ANFP.
Tanto Serrano como Fuenzalida y Luis Núñez, ex jefe de contabilidad de la corredora, que fue condenado el año pasado a tres años con presidio remitido, eran directores de dicho club.
Serrano y Fuenzalida fueron además condenados por los delitos de estafa, al haber captado fondos de clientes sin ejecutar las operaciones encargadas, apropiándose de una suma cercana a los $250 millones, además de haber entregado información falsa al mercado.
