Los ejecutivos top que deberán declarar en el caso La Polar

Nada menos que 220 personas serán citadas a declarar por el Ministerio Público, según detallara el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, en su acusación del denominado caso La Polar que presentó el pasado 23 de diciembre ante el 2° Juzgado de Garantía.

En un documento de 708 páginas, la fiscalía detalla cada uno de los pasos que derivaron en el fraude que, según la fiscalía, fue llevado a cabo por los nueve ex ejecutivos acusados, siendo los principales: Pablo Alcalde, ex presidente de la multitienda, para quien la fiscalía pidió una pena de 14 años y multa por seis mil UTM; la ex gerenta de administración María Isabel Farah y el ex gerente de productos financieros Julián Moreno arriesgan 12 años de cárcel, y el ex gerente general Nicolás Ramírez se le acusó por delitos que suman una pena de nueve años de presidio efectivo.

En la acusación, Morales presenta a las personas cuyo testimonio se ofrece rendir en el juicio oral, entre los que destacan varios ex directores de la multitienda, ejecutivos de corredoras de bolsa, gerentes de inversión de administradoras de fondos de pensión, y los superintendentes Raphael Bergoeing (de Bancos), y Fernando Coloma (Valores).

También presenta a operarios de call center de la multitiendas y ejecutivos vinculados al área de cobranzas, que es donde se llevaban a cabo las repactaciones unilaterales y que derivaron en el fraude.

En resumen, según Morales, los ex ejecutivos de La Polar hacían creer al mercado que la empresa funcionaba como reloj, y que los clientes morosos incobrables estaban al día. Esto se tradujo en estados financieros falsos que escondían pérdidas por unos US$1.000 millones, en circunstancias que la empresa tenía utilidades a vista del mercado.

“(Los imputados) facilitaron consciente y voluntariamente los medios esenciales para que estos delitos se cometieran, ilícitos a través de los cuales se afectó gravemente al mercado, a la banca, a sus accionistas, a los inversionistas y al sistema económico en general”, dice el documento de la fiscalía.

ENTRAMADO
Según la fiscalía, la práctica de renegociaciones unilaterales tuvo un efecto incremental directo en la determinación de la cartera de créditos por cobrar que integraba los estados financieros que la empresa informaba, toda vez que permitió aumentar artificialmente el monto de dicho folio, no sólo por los supuestos nuevos créditos vigentes que en éste eran contabilizados, que abultaban las cuentas de ingresos y egresos, sino que, además, por la creación también artificial de gastos de cobranza, intereses por mora y administración de la cartera, e intereses devengados por esos nuevos créditos.

Dicho efecto se ve reflejado, según la acusación, en las cuentas contables cartera clientes crédito e intereses no devengados cartera clientes crédito.

Asimismo, la sustitución artificial de clientes que integraban la cartera en mora por clientes que pasaban a integrar la cartera de créditos vigentes, permitió también ocultar la real morosidad de las personas y el real riesgo asociado a la cartera, en la medida que los montos que fueron rebajados de la referida cartera de créditos por cobrar por concepto de deterioro de deudores comerciales, fueron menores a los reales.

“Todo lo anterior terminó afectando la veracidad de los resultados de la compañía, en la medida que habiéndose incrementado artificialmente tanto la cartera de créditos por cobrar como el monto de los ingresos obtenidos por la sociedad, las utilidades que fueron informadas en los referidos estados financieros fueron también mayores que las reales, al no reconocerse ni descontarse el monto real de las provisiones, esto es, el verdadero porcentaje de riesgo de incobrabilidad de la cartera ni sus respectivos castigos”, dice la acusación.

De esta manera, entre 2006 y 2010, La Polar informó al mercado utilidades acumuladas por $164.492 millones, en circunstancias que se logró establecer, según la fiscalía, que la utilidad acumulada al 31 de julio de 2011 en realidad era de -$408.588 millones, producto fundamentalmente de un incremento en la estimación de deudores incobrables.