Kast adhiere al “club de Trump” que promueve el fin de la CPI y sacar a China del hemisferio

La incorporación de Chile a la membresía del Escudo de las Américas desató una intensa controversia política. Ello, porque pese a que el acuerdo promueve la cooperación contra el crimen organizado transnacional, la administración estadounidense de Donald Trump presiona a sus miembros para que abandonen la Corte Penal Internacional y busca erradicar la influencia geopolítica de China del hemisferio.

La iniciativa, que la administración de Donald Trump y el Comando Sur de Estados Unidos impulsaron y lanzaron en marzo de 2026, congrega a 15 naciones del continente bajo el propósito de coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, la migración irregular y las amenazas a la seguridad regional.

Junto a Chile y Estados Unidos, integraron esta alianza Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

No obstante, el llamado “club de Trump” por los diplomáticos más reticentes a la adhesión, suscita una serie de controversias en torno a la soberanía y la geopolítica.

En agosto de 2026, en una cumbre del bloque efectuada en Ciudad de Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los ministros de Defensa y Seguridad de la región que rechazaran la jurisdicción del tribunal de La Haya y abandonaran el Estatuto de Roma.

A esta pretensión sobre el organismo judicial internacional se ha sumado un abierto intento de Washington por restringir e intervenir la presencia y las inversiones de la República Popular China en el continente.

En ambas situaciones, la postura estadounidense ha provocado un choque con la realidad económica de Chile, debido a que el gigante asiático es el principal socio comercial del país, por lo que la Cancillería buscó también equilibrar los vínculos estratégicos y comerciales de La Moneda con Beijing y ha debido igualmente salir a ratificar la permanencia chilena en la entidad judicial internacional.

Este martes, en medio de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna anunciaron oficialmente la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas.

Críticas opositoras: Senado cita al canciller a explicar

Desde la oposición al Gobierno advierten que la determinación del Ejecutivo por ingresar al “club de Trump” sitúa al país en un dilema de política exterior, donde si bien “no es fácil rechazar a la principal potencia militar del plantea”, la membresía en el bloque tiene una frontera poco clara entre la cooperación antinarcóticos y el alineamiento geopolítico automático con Washington.

El senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic (PL), manifestó a El Mostrador su preocupación ante lo que definió como una alineación “evidente” y “peligrosa” del Mandatario chileno con Donald Trump. Según sostuvo, esta postura quiebra la tradición de la política exterior de Estado de Chile, la cual históricamente ha mantenido una doctrina de “no alineamiento activo”.

En cuanto al acuerdo regional “Escudo de las Américas”, el parlamentario advirtió que no se conocen los alcances concretos de lo que Chile firmó ni qué gana el país al integrarse a este grupo, al que describió como un “club de fans de Donald Trump”.

Debido a la falta de claridad sobre los compromisos asumidos, confirmó que el comité liberal y el del PS solicitaron una sesión especial en el Senado para que el canciller Francisco Pérez Mackenna acuda a “explicar en detalle qué se firmó exactamente”

Por su parte, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, miembro de la comitiva oficial en la ONU, calificó como un “error” la decisión del Gobierno de adherir formalmente al denominado “Escudo de las Américas”.

“Es un error que Chile adhiera formalmente al Escudo de las Américas, porque tiene compromisos internacionales nuestro Estado, es parte del Estatuto de Roma, es parte de la Corte Penal Internacional, y esta alianza es de carácter político e ideológico”, aseguró el parlamentario. Además, agregó que “puede significar poner en riesgo nuestra autonomía y nuestra soberanía. Hubiese esperado que Chile se mantuviese como mero observador y no adhiera de forma categórica, como lo ha hecho el día de hoy el Presidente José Antonio Kast. Espero que esto no signifique consecuencias contrarias al interés nacional”, remarcó.

Por su parte, y también miembro de la comitiva, el presidente de la Democracia Cristiana, José Miguel Ortiz, cuestionó duramente la firma del acuerdo. “Lo que hoy se ha hecho es la firma de un compromiso, de un acuerdo netamente ideológico, netamente basado en los principios y visión de sociedad que tienen gobiernos como Estados Unidos, como Argentina y como Chile. Por lo tanto, creemos que es un error lo que ha hecho el Presidente Kast el día de hoy aquí en Nueva York”, aseguró.

Vicepresidente del Senado Iván Moreira (UDI) defiende adhesión, pero advierte que la permanencia de Chile en la CPI “no es transable”

Desde Nueva York, el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), descartó que la incorporación de Chile al plan “Escudo de las Américas” suponga un riesgo o un compromiso mayor para la soberanía jurídica y las leyes del país.

El parlamentario enfatizó que la propuesta corresponde exclusivamente a una declaración de buenas intenciones entre múltiples naciones americanas y latinoamericanas, orientada a articular una defensa común frente a la infiltración y al avance tecnológico del crimen organizado transnacional. En ese sentido, Moreira subrayó que Chile conserva intacta su autonomía y principios, pudiendo retirarse de este esquema de cooperación en cualquier momento si lo estimase conveniente.

“Debe quedar absolutamente en claro que, más allá de una declaración de buenas intenciones, de lograr en conjunto frenar y ganarle al crimen organizado internacional, eso en ningún caso pasa a llevar nuestros principios de país, nuestra soberanía, nuestras leyes y nuestra legítima soberanía jurídica”, afirmó Moreira a El Mostrador.

Asimismo, el legislador oficialista cruzó las aprensiones manifestadas por sectores opositores, afirmando que las críticas responden a “un libreto del pesimismo” redactado por la izquierda chilena con afanes ideológicos para frenar el desarrollo y crecimiento de la nación.

Finalmente, Moreira respaldó las gestiones internacionales del Ejecutivo, argumentando que la delincuencia sobrepasó la capacidad del Estado chileno hace más de una década y que resulta indispensable buscar fórmulas de cooperación internacional que permitan devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos.

Moreira, calificó el acuerdo internacional como una oportunidad directa para fortalecer el combate al crimen organizado y aseguró que Chile mantiene la facultad de adoptar sus decisiones de forma totalmente independiente, sin importar si algún país pudiera incomodarse por ello.

Respecto a las presiones geopolíticas dirigidas hacia los organismos multilaterales, Moreira fijó una postura categórica en defensa del orden jurídico internacional. El legislador aseveró que Chile no puede permitir ningún tipo de presión externa y sostuvo que la Corte Penal Internacional (CPI) debe prevalecer, puesto que el país destaca por su tradición de respeto al derecho internacional, a los derechos humanos y al cumplimiento de sus compromisos.

“Es una oportunidad para fortalecer el combate al crimen organizado, pero no constituye ningún riesgo, porque Chile toma sus decisiones de forma independiente, e independiente también de que se incomode cualquier país. Nosotros no podemos permitir cualquier tipo de presión, la Corte Penal Internacional tiene que prevalecer, porque Chile es un país respetuoso del derecho internacional, de los derechos humanos y  por ningún motivo puede Chile dejarse presionar sobre nuestra permanencia”, dijo el senador.

Finalmente, el representante de la UDI remarcó que la continuidad de Chile en el tribunal multilateral de La Haya no estará en juego en la política exterior chilena ni es una materia transable. En ese sentido, concluyó que la permanencia en la Corte Penal Internacional no puede ponerse en duda.

Los objetivos declarados del Escudo de las Américas

El acuerdo agrupa a 15 naciones del hemisferio con el objetivo estratégico de articular una respuesta coordinada frente al crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, el denominado por Washington “narcoterrorismo”, la migración irregular masiva y lo que la Casa Blanca define como “interferencia extranjera” en el continente.

En términos operativos y conceptuales, la estructura de la iniciativa se articula en cuatro pilares fundamentales.

El primero consiste en el intercambio estratégico de inteligencia e información sobre rutas delictivas, estructuras financieras, lavado de activos y tráfico de armas.

El segundo abarca la coordinación multinacional entre policías, servicios de aduanas, autoridades fronterizas e instituciones armadas.

El tercero introduce un componente militar de mayor envergadura que el de otros esquemas antinarcóticos tradicionales, incorporando la participación activa del Comando Sur de Estados Unidos.

Y el cuarto pilar contempla una dimensión geopolítica orientada a reducir la migración ilegal y limitar la influencia de potencias extrarregionales.

Al anunciar el ingreso oficial de Chile desde Nueva York, el Presidente José Antonio Kast precisó que el acuerdo no constituye un tratado internacional formal ni una alianza de defensa mutua. En consecuencia, la adhesión no implicaría cesión de soberanía, no otorga autorización para el despliegue de tropas extranjeras sin acuerdo del Senado, ni faculta operaciones externas en suelo nacional.

Cuestionamientos diplomáticos a la membresía del Escudo

En círculos diplomáticos, la adhesión de J. A. Kast al Escudo de las Américas puede convertirse en “una bola de nieve”. Según sostienen, la presión ejercida por el Pentágono respecto a la Corte Penal Internacional refleja “una especie de estrategia de la Casa Blanca por convertir una plataforma de cooperación policial en un bloque de imposición diplomática”.

En un punto de prensa posterior al discurso ante la Asamblea General de la ONU y a la adhesión del acuerdo de cooperación en seguridad, el Presidente Kast buscó atenuar las críticas de la oposición y de diversos analistas internacionales.

El Primer Mandatario remarcó que el acuerdo constituía un marco de coordinación voluntaria y descartó la firma de un tratado internacional que comprometiera la soberanía nacional o requiriera aprobación previa del Senado.

Asimismo, el Jefe de Estado rechazó cualquier posibilidad de autorizar operaciones militares de tropas extranjeras en suelo patrio, acotando el trabajo de Chile al intercambio estratégico de datos, análisis inteligente, tecnología y capacitación técnica para Carabineros y la PDI.

El Ejecutivo justificó el ingreso en la necesidad urgente de perseguir con normas homogéneas a estructuras delictivas de alta peligrosidad, mencionando expresamente a la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de los Soles, entre otras. Además, el Mandatario presentó la iniciativa como un complemento del Compromiso de Santiago, buscando coordinar esfuerzos con países vecinos.

A pesar de los descargos de La Moneda, diplomáticos del edificio Carrera, donde se emplaza la Cancillería, advirtieron sobre el peligroso fenómeno de la expansión progresiva de las atribuciones del pacto.

La sorpresiva transición del Gobierno chileno, que mantuvo al país en calidad de observador hasta de septiembre para luego consumar su adhesión plena este martes, dejó en evidencia las vacilaciones del diseño diplomático nacional ante el empuje de la Casa Blanca.

Esta controversia coincidió además con un revés legislativo en Valparaíso, donde la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por un voto el proyecto para ampliar el plazo de detención de migrantes irregulares de 5 a 30 días, un resultado que José Antonio Kast criticó duramente desde Nueva York.