«Los accionistas no tienen derecho a exigir ‘TODA’ la información que requieran en relación con los negocios sociales», fue la respuesta que a través de una carta a la SVS, dio el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Calichera (sociedades que componen la cadena de control de SQM), Aldo Motta, luego de que accionistas minoritarios exigieran un informe detallado sobre operaciones bursátiles y de financiamiento efectuadas por estas sociedades.
Según el documento: «el derecho a obtener la totalidad de la información relativa a la marcha de los negocios corresponde no a los accionistas, sino que a los directores de la sociedad, quienes no son representantes ni mandatarios de aquéllos (…) El directorio considera que también resulta improcedente que accionistas de la sociedad exijan al gerente general la entrega de los antecedentes allí indicados, toda vez que no corresponde a éstos impartir órdenes a dicho personero social».
De esta manera, quedó constatada la posición de las sociedades con las que Julio Ponce controla SQM respecto de la petición efectuada por Moneda, Consorcio y las AFP. Este grupo de minoritarios poseedor del 12,3% en Norte Grande y el 15,7% en Oro Blanco pidió a fines de abril una junta extraordinaria de accionistas (fijada para este viernes) para que la administración dé antecedentes detallados de compras y ventas de acciones hechas por éstas, conteniendo fechas de transacción, número de acciones, precio pagado, el método utilizado (en bolsa, remate o fuera de bolsa), el financiamiento de la operación, forma de pago y nombre del corredor de bolsa o intermediario utilizado.
Además exigieron que se les informe todas «las operaciones de préstamo o crédito en cuenta corriente o de cualquier otra forma realizadas» entre Oro Blanco y Norte Grande, sus filiales, matrices y coligadas, informando el nombre del acreedor, el deudor, la fecha de operación, el monto involucrado, entre otros detalles. También dentro del período 2009 y 2012.
Además de que se explicite el interés social para estas sociedades de estas operaciones, las AFP, Moneda y Consorcio solicitaron la individualización de los directores, ejecutivos y empleados o asesores de Norte Grande y Oro Blanco, o de otras sociedades relacionadas que habrían intervenido en estas operaciones; y si dichos movimientos fueron conocidos por los directorios de ambas sociedades y relacionadas.
Aclarando la citación. La respuesta de Motta se produjo luego de que la SVS le pidiera aclarar el llamado a la junta extraordinaria, considerando que en éste quedó definido que los accionistas se pronunciarían respecto del informe requerido por los minoritarios.
Una situación que hace prever el voto en contra de Ponce, lo que despertó la molestia de este grupo de accionistas, quienes expusieron que «un pilar fundamental del gobierno corporativo y de la adecuada administración de las sociedades es la transparencia e información íntegra, veraz y oportuna, lo que significa que se les debe entregar ‘TODA’ la información que requieran».
Sin embargo, en el documento enviado al regulador se argumentó la citación con el amparo de lo que dice la Ley de Sociedades Anónimas, la cual -en su artículo 55- dice: «(las juntas extraordinarias) podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades sociales para ‘decidir’ respecto de cualquier materia que la ley o los estatutos entreguen al conocimiento de las juntas de accionistas». Mientras que el artículo 62 afirma que «las materias sometidas a la ‘decisión de la junta’ deberán llevarse individualmente a votación…».
SVS tendrá que decidir. El grupo conformado por Moneda, Consorcio y las AFP ya están al tanto de la respuesta de Motta. Al respecto, éstos esperan que la SVS sea la entidad que decida cuál de las dos partes tiene la razón respecto de si es o no viable el informe requerido.
Por ahora, la junta extraordinaria de accionistas se mantiene en pie, de la misma forma que la cita hecha por la Fiscalía Oriente para interrogar este miércoles a Julio Ponce y Pablo Echeverría, presidente de Moneda, al mismo tiempo.P
