Una eventual recaída en cesación de pagos pondría en riesgo poco más de un tercio de las divisas que ingresan en el país por lo que suele denominarse el canal financiero, además de complicar los pagos de las operaciones comerciales de las empresas.
Así coincidieron en advertirlo distintas consultoras que refutan la teoría de un daño acotado a la economía local que, en las últimas horas, esgrimieron voces cercanas al oficialismo para justificar la dureza discursiva del Gobierno en la disputa por la deuda.
«El análisis frío de los vínculos financieros con el exterior demuestra que el impacto potencial de un nuevo default no es menor. Si bien LA NACION no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda, el crédito externo viene siendo una fuente de divisas bastante más importante que lo que se suele creer, según muestran las propias cifras oficiales», alertó el economista Federico Muñoz, de la consultora Muñoz & Asociados.
Al revisar las cifras del balance cambiario que con periodicidad trimestral difunde el Banco Central (BCRA), Muñoz observó que los fondos originados en préstamos procedentes del exterior, ya sea de las casas matrices de las empresas a sus respectivas a filiales o de organismos multilaterales, aportaron el 31% de los dólares totales que ingresaron en el país en lo que va del año.
«Del total de 111.000 millones de dólares brutos ingresados al país en los primeros nueve meses de 2012, el 62% se explica por exportaciones de bienes y servicios, pero otro 31% (unos 34.000 millones de dólares) tiene origen en créditos externos, ya sea oficiales, de casas matrices o comerciales. Es un monto mayor que el que podría suponerse en un contexto de aparente autarquía financiera y que no debería ser obviado por las autoridades al evaluar la situación creada en torno de la deuda argentina», insiste Muñoz, y señala que el costo de estos giros podría encarecerse, o directamente, quedar bloqueados.
La estimación del impacto toma en cuenta tanto un probable default formal o técnico del país, es decir, si la Argentina incumple con algún pago o con algunas de las condiciones que oportunamente pactó para realizarlos, como cambiar su jurisdicción. Ocurre que, a los fines de las cláusulas que gatillan las calificaciones representativas de un default o el pago de las garantías tomadas en el mercado contra este tipo de contingencias (seguros), cualquiera de los dos escenarios complicaría más el normal giro de divisas desde y hacia el país.
Los efectos ya fueron advertidos por otros informes. «Si Argentina incurre en un nuevo default, los flujos financieros hacia el país se verán reducidos de manera sustancial, aun cuando ya venimos de una situación para nada holgada, y más allá de las mejores condiciones del balance comercial que se vislumbran para el año próximo, implican un lastre más para la recuperación que se esperaba, según la consultora ACM.
En este sentido, aludían a la retracción en el financiamiento ya registrada en el tercer trimestre del año, «que elevó el ratio entre los pagos de importaciones y las importaciones efectivamente realizadas a cerca del 100% en lo que va del año, cuando en 2011 se ubicaba cerca del 90% e incluso el mismo indicador entre exportaciones subió de 94 a 99%», lo que implica que se pagó al contado casi todo lo que se compra y se perdió manejo financiero para lo que se vende, lo que ya horada la capacidad exportadora del país.
«El default sería negativo sobre el crédito y el nivel de actividad porque terminaría de cerrar el anémico canal del financiamiento externo y complicaría aun más el acceso al crédito interno de familias y empresas de menor tamaño, al competir por los fondos locales con provincias y grandes empresas», advirtió la consultora Empiria.
Tucumán confirmó que prorrogó por 90 días el pago de un título en dólares que vencía el próximo 5 de diciembre. Lo hizo para habilitar una opción de rescate anticipado de dos bonos, con quita del 50% del valor, y pesificar los servicios para quienes no se adhieran a la oferta. El secretario de Hacienda de Tucumán, Rolando Steimberg, comunicó la decisión a través de una carta enviada a la Bolsa de Comercio porteña, referida a los bonos Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos II y III (TUCS2 y TUCS3). En octubre, el gobierno de Alperovich había afirmado que pagaría en dólares el próximo vencimiento.