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Crédito: ATON
El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, explicó que el trato directo «si bien no es la opción de preferencia de este ministerio, sí a propósito de una situación excepcional como es la peor pandemia de los últimos años, fue la decisión que se tomó».
Durante una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora, se trataron los gastos del Minsal en la contratación de dependencias del Espacio Riesco, lugar que se facilitó para albergar a pacientes en plena pandemia del COVID-19.
Según consigna La Tercera, el ministro de la cartera Enrique Paris y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, formaron parte de la instancia donde entregaron detalles sobre el uno de los contratos suscritos entre ambas partes que fue representado por el Contraloría, por lo que se rechazó su toma de razón.
Respecto a los contratos, Arturo Zúniga explicó que “para arrendar una bodega, es un solo contrato, pero por ejemplo todo el servicio de alimentación, para la contratación del personal, para la seguridad, para comprar medicamentos y habilitar módulos, todo eso requirió una serie de otros contratos que fueron celebrados por el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y ahí es donde se hace esta observación por parte de Contraloría donde dice que este contrato tiene cosas que contiene el contrato de arriendo”.
“Eso es el trabajo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte, en conjunto con la Contraloría Metropolitana están subsanando en la medida que se les está entregando mayor información. Y esa información radica en que, si bien el edificio contaba con un enchufe, con electricidad, detrás de cada cama hay un enchufe que tuvo que ser instalado, detrás de cada baño hay una cañería que tuvo que ser instalada, y esas son las cosas que se están explicando en la Contraloría Metropolitana y que van a permitir que ese contrato se mejore con el objetivo que tome razón”, detalló.
Para explicar las razones de que el contrato se efectuara por trato directo y no por licitación, Zúñiga aclaró que “no existía un tiempo para poder hacer una licitación como ocurre normalmente porque necesitábamos tener cuanto antes habilitado el mayor número de camas, de ventiladores, el mayor número de laboratorios”.
“No podíamos oponer el derecho a la salud de la ciudadanía por la alternativa de llevar a cabo una licitación. Y no es que estemos incumpliendo las normativas de las compras públicas, porque precisamente para eso es la alerta sanitaria que se emitió los primeros días de febrero», precisó.
En ese sentido, la autoridad sanitaria explicó que el trato directo «si bien no es la opción de preferencia de este ministerio, sí a propósito de una situación excepcional como es la peor pandemia de los últimos años, fue la decisión que se tomó».
