Los últimos cuatro años no fueron fáciles para Fernando Coloma. Durante su gestión, el economista llegó a ser tildado de "inconstitucional" por los abogados de los mayores grupos empresariales del país por tratar de inyectar transparencia a los directorios de las empresas. Por otro lado, por su rol como fiscalizador Coloma se lleva como "parte de su pago" una inédita querella por prevaricación interpuesta por la defensa de Julio Ponce en el marco del Caso Cascada.
Son pruebas de que Coloma es una autoridad a la que no fue posible entender en términos medios. Su gestión le valió la admiración de muchos por su lógica de hacer al mercado más "fair", lo que según explicaba recurrentemente en sus presentaciones "no es sólo la traducción de la palabra ‘justo’, sino que es más amplio". Pero lo mismo también le valió críticas, debido a un enfoque considerado por muchos como "excesivamente teórico". Eso desde afuera. Desde adentro de la Superintendencia fue criticado por funcionarios de la repartición por querer hacer siempre más con recursos limitados.
Matías Zegers, abogado de estudio Bahamondez, Álvarez y Zegers y director del Centro de Gobiernos Corporativos de la U. Católica, señala -habiendo asistido a todas las cuentas públicas de este superintendente- que en general "(todos) los objetivos trazados se fueron cumpliendo".
Así las cosas, Coloma será recordado como el superintendente de Valores y Seguros que defendió el modelo de la economía de mercado desde lo estricto. El fuerte empuje a la liquidación de seguros después del terremoto (donde tuvo que manejar cerca de 190.000 reclamos de viviendas damnificadas), la institucionalización de la fiscalización in situ, el aumento en la percepción de responsabilidad para los directores, clasificadoras y auditores, e incluso el espacio para la autorregulación, son algunas de las marcas registradas del economista de la U. Católica y la U. de Chicago.
Arturo Cifuentes, director del Centro de Regulación y estabilidad Macrofinanciera (CREM) de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, y recientemente elegido para presidir el Comité Financiero del Ministerio de Hacienda, rescata como lo mejor de la gestión de Coloma "su buena disposición para escuchar los comentarios de la industria y expertos en relación con las nuevas iniciativas regulatorias".
Huella del superintendente
Coloma también será recordado como el último jefe con una autoridad personalizada en la SVS por todo su período, puesto que en medio de la gestión del próximo personero se espera que se cree un cuerpo colegiado, el que estará determinado por la futura Comisión de Valores y Seguros, que reemplazará a la actual Superintendencia.
También por enfrentar casos connotados, quizás los mayores escándalos financieros desde Inverlink, como el de La Polar y el Cascada, además de la cuestionada capitalización de Enersis. Respecto del caso que envuelve a las matrices de SQM, su labor ha sido valorada por investigar de una vez una situación controvertida por años, pero no ha estado exento de críticas, principalmente por quienes fueron objeto de la formulación de cargos, como el propio Julio Ponce, quien llevó a Coloma a la justicia, y Leonidas Vial, presidente de LarrainVial. Sobre su labor con respecto a la multitienda también hay reparos: "Hubiera preferido un trabajo más prolijo que necesariamente hubiera llevado a la conclusión de que (los ex directores) Cortázar y Cariola no tenían ninguna responsabilidad", dice Cifuentes.
A Coloma también le tocó sentar las bases de la implementación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), conformado por Santiago, Lima y Bogotá. Creó la nueva área de fiscalización de auditoría; implementó la supervisión sectorial, donde ya ha avanzado en el retail, el sector constructor e inmobiliario y recientemente en el salmonero. Además, jugó un rol de intérprete de la recién implementada norma IFRS.
Coloma termina su gestión llevándose consigo el reconocimiento del gobierno, pues es la primera autoridad, desde Daniel Yarur, en completar un período entero en la SVS.
Supervisor y regulados enfrentan efectos del terremoto de 2010
Supervisión Basada en Riesgo ha sido probablemente una de las tareas más complejas en el área de los seguros que ha debido enfrentar la SVS en estos últimos cuatro años. Cómo no, si es el cambio más importante para el cual la industria se está preparando. El más reciente avance fue la emisión del segundo White Paper, mediante el cual se busca calcular el capital basado en riesgo de las aseguradoras.
Sin embargo, esta no ha sido la única tarea. Fernando Coloma asumió la SVS a sólo días de haberse producido el terremoto de febrero de 2010. Tras la catástrofe, una de las primeras tareas de la Superintendencia fue monitorear los efectos del terremoto en las entidades fiscalizadas para determinar la continuidad de las operaciones, grado de deterioro, seguros comprometidos y coberturas. A ello le siguió un monitoreo periódico sobre el procedimiento de liquidación y pago de siniestros.
Superada esta prueba de fuego para regulador y regulados, la SVS se enfocó en otra de las grandes tareas en el área de seguros que finalmente repercutió sobre la industria bancaria. La licitación de seguros asociados a créditos hipotecarios que comenzó a implementarse en 2012, una normativa que supuso un trabajo en conjunto con la Superintendencia de Bancos.
Además, propició una serie de medidas de autorregulación en la venta de seguros comercializados a través del retail.
Las nuevas regulaciones en el mercado de valores
1) Sin duda una de las regulaciones más controversiales implementadas por la SVS para el mercado de valores fue la norma N° 341 que obligó a las sociedades anónimas a difundir sus prácticas de gobiernos corporativos. Fue emitida en 2011, recibiendo críticas de las empresas, incluso acusándolo de llevar a la práctica normas inconstitucionales.
2) Pero la SVS también restó carga regulatoria para algunos emisores de valores. Es decir, también liberalizó algunos mercados. Mediante las normas N° 336 de 2012, la N° 345 del 2013, y N° 353 también del año pasado, la SVS clarificó primero los parámetros de una oferta privada de valores, permitió luego la oferta pública de valores sin el requisito de inscripción para casos específicos, y modernizó los requisitos para la oferta pública de valores extranjeros en Chile.
3) Por el lado de las corredoras de bolsa, la regulación tampoco fue liviana. La Circular N°1985 emitida en 2010 las obligó a informar a sus clientes las condiciones en que se ejecutaron sus órdenes (precios en todas las bolsas y explicar por qué no se optó por la mejor opción). Su implementación ha sido difícil hasta hoy e incluso ha derivado en un conflicto entre las bolsas, hoy en manos de la FNE.
Además, la norma N° 295 de 2011 decretó que todos los funcionarios de una corredora debían acreditar conocimientos mínimos. Unos 4.000 profesionales de la industria bursátil se prepararon para rendir la "PSU de la bolsa", cuyos resultados tuvieron altas tasas de reprobación (40% según datos publicados por PULSO, hasta septiembre de 2013).
Algo pendiente será la implementación de una nueva norma que busca elevar los estándares de las corredoras de bolsa, la cual ya cerró su período de consulta. Con ésta, la SVS busca que las intermediarias expliciten sus conflictos de interés, transparenten sus políticas de remuneraciones y también de sus propias inversiones, lo que podría derivar en una eventual apertura de sus carteras propias. Sobre esto último, la SVS ya dio un paso en junio pasado con la circular 2108, orientada a los administradores de activos de terceros. Uno de los cambios más relevantes fue explicitar el mecanismo de cobros, obligando a las administradoras a devolver recursos obtenidos de manera extraordinaria con el capital de sus clientes, eliminando los denominados "rebates".
