Ya se habla de la necesidad de “sacrificios” para bajar la presión
Con lupa se han revisado varias veces todas las boletas del comando bacheletista, una tarea que habría sido responsabilidad, afirman en el Gobierno, de Cristián Riquelme, quien precisamente fue el encargado de manejar todos los recursos recaudados para la campaña del 2013 y que hoy se desempeña como director administrativo de Palacio.
Desde que estalló la arista política del caso Penta y el Ministerio Público comenzó a escarbar en el financiamiento de las campañas políticas, ha sido un ejercicio casi obligado en el mundo político desempolvar sus boletas para verificar que tengan el debido respaldo y no sean parte de las irregularidades investigadas. Este chequeo lo ha realizado incluso La Moneda y no una, sino que en varias ocasiones durante los últimos meses, para asegurarse que la bola de nieve de las acusaciones no llegue hasta Palacio y, menos, que golpee a la Presidenta Michelle Bachelet.
Durante la primera quincena de enero, estalló la polémica del “caso yate”, que involucró al propio canciller Heraldo Muñoz, cuando el diario The Clinic online difundió una exclusiva cena que se había realizado en septiembre del 2013 en Nueva York, para recaudar fondos para la campaña de Bachelet. El mal manejo y la confusa respuesta desde el Ministerio de Relaciones Exteriores fue caldo de cultivo para desatar una pequeña crisis en el Gobierno con una situación que no tenía ribetes de ilegalidad, pero que sí puso en alerta a La Moneda.
Fue en esos días, precisamente, que ingresaron a Palacio varias cajas con las boletas que se dieron durante toda la campaña presidencial del 2013. En el Gobierno se reconocía entonces que se había revisado una por una cada boleta, que todo estaba en regla, que había respaldo y justificación legal para cada documento emitido.
Es más, algunas autoridades de Palacio agregaban que no era la primera revisión, que ya se había hecho una previa en el último trimestre del año pasado, precisamente como resguardo por la situación que atravesó en esas fechas el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien fue involucrado en el Pentagate, por una boleta de 4 millones que el holding pagó a su ex fundación Ciudad Justa por un informe, que en el transcurso de la investigación se afirmó que habría sido para pagar deudas de la fracasada campaña senatorial por Santiago Poniente.
Ese primer chequeo fue a pocas semanas de que estallara el Pentagate y fracasaran las gestiones desplegadas por la UDI para intentar lograr un acuerdo político con La Moneda y así poner coto al avance del caso, a fin de evitar que se vieran involucradas figuras del gremialismo. En Palacio explican que, después de eso, el partido liderado entonces por Ernesto Silva se consiguió con el Servel la carpeta completa de la rendición de gastos que hizo el comando de Bachelet, con el objetivo de buscar “artillería” para argumentar el discurso del empate que desplegaba la oposición como defensa pública esos días.
[cita] A pesar del nerviosismo y el susto de muchos, en la coalición de Gobierno son mayoría los que precisan que “no hay espacio político ahora” para un acuerdo que ponga coto a este destape de la nebulosa relación entre la política y el empresariado, que ha sido la tónica de las últimas dos décadas y media. Por ahora, porque en algún momento –acotan– se tendrá que llegar a un consenso entre todos los sectores y delinear las reglas del juego hacia adelante.[/cita]
Notificados de ese hecho, en el Gobierno se tomó la decisión de revisar todo “con lupa” para evitarse sorpresas desagradables.
En La Moneda explicaron esta semana que toda la revisión de las boletas del comando bacheletista habría sido tarea y responsabilidad de Cristián Riquelme, quien precisamente fue el encargado de manejar todos los recursos recaudados para la campaña y que hoy se desempeña como director administrativo de La Moneda. “Él es el hombre clave, él hizo todo el chequeo”, precisaron en Palacio ayer.
Más de un timonel de partido de la Nueva Mayoría ha preguntado en estos meses directamente a las autoridades de La Moneda si existe el riesgo de que el comando bacheletista y sobre todo la Mandataria se vean públicamente involucrados en los escándalos de los financiamientos de campaña. En cada una de esas ocasiones se les ha garantizado que “todo está en regla” y que todas las boletas tienen respaldo.
Los resguardos de Palacio no han servido, eso sí, para aquietar el nerviosismo imperante en el oficialismo desde que la arista del financiamiento hecho por la minera Soquimich a diversas campañas políticas, de todo el espectro, comenzó a tomar fuerza.
Es comentario en la Nueva Mayoría que el nerviosismo inicial pasó de lleno a tener a varios parlamentarios “asustados” si es que la Fiscalía sortea cortapisas como el TC y puede investigar o el Servicio de Impuestos Internos, que recibió documentación parcial de SQM, decide finalmente querellarse para darle con ello herramientas a los fiscales Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Emiliano Arias y Pablo Norambuena de avanzar en esta arista.
El temor se alimenta, explican en la coalición, en que hay una sensación generalizada de “abismo”. Nadie sabe realmente quién puede salir perjudicado y el problema con eso, añaden, es que “todos, sin excepción, pasamos a ser no confiables” ante los ojos de la ciudadanía. Ese clima de pozo sin fondo radica en que puede que respecto de muchos nombres que salgan al ruedo, finalmente, se compruebe que no hay nada ilegal –a diferencia del Pentagate y los parlamentarios UDI involucrados con boletas ideológicamente falsas–, pero el daño es el mismo, agregan, porque a estas alturas todo es visto como algo corrupto por la opinión pública.
En estos días Impuestos Internos está en el epicentro de la polémica, porque se instaló un manto de duda sobre el organismo, por eventuales presiones políticas para no querellarse o al menos dilatar las acciones lo más posible.
En el oficialismo reconocen que la situación del SII “es compleja” en estos días y nadie se atreve a descartar las presiones. En medio de este clima, La Moneda ha optado por la estrategia de desplegar el discurso del respeto por la autonomía de las instituciones para tratar –con poco éxito la verdad, reconocen– de despejar ese aroma a “arreglín político” que se ha instalado y, en paralelo, poner el acento en la necesidad de “cuidar” dichas instituciones.
Una prueba de ello fue la performance del ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en Icare, donde junto con sentenciar que Chile no es un país corrupto, dijo que le preocupa el cuestionamiento a las instituciones, que es “en muchos casos injusto, porque estamos orgullosos de ser un país de trabajadores, de gente comprometida con el servicio público, y de empresarios y emprendedores que generan empleo y riqueza”.
Agregó que “cuando hablamos de que todas estas situaciones sigan un curso transparente y que sean revisadas por las instituciones que corresponde hacerlo, no confundamos eso con prejuzgar, con condenar anticipadamente, o con denostar por los medios que sea a las personas, empresas o funcionarios públicos”.
Muchos en la Nueva Mayoría reconocen que, dado el escenario y clima actuales, no queda otra que el SII dé una señal clara para bajar la presión que impera. Agregan que como el “olor a arreglín” es algo inevitable en estos momentos, el único camino posible para revertirlo es “hacer de tripas corazón” y que Impuestos Internos vaya más allá y se querelle.
En el oficialismo coinciden en que el financiamiento de las campañas se ha convertido en un verdadero “circo romano” y que, guste o no, habrá que hacer sacrificios, “van a tener que rodar algunas cabezas” para calmar las aguas.
A pesar del nerviosismo y el susto de muchos, en la coalición de Gobierno son mayoría los que precisan que “no hay espacio político ahora” para un acuerdo que ponga coto a este destape de la nebulosa relación entre la política y el empresariado, que ha sido la tónica de las últimas dos décadas y media. Por ahora, porque en algún momento –acotan– se tendrá que llegar a un consenso entre todos los sectores y delinear las reglas del juego hacia adelante.
