MERCADOS
Crédito: Agencia UNO
“Se hace importante no sólo que la autoridad técnica radicada en la Superintendencia sea investigada y asuma su responsabilidad en esta progresiva debacle de los Fondos. Pero también es importante que en lo inmediato se congelen los recálculos de las pensiones de los Retiros Programados en curso», sostuvo la vicepresidenta de la DC.
Durante esta jornada, la diputada DC, Joanna Pérez, ofició a la Superintendencia de Pensiones luego de que las siete administradoras de ahorros previsionales del país decidieran mantener un alto porcentaje de sus inversiones en renta variable, lo que provocó importantes pérdidas para lo fondos de pensiones.
Estas pérdidas podrían acumular los siguientes resultados: el Fondo A -25% , en circunstancias que de Fondo B -20%, Fondo C -15%, Fondo D -9% y finalmente, en lo que respecta al Fondo E -3%.
El texto presentado por la parlamentaria se le pide a la Superintendencia que responda respecto de “las razones de porqué durante el mes de enero de 2020 y diciembre de 2019, en circunstancias que ya se venía venir un problema en materia de inversión de los fondos de pensiones, tanto a nivel nacional, como internacional, no se tomaron e instruyeron las medidas e indicaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones en el sentido de disminuir su riesgo y exposición en operaciones de inversión en renta variable y otros”.
En ese sentido, se le requiere a la entidad explicar que medidas se han tomado, a objeto de enfrentar la agudización de la crisis durante enero, febrero y marzo de 2020 y se informe de modo oficial y formal a cuánto ascienden las pérdidas acumuladas de los distintos fondos administrados por las AFP entre octubre de 2019 al 30 de marzo de 2020.
Por último, se pide informar cuáles son las empresas nacionales en que alguna de las AFP de modo individual tienen invertidos más del 5% del capital accionario o bonos emitidos por estas, o en su conjunto el sistema de AFP tenga invertidos más del 10% de las mismas, indicando la fecha de la inversión y monto exacto de la misma. Y también sobre cómo se está instruyendo al sistema de AFP para proteger las inversiones en empresas nacionales e internacionales en que se encuentren invertidos los fondos de pensiones y su valor patrimonial bursátil al 30
de marzo 2020.
En relación al oficio presentado, la vicepresidenta de la DC señaló que “los efectos de la pandemia sobre la economía y fuentes laborales en Chile y el mundo son evidentes. Como también sus coletazos sobre los fondos de pensiones y las jubilaciones en curso, en gran parte a razón de la gestión que se hace de los multifondos, del nivel de exposición de mayoría de AFP´s accionistas de grandes empresas cotizantes en la rueda local, y de la responsabilidad administrativa y política de la autoridad, en especial el Superintendente de Pensiones, al no oficiar a las administradoras para mantener en cada multifondo un nivel de renta variable menos riesgoso”.
En esa línea mostró preocupación porque “el actual contexto tampoco ha operado como disuasivo para que el Supertintendente Macías lleve al Fondo E a ser un refugio como lo era en el año 2008, época donde llegó a ganar un 7% porque no tenía casi bonos de tesorería ni tanta exposición a renta variable”.
Por eso añade, “se hace importante no sólo que la autoridad técnica radicada en la Superintendencia sea investigada y asuma su responsabilidad en esta progresiva debacle de los Fondos. Pero también es importante que en lo inmediato se congelen los recálculos de las pensiones de los Retiros Programados en curso, y con ello los actuales pensionados de fondos sujetos a administración de las AFP no se vean perjudicados por la crisis económica y sanitaria que afecta al país”.
Por último, apunta la diputada, es importante “que los procesos de jubilación en su actual escenario, hagan partícipes y co-solidarios de las pérdidas sufridas en sus fondos a las AFP. Las administradoras no pueden solo obtener ganancias en tiempos de bonanza y evitar asumir riesgo y pérdidas en períodos críticos. Ello considerando además, el monto de las utilidades obtenidas en los primeros 9 meses de 2019 ($401.000 millones, 70% más que en mismo período 2018 de acuerdo a datos de misma Superintendencia de Pensiones)”.
