MERCADOS
En julio de 2017, Renato Traverso fue condenado a indemnizar un ex socio con un pago sobre los $3 mil millones, pero mediante diversas acciones su defensa ha dilatado la revisión del caso en segunda instancia, presentando incluso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Pero la batalla siguió escalando y llegó hasta los mismos abogados de las partes y hoy seis abogados de la plaza y el titular de la 34ª Notaría de Santiago están querellados por asociación ilícita, falsificación y uso malicioso de instrumento público, además de estafa y/o fraude procesal.
“En la confianza está el peligro”. Este enunciado de la sabiduría popular probablemente fue el origen de una batalla judicial que durante casi una década tiene enfrentados a dos empresarios que en antaño fueron estrechos amigos: Renato Traverso Marsili y Manuel Cuesta Wasser, el primero el dueño Traverso, la conocida marca de vinagres y sucedáneos de limón, y el segundo un mediano empresario inmobiliario que acusa al primero de haberlo engañado para quedarse con todos sus activos y dejarlo en la quiebra.
La historia se remonta a principios de 2006, cuando ambos firmaron un protocolo marco que contempló una serie de acciones que cada uno debía llevar a cabo para conseguir el financiamiento que le permitiera a Cuesta seguir desarrollando un proyecto comercial en cuatro paños de terreno ubicados en pleno centro de Santiago (en la manzana conformada por las calles Balmaceda, General Mackenna, Teatinos y Morandé), cuyo valor comercial supera los $15 mil millones, y cuya propietaria era la sociedad inmobiliaria Santa Anita S.A., firma fundada por este junto a su cónyuge.
Sin embargo, Cuesta acusa a Traverso de haber concretado sólo uno de los compromisos consensuados entre ambos, que consistió en el asumir la titularidad del 82% de las acciones de Santa Anita S.A., mediante un traspaso simulado para el empresario tramitara un préstamo bancario para su entonces amigo, que le permitiera a éste obtener la liquidez necesaria para seguir buscando a un socio inversor y retomar las obras de su proyecto “Mall Puerto Mapocho”. Sin embargo, todo lo demás habría sido incumplido y, dentro de esos acuerdos, que las acciones de la empresa debían volver a la propiedad de Cuesta en la medida que él encontrase a un socio y pudiera pagar el préstamo bancario solicitado por Traverso.
Más allá de los tecnicismos legales de dicho acuerdo, lo cierto es que a principios de julio de 2017, después de ocho años de tramitación, el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo falló a favor de Cuesta declarando la nulidad de dicho protocolo, obligando a Traverso a devolverle las acciones de Santa Anita S.A. a Cuesta, además de pagarle una indemnización de más de $3 mil millones, por la apropiación de los terrenos (realizada a través de una serie de compraventas simuladas entre las sociedades relacionadas a Traverso: La Parva S.A., Plásticos PET S.A. y Traverso S.A.) y por la serie de perjuicios que sufrió por el incumplimiento de los acuerdos ahí establecidos y que finalmente lo llevaron a la quiebra.
Hasta ahí, el conflicto entre los empresarios corrió por carriles comunes a todos los procesos judiciales: ambas partes apelaron y presentaron recursos de casación para tratar de obtener sus pretensiones que, en el caso de Cuesta, es el pago de $7.500 millones por concepto de los daños y perjuicios sufridos, mientras que en el caso de Traverso es que se le absuelva por los delitos civiles por los que fue condenado y se deje sin efecto el pago de la millonaria sanción.
En el intertanto, los abogados de Traverso presentaron querellas criminales contra Cuesta por los delitos de amenazas y usurpación de los terrenos en disputa, las cuales ya fueron archivadas por falta de pruebas.
En octubre de 2017, la Corte de Apelaciones de San Miguel, tras acoger la tramitación de todos los recursos, resolvió integrar el caso a la tabla ordinaria de tramitación, para la realización de los alegatos correspondientes, dejando el caso en el estado denominado como “autos en relación”.
Pero en enero de 2018 todo comenzó a enredarse, cuando los abogados de Traverso del estudio Gratsy, Quintana, Majlis presentaron un escrito en el tribunal de alzada para informar de la realización de una Junta extraordinaria de accionistas de Santa Anita S.A. en octubre de 2017, convocada por su representado, y a la cual solo acudió él, ya que Gloria Nazar, la otra accionista de la sociedad y ex esposa de Cuesta, nunca fue convocada mediante carta certificada en su domicilio, tal como se establecen en los estatutos de cualquier sociedad anónima.
En esta junta, Renato Traverso como único accionista presente, resolvió destituir a Manuel Cuesta como gerente general y representante legal de Santa Anita S.A., destituir a su ex cónyuge Gloria Nazar del cargo de directora, y nombrar a Roberto Narváez Parra (abogado) y Ciro Acuña Vargas (contador) como nuevos directores y a este último designarlo además como el nuevo gerente general y representante legal de la firma.
Acto seguido, la nueva junta de directores resolvió revocar los poderes de representación de los abogados contratados por Cuesta como patrocinantes de la empresa Santa Anita en el juicio contra Traverso, Christian Cuevas y Francisco Aguayo, quienes llevaban más de ocho años litigando en el proceso, y nombrar a un nuevo abogado para representar a la compañía: Sthepan Lührmann Ortiz. Sumado a estos actos, también decidieron poner término al juicio de la mencionada firma contra Traverso, mediante un acuerdo extrajudicial en el cual empresas Traverso S.A. pagó la suma de $ 100 millones a Santa Anita S.A. por concepto de indemnización por los daños y perjuicios a su patrimonio.
Es decir, en un dos por tres, Renato Traverso pasó de ser demandado a ser demandante y demandado, para después auto pagarse $100 millones de pesos para terminar un juicio emprendido por su ex socio, todo esto con la asesoría de los nuevos abogados de Santa Anita designados en esa misma singular junta de accionistas: Andrés Cabello Violic y Franco Acchiardo Olivos.
Aunque la defensa de Traverso dice que en modo alguno esto habría perjudicado a Manuel Cuesta, lo cierto es que en el fallo que favorecía a este último por más de $3 mil millones, sólo $50 millones corresponden a sus derechos como persona natural, y lo restante en su calidad de representante de Santa Anita S.A., ya que el mismo fallo ordenó a su otrora socio a devolverle de forma íntegra el 82% de sus acciones.
Pese a que tanto el Registro de Accionistas y las acciones de Santa Anita están aún bajo medidas precautorias dictadas por los tribunales y con la prohibición de celebrarse actos y contratos sobre las mismas, los abogados del controlador de la empresa de vinagres sostienen que no había impedimento alguno para celebrar esta singular junta de accionistas, y para resolver el cambio de sus directores, gerente general y representantes legales.
Todo esto, pese a un fallo de primera instancia que establece que la propiedad de Traverso sobre las acciones de Santa Anita no es legítima, por lo que debía devolverle la totalidad de dichos títulos a su ex socio. Sumado a eso, ya en el mismo curso del juicio en primera instancia, al resolverse las excepciones dilatorias que se opusieron en su oportunidad, el tribunal de San Bernardo resolvió que Manuel Cuevas era el legítimo representante legal de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Santa Anita SA., decisión que produce “cosa juzgada en el juicio y no puede ser dejada sin efecto”, a juicio de sus abogados.
Ante este inusual escenario, en febrero del año pasado, los abogados de Manuel Cuesta denunciaron ante la misma Corte de San Miguel la existencia de un fraude o estafa procesal para dejar fuera del caso al principal afectado por este fallido acuerdo entre socios, quien en síntesis quedó privado de seguir persiguiendo el pago de la millonaria indemnización por el concepto de los terrenos que antes eran propiedad de Santa Anita.
Por la vía penal, también se presentó una senda querella por los delitos de asociación ilícita, falsificación y uso malicioso de instrumento público, estafa o fraude procesal contra Renato Traverso, los nuevos directores designados en la junta de accionistas de octubre de 2017, además de los abogados Andrés Cabello Violic, Jorge Meneses Rojas, Eduardo Marchi Fernández, Alberto Ríos Mellado, Stephan Lührmann Ortiz, Franco Acchiardo Olivos y el titular de la 34ª Notaría de Santiago, Eduardo Diez Morellos, quien legalizó la realización de la junta de accionistas realizada por el principal acusado.
En tanto, los abogados de Traverso se querellaron contra los representantes de Cuesta, Christian Cuevas Pardo y Francisco Aguayo Bahamondes, por el delito de prevaricación, que se sustentaría en que los profesionales denunciaron esta estafa procesal también en calidad de abogados de Santa Anita, para lo cual no tendrían patrocinio, pese a que la misma Corte de San Miguel en una resolución del 14 de febrero de 2018 les mantuvo la calidad de abogados de la firma, con el objeto de debatir todo este tema en conjunto con la vista de las apelaciones y casaciones del fallo de primera instancia.
Todas estas querellas fueron presentadas ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y son tramitadas por distintos fiscales, no obstante, han tenido poco avance dado que el expediente original, y donde constan todas las actuaciones que se acusan como ilegales, desde octubre del año pasado se encuentran en el Tribunal Constitucional.
Esto, porque tras todo este lío de acusaciones y querellas, la defensa de Renato Traverso interpuso un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante dicha magistratura, pues sus abogados –encabezados por el penalista Cristián Arias- estiman que la querella que lo acusa de los gruesos delitos en que habría incurrido al realizar la junta de accionistas de Santa Anita S.A. puede influir de manera sustancial en el proceso civil en el que ya fue condenado a indemnizar a su ex socio, dilatando aún más un caso que ya lleva más de nueve años y cuya revisión en segunda instancia dependerá de lo que demore el TC en fallar, luego de los alegatos realizados esta semana.
La escalada de este tema ya rebasó la disputa comercial entre dos ex socios y ahora involucra a sus equipos de abogados y hasta a un notario, en un conflicto que solo huele a vinagre.
