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La presidenta del Senado fijó en los primeros días de la próxima semana la fecha para entregar un consolidado de las propuestas que presentó el mundo político y más de 20 organizaciones sociales en el encuentro para concordar mínimos comunes para enfrentar la crisis. El concepto de universalidad y ampliar el rango de ayudas fuera del Registro Social de Hogares, fueron puntos claves. «Le hace bien al país conversar y le hace bien a la política escuchar, dialogar”, dijo la senadora.
De manera ininterrumpida, y por cerca de ocho horas, se desarrolló el “encuentro político y social por Chile”, un cónclave de la oposición para afinar una contrapropuesta al Gobierno sobre la agenda de mínimos comunes, donde la coincidencia fue abogar por la universalidad de las ayudas en el marco de la pandemia.
Repitiendo la fórmula sostenida hasta ahora, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, finalizado el encuentro, entregó breves conclusiones a través de su cuenta de Facebook, donde agradeció “la disposición y generosidad” de quienes asistieron.
“Le hace bien al país conversar y le hace bien a la política escuchar, dialogar”, dijo la senadora, quien – sin comprometer un día concreto – anunció que en los primeros días de la próxima semana esperan entregar una propuesta concreta al gobierno y la ciudadanía, tras procesar las propuestas y el debate de esta reunión.
“Nos pareció muy interesante en lo de Renta Básica Universal el que aquí se estableciera también esta posibilidad de que se filtrara en el sentido inverso, aprovechando la Operación Renta se vean quiénes no debieran acceder, porque están en un segmento de mejores condiciones económicas, pero que se mantenga el criterio de la universalidad”, dijo Provoste.
La presidenta del Senado agradeció también los testimonios relativos a violaciones de Derechos Humanos, entre ellos víctimas de vulneraciones, y resaltó la disposición de que esto sea un tema permanente. “Es un trabajo de más largo plazo, permanente para nosotros, y donde no necesitamos, en algunas iniciativas legales, al Gobierno, basta la oposición, y me refiero al proyecto de indulto”, enfatizó Provoste.
El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre – el único que acudió del Frente Amplio – complementó que a su juicio el tema de Derechos Humanos “no se negocia en una agenda de mínimos comunes sino que es un desafío permanente de la oposición, política y social para garantizar verdad, justicia, reparación intergral a las vicrimas y no repetición”.
CUT se restó con duro mensaje
A la ausencia de los diputados del PC, del Frente Amplio y de la Federación Regionalista Verde Social, se sumó la automarginación de la Central Unitaria de Trabajadores, que argumentó su decisión en la preocupación de que – ante la amplitud de la reunión – se perdiera lo central, como un salario mínimo no inferior a $500.000; que se establezca una Renta Básica Universal para el 80% de la población, por un monto no inferior a 500 mil pesos; y que el Estado dicte políticas que permitan el control del precio de los alimentos, los enseres de aseo, de higiene y de la construcción.
El secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, acusó que personeros políticos se infiltraron “como polizontes”. “Creemos que se le falta el respeto, que se abusa de la confianza de la presidenta del Senado, cuando a esta reunión tan masiva, supuestamente de la oposición, se infiltran como polizontes, personeros políticos que jamás estuvieron con los cambios, que siempre se negaron a las reformas sociales, que no comparten nuestros valores y que cuando fueron senadores o ministros se negaron a cualquier reforma sindical, ambiental o social, a favor de la oposición”, reclamó.
Una de las propuestas que pusieron sobre la mesa en el debate de la Renta Básica Universal de Emergencia es la de la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado y candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, con la colaboración de sus pares Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), que busca ampliar lo más posible las ayudas y facilitar el ingreso al Registro Social de Hogares (RSH), que es una de las herramientas básicas para considerar los beneficios.
En específico la propuesta plantea llegar al 100% del RSH , pero además “establecer mecanismos de incorporación especiales para familias de deciles inferiores que hoy, por diversos motivos, no son parte del RSH”, donde proponen un rol de los municipios u ONGs que puedan constatar en terreno a beneficiarios que quedan fuera de esta herramienta.
En cuanto al monto, la senadora Rincón enfatizó que hay una amplia coincidencia en que el total de esta ayuda debe superar la línea de la pobreza, es decir, con $600.000 para una familia de cuatro integrantes. Sobre la duración, la propuesta establece “tres meses prorrogables” según la evolución de la pandemia.
El senador del PPD Ricardo Lagos Weber, coincidió y manifestó que «lo del Gobierno mensualmente tiene un costo alrededor de 1.800 millones de dólares mensuales, y la distinta propuesta, en sus variantes, efectivamente dan una suma mayor, pues es una suma abordable, sobre todo viendo la efectividad que pueden llegar a tener y lo que significan desde el punto de vista conceptual». Destacó que «aparte de la (propuesta) del Gobierno, las demás propuestas se hacen cargo de partir desde la línea de pobreza para una familia, un hogar de cuatro miembros».
La diputada Johana Pérez (DC) sostuvo que también es importante «buscar la forma de reconocer lo que es hoy el trabajo informal», dado que «cuando vemos un ingreso mínimo en el Registro Nacional de Hogares, ninguna familia vive con un puro ingreso». «Que sea (la propuesta) sobre la línea de la pobreza es fundamental», indicó la parlamentaria.
La propuesta tuvo coincidencias entre otros parlamentarios que expusieron. La misma presidenta del Senado, quien ha liderado las tratativas, Yasna Provoste (DC) abogó por permitir que muchas personas que no están en el Registro Social de Hogares y que son clase media empobrecida, puedan ingresar rápidamente a estos beneficios. “Que se haga este cruce por las declaraciones de renta de este año, con mecanismos que el Estado tiene para cotejar», planteó la senadora. Provoste, además, enfatizó que la propuesta que se tiene hasta ahora “es un documento en construcción”.
En las exposiciones, hubo una afirmación transversal de que Chile cuenta con los recursos y que el costo no puede seguir siendo pagado por los fondos previsionales.
En el debate, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Rodrigo González, hizo el punto sobre la confianza que está en juego en este encuentro. “Yo creo que nos lincharían si llegamos a una propuesta que solamente contemple un poco ampliar el IFE, llegar con una línea que sea menor”, sostuvo.
El bloque opositor también discutió las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19, asegurando que la estrategia del Gobierno es escasa y que se necesita implementar una batería de medidas extras.
«Hay clínicas que siguen cobrando por el PCR, hay Isapres que siguen sin financiar los PCR, hay que establecer claramente que es un bien público y si tiene que ser absolutamente gratis», aseguró el senador del PPD Guido Girardi.
Y añadió que «tenemos un problema estructural que sigue sin resolverse, lo que tenemos que tener es un ejército de trazadores, una medida mínima es generar los recursos para tener al menos 30 trazadores por 100 mil habitantes. Luego tenemos un problema con los pagos de licencias médicas».
La cita contó con la presentación del informe para la pequeñas y medianas empresas y finalizó con la exposición sobre la situación de derechos humanos, con el académico de la Universidad de Chile Salvador Millaleo.
