Ponce agudiza críticas a SVS y denuncia que entidad no le permite defenderse de cargos

“Improcedentes o innecesarias”, “tiene conocimiento de sus actuaciones, por lo que no cabe rendir prueba sobre éstos”, “no se refiere a hechos precisos a probar, sino que corresponde a un argumento adicional desarrollado en los descargos”; son algunas de las razones que ha dado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para desestimar algunas de las pruebas con las que Julio Ponce busca defenderse de los cargos imputados por el regulador.

Una situación que tiene seriamente enfrentados a Ponce con la institución. Más allá de los recursos que -por aspectos formales- se han presentado ante instancias como la Corte de Apelaciones, hace poco más de dos semanas que la defensa del controlador de la cascada sobre SQM presentó un nuevo oficio a la SVS, esta vez apuntando al fondo del asunto. Pues le reclamó a la entidad su rechazo a investigar 8 hechos que para la defensa del formulado son claves, así como otras 10 diligencias, entre las cuales se requerían pruebas testimoniales de personas.

La respuesta de la SVS llegó la semana pasada, sin embargo requiriéndole precisiones en relación a dicho oficio, situación que terminó por descolocar a los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi -dupla que representa a Ponce ante la SVS. Es que el Caso Cascada está en juego, pues es precisamente en esta etapa probatoria (hasta el 31 de julio) en la que los formulados se la juegan por su defensa, situación por la que los abogados de Ponce ya solicitaron la inhabilidad de la institución para seguir a cargo del caso, lo que se hará evidente en la Corte de Apelaciones.

“Esta ilegítima decisión de la Superintendencia equivale a haber rechazado anticipadamente uno de los principales argumentos de los descargos, sin siquiera recibir las pruebas pertinentes. (…) Está admitiendo que prejuzgó o, en otros términos, que ya tiene una decisión en este caso, lo que la inhabilita para seguir adelante con el mismo, e invalida todas sus actuaciones futuras y previas, toda vez que se han incumplido los estándares mínimos de imparcialidad y objetividad que debe tener la autoridad administrativa”, se asevera en el oficio en cuestión.

Los hechos y diligencias.

“Proponer la realización de la prueba que crea pertinente a sus intereses y que resulte apta para desvirtuar las imputaciones hechas por la Administración (…) Dentro de la más amplia libertad, podrá aducir defensas y hechos destinados a desvirtuar las imputaciones formuladas en los cargos”, sostuvo el regulador en un instructivo previo a la etapa probatoria.

Por un lado, fuentes de mercado afirman que la SVS no ha hecho discriminaciones selectivas, sino que se ha regido al artículo 35 de la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos.

Algo que, para la defensa de Ponce, justamente vulnera el regulador al desechar, por ejemplo, una investigación sobre el origen de la formulación de cargos, las negociaciones y objetivos de las mismas, la influencia de los denunciantes y actores como Moneda y las AFP; entre otros requerimientos.

La SVS también rechazó investigar una serie de diligencias argumentando que “no guardan relación con los hechos fundantes de los cargos”, para lo cual se citarían a una series de testigos. Por ejemplo, sobre la “efectividad de que previo a que Moneda presentara su denuncia ante la Superintendencia, circuló un panfleto anónimo relativo a ciertas operaciones”, se citó a declarar a Raimundo Valenzuela, Pablo Guerrero y Pablo Echeverría.

Oficios a Moneda y las AFP, “para que informen de todas y cada una de las operaciones” que hayan efectuado en la cascada; a las sociedades Axxion, Bancard y Santa Cecilia, para que informen lo mismo, detallando “las razones económicas, financieras y/o de cualquier otra índole que justifiquen dichas operaciones, especialmente en cuanto al precio de las mismas y el mecanismo bursátil que se hubiere elegido para implementarlas”; un oficio a la Comisión de Trabajo del Senado, para que remita las grabaciones y actas de las sesiones cuando dicha instancia citó a los ex reguladores Fernando Coloma (SVS) y Solange Berstein (SP), instancia en que el fiscal de la SP, Alejandro Charme, declaró que las AFP efectuaron cerca de 4.000 operaciones en la cascada, en condiciones de mercado sin afectar el ahorro de los trabajadores; oficios a las bolsas de Santiago y Electrónica para que informen acerca de la existencia de sanciones o infracciones a los reglamentos y manuales de dichas entidades por parte de la cascada; fueron antecedentes que desestimó el regulador para ser consideradas por la defensa en este período probatorio.

Además, pidieron un oficio a la Bolsa de Santiago para que informe sobre el remate de Agunsa del 10 de julio de 2009, día en el que la acción bajó 33,83%.

Efectos relevantes.

Hoy la Corte de Apelaciones es un actor más en este caso.

Ha sido el depositario de una serie recursos de ilegalidad que han presentado sujetos formulados en este caso como Leonidas Vial, Aldo Motta, Roberto Guzmán y Julio Ponce. De hecho, el pasado viernes rechazó un recurso de reposición de este último.

Los oficios administrativos que hoy circulan entre la SVS y las partes formuladas, serán antecedentes que probablemente los revisará la Corte en un escenario -eventual, pero posible- de que la SVS termine sancionando a los formulados; entidad que revisará con lupa si acaso hubo perjuicios al derecho de defensa de las partes.