Cerca de dos meses transcurrieron para que la Contraloría General de la República se pronunciara sobre el requerimiento de la defensa de Julio Ponce en contra del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, sobre la legalidad de los actos administrativos, en el marco de la investigación por el caso Cascadas.
Y aunque no dio luces de los alcances de su dictamen, Ramiro Mendoza adelantó ayer que la decisión “pudiera intervenir actualmente la decisión actual del superintendente o pudiera dar unas ciertas reglas de la actuación del superintendente de aquí en adelante o pudiera dejarnos a las expectativas de la solución final del superintendente”.
En una audiencia entre ambos convocada por el contralor -que estaba agendado para las 13:00 horas, pero que se postergó por petición de Coloma hasta las 16:30 horas- el contralor habría notificado al superintendente sobre el pronunciamiento del organismo, trámite que también se habría realizado con la defensa de Ponce. Pese a que la cita duraría sólo 30 minutos, cercanos proceso comentaron que el encuentro se extendió por cerca de una hora y media. Al término, el superintendente se retiró por los estacionamientos de la Contraloría, sin comentar los detalles de su cita con Mendoza.
De acuerdo a la versión entregada por el propio contralor, hoy podría conocerse el dictamen del organismo, luego de la notificación a las partes involucradas. De esta forma, tras el dictamen del organismo, esta se transformará en “una arista zanjada definitivamente por la Contraloría” en el caso Cascadas.
Ahora, y despejados los recursos de protección de Aldo Motta y Roberto Guzmán Lyon, sólo resta el proceso penal, cuya investigación está a cargo del fiscal José Morales, quien la próxima semana debería llamar a declarar a Fernando Coloma y los otros dos funcionarios de la Superintendencia.
