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150 organizaciones que trabajan por la inclusión de personas en situación de discapacidad enviaron esta mañana una carta a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, senador Alfonso de Urresti, calificando de “lamentable” la indicación ingresada por los senadores Carmen Gloria Aravena, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens que busca que los cupos reservados para candidaturas de personas con discapacidad sea solo del 1%
A menos de 60 días del plebiscito aún no se aprueba el proyecto de ley que tiene como objetivo asegurar que el 10% de las listas en competencia para un eventual órgano constituyente estén compuestas por personas con discapacidad, medida impulsada por el colectivo nacional por la discapacidad (CONADI).
La importancia de tramitar con premura este proyecto ya había sido advertida el 30 de julio pasado, a través de una carta firmada por organizaciones que trabajan por la inclusión de personas con discapacidad enviada a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz y al senador Alfonso de Urresti.
Sin embargo, la senadora Carmen Gloria Aravena (Evópoli) y los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Rafael Prohens (RN) ingresaron una indicación que apunta a lo contrario: Piden la eliminación del 10% y en su reemplazo proponen establecer un porcentaje mínimo del 1% de candidatos y candidatas con discapacidad en las listas conformadas por un solo partido, las listas de personas independientes y los pactos electorales a nivel nacional.
Por este motivo 150 organizaciones enviaron este jueves una nueva carta a la presidenta del Senado, en la que aseguran que esta indicación “no tiene por interés promover la participación política de las personas con discapacidad sino todo lo contrario: perpetuar lógicas de exclusión a un grupo de la población que históricamente ha carecido de políticas orientadas no solo a la accesibilidad universal o a la inclusión, sino barreras concretas para el adecuado ejercicio de sus derechos políticos”.
Para Pablo Selles, fundador de La Voz Propia “hay un sector político del país que constantemente ha puesto trabas para que el proceso constituyente se realice y que sea lo más cerrado posible. Los mismos que estuvieron en contra de la paridad ahora están en contra de que las personas con discapacidad participemos. El problema no somos nosotros, el problema es que están en contra de la democracia y de la participación de toda la población».
Por su parte, Claudia Aldana de la fundación Una Escuela Para Todos, afirmó que “es fundamental que las personas con discapacidad se vean representadas en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y que sean ellos mismos quienes planteen sus inquietudes. Es momento de darles el espacio que les corresponde, como sujetos de derecho”.
En este sentido, Jaime Ramírez, docente del Centro de Estudios Críticos de la Discapacidad de la Universidad de Chile, agrega que para que el proceso constituyente sea legítimo “debe ser representativo de todos los colectivos y agrupaciones que forman parte del país, y por cierto, la discapacidad no es decisión de ellos. Somos el 16,7% de la población y estamos organizados y listos para pelear por ese derecho porque nadie nos ha regalado nada”.
Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado en espera de ser votado. Posteriormente pasará a sala y para luego ser despachado la Cámara de Diputados y Diputadas.
