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La instancia ratificó lo establecido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en amparos en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Superintendencia de Pensiones (SP), entidades que deberán acceder a los requerimientos tras denegar el acceso a los antecedentes por la oposición de las administradoras de fondos de prensiones.
Como un momento crucial para Chile “donde las definiciones que tomemos en los próximos meses van a definir las próximas décadas, y probablemente también el destino de las próximas generaciones”, caracterizó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), el proceso constituyente que se inició con el plebiscito de entrada de octubre pasado. Por ello, la titular de transparencia abordó la relevancia de que este principio y el derecho de acceso a la información pública con miras a su desarrollo y cómo estos pueden apoyar el proceso, no sólo sus hitos fundamentales.
“Desde el Consejo para la Transparencia estamos muy empeñados, desde la óptica de la defensa de un derecho fundamental como el acceso a la información pública y como la protección de datos personales, en poder empujar y aportar de manera importante en aquello que viene”, apuntó la cientista política. En este sentido, detalló el trabajo que está impulsando el CPLT en propuestas concretas “no solamente (pensando) en el órgano constituyente, no sólo en la discusión del proceso constitucional, sino también en el mecanismo y el proceso mismo”, de manera de colaborar con la generación de confianza de parte de la ciudadanía en un marco de desconfianza institucional.
Al respecto, De la Fuente detalló que se debe elegir un órgano constitucional en el marco de un ecosistema de probidad y transparencia, que permita el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía. En este sentido, explicó, que se ha establecido ya que los constituyentes estén sujetos a obligaciones de la Ley de Lobby como otras autoridades actualmente –deberán tener registros de audiencias, donativos y otros- y deberán realizar declaraciones de intereses y patrimonio, como medidas para escrutar a los integrantes de esta instancia.
Sin embargo, subrayó que falta debatir “sobre el reglamento y los mecanismos de funcionamiento de este órgano constitucional”, y además “cómo se van a definir mecanismos de transparencia y acceso a la información pública en la práctica que le den confianza a la ciudadanía”. “Lo que hemos estado trabajando desde el Consejo es una propuesta en materia de acceso a la información pública para que se puedan generar mecanismos de cara a la ciudadanía, para garantizar confianza en el proceso que es donde entendemos fundamental y se va a jugar parte del futuro”, agregó.
“En la medida en que las personas más conocen información pública y saben que tienen un derecho fundamental, que hace exigible en la práctica la rendición de cuentas, que hace exigible la posibilidad de control sobre las autoridades, más tienden a confiar en las instituciones”, espetó.
La presidenta del CPLT y el sacerdote Felipe Berríos coincidieron en seminario sobre transparencia y proceso constituyente organizado por el Consejo, en la relevancia del diálogo para generar confianza.
La titular de Transparencia afirmó: “Lo que nos estamos jugando en el próximo tiempo es la relevancia, la calidad de la democracia, de nuestro sistema político. Una manera de volver a construir un pacto social, de volver a conversar, donde quepamos todos, y entendemos que ahí el derecho de acceso a la información pública para construir confianza es fundamental”.
Berríos, en tanto, destacó que en el país se han realizado esfuerzos muy importantes: “Esto mismo que hayamos resuelto el estallido a través de un método democrático, que sea un diálogo en que todos tengan algo que decir y que nadie sobra es un mérito nuestro”.
El jesuita planteó algunas de sus preocupaciones respecto del proceso. Especificó que percibe como un peligro una “nueva forma de fascismo, que necesita de un enemigo –puede ser la izquierda, la derecha, los empresarios, la iglesia, los migrantes- (…) necesita destruir las instituciones y necesita prometer ideas fáciles”. También aludió como riesgo a una “desideologización política partidista” comparándolo a un “cuerpo sin piel”, que se sustenta en desacreditar al que piensa distinto.
En el caso del empresariado, su representante, Juan Sutil, afirmó que debe impulsarse un proceso que “que nos convoque a todos, nos incluya a todos y, por lo tanto, tiene que ser hecho por todos, no por vencidos o vencedores”. Destacó el espíritu republicano al que asocia lo que está ocurriendo en torno al debate constitucional y se declaró “optimista”.
“Sin embargo –planteó el empresario- tengo la aprehensión de que seamos capaces de construir el proyecto país y ponernos ahí de acuerdo, precisamente si no resolvemos el problema político, que elija mejor a las autoridades, que nos dé más transparencia, que nos genere más confianza y que elimine enclaves”.
Respecto del marco de desconfianza en el que se desarrollará el proceso para redactar la Nueva Constitución, Mónica González afirmó que “todos los que estamos aquí –refiriendo a representantes de los medios de comunicación, empresariado y gobierno local- representamos sectores que están en deuda”.
Enfatizó en el caso de los municipios, sector en el que se evidencia mucha corrupción, que calificó como “el flagelo que ha corroído la confianza y la fe pública”. Sobre esto último, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei afirmó que la ciudadanía “tiene razón en no creer” y ejemplificó el impacto que generan casos de corrupción, como el que involucró a diversos municipios del país asociado a una licitación de luminarias LED.
González, premio nacional de periodismo, aludió que en el proceso constituyente se pone en juego: “la vida real posible en un país normal”. Apuntó a despojarse de egos y «lírica»: “Se debe avanzar hasta que duela en una transparencia efectiva que no tenemos hoy día”.
Matthei, en tanto, argumentó que: “la probidad y la transparencia es un tema que tenemos que abordar en nuestro país, porque sino, no tenemos futuro”. Apuntó además a la necesidad de generar independencia en instituciones de organismos del Poder Judicial y de organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o Contraloría.
