Chile y el Escudo de las Américas

El 6 de marzo pasado, el presidente Trump invitó a un grupo de países de América Latina y el Caribe (ALC) a su complejo turístico Doral, en Florida. Se trataba, en su mayoría, de países de la cuenca del Caribe, y no fueron invitadas algunas naciones de mayor estatura estratégica de la región, como Brasil, México y Colombia. En suma, se trató de una convocatoria a gobiernos afines ideológicamente a la actual administración de la Casa Blanca. En su momento analizamos las razones y las consecuencias de esta iniciativa.

A más de un semestre vale la pena examinar su marcha, evaluar la convocatoria y determinar si se trata de una medida de cooperación o de una maniobra geopolítica.

Veamos.

¿Es necesario un nuevo acuerdo en materia de lucha contra el delito organizado? Si algo existe en abundancia en la diplomacia continental son las innumerables resoluciones, planes de acción, comités de seguimiento, cumbres regionales, cumbres hemisféricas e iberoamericanas, acompañadas de sus respectivas reuniones preparatorias y encuentros de altos funcionarios, todo ello conformando un cúmulo de acuerdos coincidentes en la urgente necesidad de coordinación en materia de seguridad ciudadana y de lucha contra el delito organizado.

¿Será que falta un nuevo organismo?, ¿será que las mafias van delante de los Estados en materia de innovación?, ¿será que surgieron nuevas amenazas?

En estos meses, si bien no existe un documento ni un plan de trabajo explícito respecto de cómo combatir a las mafias, lo que sí ha existido es que se han ido ampliando las demandas a los países: se nos ha dicho que, además del propósito original (la lucha contra el narcoterrorismo, un constructo conceptual de poca precisión, pero de gran uso mediático), se han agregado otras demandas: los países de América Latina y el Caribe (ALC) debemos salirnos de la Corte Penal Internacional (¿?), elevar nuestro gasto militar (comprando material estadounidense, of course) y erradicar del hemisferio a “potencias extracontinentales” (o sea, China, Rusia e Irán).

Resumiendo, carecemos hasta la fecha de una formalización de las bases y compromisos que adquieren los países que aprueban este acuerdo. Recordemos que se trata de un acuerdo de seguridad y militar.

¿Es necesario un nuevo organismo de cooperación policial?

En esta materia, Chile forma parte de Interpol, Europol y Ameripol, y reconozcamos que con buenos resultados. Los recientes golpes dados a la mafia de “Los Pulpos” peruanos han sido posibles por una eficiente cooperación bilateral; la desarticulación del clan Chen, de origen chino, fue posible gracias a las buenas relaciones que tenemos con el FBI. Por cierto, muchos de los golpes dados al Tren de Aragua han sido posibles gracias a la acción combinada con la Policía Nacional de Colombia, con la cual llevamos décadas de cooperación y hermandad.

Pero se nos puede replicar que la actividad de las mafias ha crecido, lo cual es absolutamente cierto. La pregunta es si esa debilidad se debe a la ausencia de un nuevo organismo o a problemas de gestión. Por cierto, esto no tiene nada que ver con la pertenencia a la Corte Penal Internacional o con el nivel del gasto militar, que corre por otro canal de las responsabilidades de todo Estado.

¿A qué nos obligaría pertenecer al Escudo?

Esto sigue siendo una incógnita, porque, de lo que se conoce hasta la fecha, la declaración de marzo en el Hotel Doral, y luego un documento que permanecía desconocido, firmado por nuestro ministro de Defensa el 12 de marzo (o sea, el primer día de Gobierno), no disponemos de mayores antecedentes, más que las declaraciones a la prensa que han hecho las autoridades estadounidenses. Digamos, de paso, que el documento que firmó el ministro Barros seguiría oculto para la mayoría si no fuera por el hecho de que la embajada estadounidense lo filtró a la prensa meses
después.

Lo cierto es que desde sus inicios la Casa Blanca ha indicado que se trata de una continuación de la llamada “Flecha del Sur”, maniobra que culminó con la extracción de Nicolás Maduro. Es decir, una operación “antidrogas” que recurrió al empleo de fuerza militar con el fin inicial de detener el contrabando de drogas en el Caribe, que luego se extendió al Pacífico colombiano y mediante el cual fuerzas navales y aéreas de los EE.UU. hundieron decenas de embarcaciones con un número indeterminado de bajas.

No estamos defendiendo el narcotráfico, pero el derecho internacional señala con precisión que toda nave sospechosa puede ser detenida, abordada y, de ser el caso, llevada a puerto por la autoridad marítima para poner a los sospechosos a disposición de la justicia. Agreguemos que todo esto, además de ser conforme a derecho, les entregaría valiosas fuentes de información a los organismos de inteligencia para pesquisar la red mafiosa.

El Gobierno estadounidense, legítimamente preocupado por el narcotráfico, al igual que los gobiernos de ALC, optó por declarar a los carteles de droga como “organismos terroristas”, lo cual permite el empleo de fuerza militar en su combate. ¿Esto podría ampliarse a todos los países que formasen parte del Escudo?, ¿permitiríamos el empleo de fuerza militar extranjera en nuestro espacio aéreo y naval?, ¿en qué pensaba el actual ministro de Defensa cuando firmó este documento el 12 de marzo?

No es la primera vez que Estados Unidos busca construir alianzas para legitimar su injerencia más allá de sus fronteras. Recordemos el apoyo de la OEA al derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, la creación de la Fuerza Interamericana de Paz que ocupó República Dominicana en 1964 –tal como relata Hugo Harvey en su libro Pueden ganar una isla, pero perderán un continente– y, más recientemente, cuando buscó que Chile y la mayoría del Consejo de Seguridad aprobasen su invasión a Irak.

¿Seguridad colectiva o dominación geopolítica?

Desde hace mucho existe una corriente en el mundo estratégico estadounidense respecto de ALC, que ha recrudecido con el fin de la Guerra Fría. El discurso era que, dado que se había acabado la amenaza extracontinental (o sea, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia), no sería necesario que los países al sur del Río Bravo tuviesen fuerzas convencionales, que la seguridad continental podría garantizarla el Comando Sur. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas –en esta óptica– debían dedicarse de manera preferente a tareas de orden interno. El mundo que se avecinaba era un mundo de paz y cooperación. La guerra era cosa del pasado y estábamos en el fin de la historia.

Ese discurso caló hondo en las sociedades y en la intelectualidad, incluso alimentó un “socialismo utópico”, cuyo epicentro era el desarrollo y construir una nueva relación interamericana. Aumentaron las becas para centros de formación en EE.UU. para civiles en seguridad y defensa.

Desgraciadamente, el mundo siguió su camino más allá de quienes se enamoraron de sus ideas “idealistas”, valga la redundancia. El presente vergonzante de Gaza, la proliferación de conflictos de todo tipo –regulares, irregulares, étnicos, híbridos, etc.– se transformó en la difícil realidad y en el más que probable futuro cercano de la humanidad.

Más preguntas que respuestas

En este contexto, ¿el Escudo de las Américas corresponde a las necesidades estratégicas y de seguridad de nuestro país?, ¿a qué nos compromete?, ¿les agrega nuevas misiones a nuestras Fuerzas Armadas?

No es posible para la ciudadanía opinar con plenitud sobre estos temas al carecer de la información básica. Suponemos que ella está en poder de las autoridades, desde La Moneda hasta los ministerios de Seguridad, Cancillería y Defensa. Por cierto, conociendo lo básico de esa información, corresponderá evaluar si la sola opinión del Gobierno tiene las atribuciones para comprometer al país y sus recursos en esta empresa o si debe, a lo menos, consultar al Congreso, como lo manda nuestra Constitución.