La principal empresa de medios de Argentina, Grupo Clarín SA, solicitó a la Corte Suprema una audiencia para esgrimir sus argumentos contra la implementación de una ley que la obligaría a vender activos como su rentable división de televisión por cable.
Lo que está en juego es el futuro de Clarín como una empresa de medios influyente e independiente que ofrece programas de entretenimiento y de noticias a millones de argentinos a través de sus servicios de televisión por cable e Internet. Algunos analistas dicen que también está en juego la libertad de expresión, dado que Clarín es una de las pocas compañías multimediales que no dependen de la publicidad del gobierno u otros fondos del Estado.
La medida es el acontecimiento más reciente en una prolongada batalla legal entre la empresa y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien sostiene que la empresa es un monopolio que busca sacarla del poder.
Clarín ha estado desafiando la ley en una corte de instancia menor desde que fue aprobada por el Congreso en 2009. La empresa acusó al gobierno de «privación de justicia» al sacar a los jueces del tribunal que debía resolver la disputa.
En un comunicado publicado el jueves por Twitter, Clarín afirmó que la corte ya no ejerce sus funciones porque sus jueces han renunciado, se han inhabilitado o han sido obligados a salir por parte del gobierno.
