PAÍS
Agencia Uno
Ministra Chomali abre flanco en reforma proseguridad: riesgo para el derecho a salud de condenados
La titular de Salud advirtió que restringir prestaciones estatales a condenados por crimen organizado podría ser “incompatible” con el derecho a la salud. Exministros de Piñera, la UDI y el PNL también plantearon reparos al borrador que aún no ingresa al Congreso.
La reforma constitucional proseguridad que prepara el Gobierno comenzó a enfrentar reparos antes incluso de iniciar su tramitación en el Congreso. Esta vez, las dudas surgieron desde el propio gabinete y apuntan a una de las disposiciones contempladas en el borrador de 11 modificaciones a la Carta Fundamental.
La ministra de Salud, May Chomali, advirtió que la norma que busca establecer inhabilidades para que personas condenadas por crimen organizado accedan a prestaciones financiadas por el Estado podría entrar en conflicto con el derecho a la salud.
En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado sostuvo que el punto deberá ser revisado al interior del gabinete para evitar una incompatibilidad con la legislación vigente y con el derecho a la salud consagrado constitucionalmente.
La disposición forma parte de una propuesta que todavía no ha sido ingresada al Congreso y que se encuentra en proceso de revisión por parte del Ejecutivo. La advertencia de Chomali, sin embargo, abrió un nuevo debate sobre el alcance que podrían tener las restricciones planteadas para quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado.
Los reparos encontraron respaldo en dos exministros de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Jaime Mañalich y Karla Rubilar, esta última también académica de la Universidad Autónoma, advirtieron sobre las consecuencias que una restricción de este tipo podría provocar más allá de las personas condenadas.
“Eso puede tener enormes repercusiones de salud pública. Es evidentemente imprudente (…) La atención de salud no puede convertirse en parte de la pena. Una tuberculosis no pregunta ni distingue si quien contagia es delincuente o no lo es”, plantearon.
Las dudas también alcanzaron al oficialismo parlamentario. El senador UDI Javier Macaya respaldó que el Estado pueda limitar determinados beneficios para quienes cometan delitos graves, pero estableció una diferencia respecto de prestaciones esenciales.
“Una cosa es restringir beneficios del Estado a quienes cometen delitos graves, y en eso obviamente estamos de acuerdo, y otra muy distinta es poner en riesgo el acceso a prestaciones esenciales como la salud. Eso hay que precisarlo y corregirlo durante la discusión”, sostuvo.
Desde el Partido Nacional Libertario también surgieron críticas, aunque dirigidas al diseño general de la propuesta y al trabajo realizado antes de su presentación.
El diputado Pier Karlezi cuestionó la información entregada hasta ahora a los parlamentarios y acusó problemas conceptuales y de definición de responsabilidades dentro del borrador.
“Encontramos que tiene fallas graves en conceptos, confunde conceptos, responsabilidades en el mando que también están diluidas. Venimos saliendo de dos procesos constitucionales, ¿no les queda claro que esto tiene que ser un poquito más serio?”, afirmó.
El Gobierno todavía no cierra el texto definitivo de la reforma. La apuesta del Ejecutivo es que, una vez presentada ante el Congreso, la discusión legislativa permita revisar y modificar aquellos puntos que generen reparos. Sin embargo, la advertencia proveniente desde el Ministerio de Salud instala una primera controversia dentro del propio Ejecutivo respecto de los límites que deberían tener las medidas propuestas para endurecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.
