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Cuando el próximo mes la abogada de Derechos Humanos lidere la interpelación al titular de Justicia y Derechos Humanos, el foco será uno: el bono de reparación a presos políticos y torturados que iban a recibir 3 millones de pesos; un monto que la administración de Piñera negó. Sin embargo, los cuestionamientos de Hertz, tanto con Larraín como el gobierno que representa, son más profundos: “Parte de ese sector sigue hasta el día de hoy justificando los crímenes que traumatizaron a la sociedad chilena. Para ellos no existe lo que en toda sociedad debe existir que es la verdad plena, la justicia y la reparación”.
El próximo 6 de junio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, será interpelado por la decisión del gobierno de retirar el proyecto de ley que establecía la entrega de un bono único de 3 millones de pesos a 26 mil personas registradas en los informes Valech I y II víctimas de la prisión política y la tortura. La interpeladora será la abogada y diputada, Carmen Hertz -presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara- quién está convencida que existe un nivel de reparación que no llegó a este grupo de personas, que hoy viven un nuevo portazo a sus demandas.
-Hay quienes señalan que hora se usa la herramienta de la interpelación como algo común y no extraordinario, ¿por qué la defiendes en este caso?
-La interpelación es una herramienta con la que dispone la Cámara de Diputados para fiscalizar los actos del Ejecutivo, es una herramienta que permite conocer del ministro del sector las preocupaciones y las consultas que la Cámara requiera y en el caso del retiro intempestivo que se hizo del aporte reparatorio a los presos políticos, que ya había sido aprobado por la comisión de DDHH y pueblos originarios, implica juicios que el ministro tiene que explicar en la cámara.
-¿Crees que existe una razón ideológica tras la decisión del gobierno para retirar este bono?
-Este gobierno representa, mayoritariamente, aquel sector político que en su momento propició, aplaudió y justificó el extermino. Parte de ese sector sigue hasta el día de hoy justificando los crímenes que traumatizaron a la sociedad chilena. Para ellos no existe lo que en toda sociedad debe existir que es la verdad plena, la justicia y la reparación.
Para Hertz, la reparación que buscaba el bono era fundamental en el reconocimiento de un vacío antiguo y de larga data. “A mi juicio era un aporte tardío y miserable, pero retirarlo y negar incluso eso, es algo que violenta las obligaciones internacionales del Estado de Chile, violenta no solo al colectivo que padeció la prisión política y la tortura, que hoy son todos mayores de 70 años y que además, es un sector tremendamente empobrecido y maltratado, sino que violenta al conjunto de la sociedad chilena”, sentenció.
-¿La interpelación será sobre el bono en específico o busca ahondar en la cercanía que tuvo el ministro Larraín con la dictadura?
El centro del cuestionario temático que se envió al ministro es las razones y las consultas por el retiro intempestivo del proyecto de ley que, además, era complementario de una ley que se había aprobado el 2015 después de años de mesas de trabajo con los presos políticos, donde también hubo huelgas de hambre por parte de ellos, todo para aprobar este proyecto que hoy se retira.
-¿En lo personal cree que Larraín era la mejor persona para asumir un ministerio de Justicia y DD.HH?
-Quizás no era la mejor persona. Existe la presión de un grupo que apoyó a Piñera, mayoritariamente en segunda vuelta, y que son los criminales de lesa humanidad que ahora están recluidos en Punta Peuco y hoy están exigiendo el cumplimiento de promesas. Nosotros necesitamos claridad respecto a esas promesas y al eventual indulto de esos crímenes que, como bien se sabe, está prohibido por el Derecho Internacional. En Chile, como en la comunidad internacional, se sabe -y ha quedado en evidencia en los informes de las comisiones internacionales y los procesos tardíos que se han llevado a la justicia por los crímenes de exterminio de la dictadura- que se intentó eliminar a un sector de la población a través de distintos métodos: ejecuciones, lanzamiento y también se sabe que una de las prácticas de extermino fueron estas detenciones masivas y torturas a las que se sometió a las víctimas solo por sus opiniones políticas. El mundo de los ex presos políticos no ha recibido la reparación y el reconocimiento del Estado chileno. Todos los gobiernos de la transición democrática están en una deuda histórica con este sector.
Para la abogada, el ministro Larraín –independientemente de lo que son sus opiniones hoy como la condena por los dichos del diputado Urrutia- pertenece a un partido que no solo avaló el golpe, sino que “justificó, avaló y propició el exterminio. Y hay un sector que hasta el día de hoy lo sigue relativizando”, dice.
