Despenalización del aborto
En el vecino país, la discusión también dividió a la sociedad. La nueva ley elimina la pena con anterioridad a las ocho semanas de gestación.
Aunque la ley boliviana sigue considerando la interrupción del embarazo como un delito con hasta tres años de prisión, el viernes nuestro vecino país aprobó el artículo 153 de un nuevo Código Penal, el cual ha despenalizado varios casos de aborto bajo diferentes supuestos. La anterior legislación eximía de penas los abortos después de violación o cuando existía riesgo para la salud de la mujer, el actual amplía esa atribución a los abortos que, siendo practicados antes de las ocho semanas de embarazo, hayan sido decididos por mujeres que sean estudiantes o que tengan niños, adultos mayores o discapacitados a su cargo.
Según informa El País, el artículo establece que el aborto de las niñas y adolescentes no recibirá sanción en ninguna etapa del embarazo, aunque siempre dentro de ciertas condiciones que se determinarán en el desarrollo normativo.
La norma obliga también a los servicios públicos de salud a proveer de esta intervención sanitaria a las mujeres que los soliciten y cumplan los requisitos ya explicados, sin poder «alegar objeción de conciencia». Esta facultad se reconoce únicamente de forma «individual» al personal médico y debe ser expresada con anticipación. Además, no tiene validez en caso de riesgo de muerte para la madre.
El Colegio de Médicos actuó en coordinación con los obispos católicos para oponerse al proyecto de esta ley, que fue presentado por el oficialista Movimiento al Socialismo. Aunque el Estado fue declarado laico en 2009 y los abortos terapéuticos se permiten desde los años setenta, la influencia de las iglesias sobre la población boliviana es muy fuerte.
Inicialmente, los parlamentarios defensores de la reforma quisieron suspender el derecho de los médicos y salubristas a negarse a practicar interrupciones del embarazo, pero esto se consideró contrario a los derechos constitucionales de estos. Finalmente, la Cámara redactó el texto que fue aprobado y que permite la objeción de conciencia, siempre que sea individual y no colectiva, y al mismo tiempo obliga a los servicios de salud a formar centros con personal dispuesto a hacer el trabajo que requieran las mujeres que se acojan a la ley.
El debate de esta ley causó una fuerte polarización en la sociedad boliviana y es improbable que hubiera pasado sin la mayoría que tiene el oficialismo en el Congreso. Sin embargo, la cuestión también dividió a los seguidores del presidente Evo Morales, quien no se pronunció sobre el tema, mientras que varios parlamentarios de oposición respaldaron la enmienda, que el movimiento feminista local considera «insuficiente», pero también «un paso adelante».
Fuente: elpais.com
