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La iniciativa legal, que lleva meses durmiendo en la Cámara, busca terminar con la prisión preventiva a la que muchas personas han sido sometidas, por casi dos años y medio.
Gendarmería cifró en 144 las personas que se encuentran en prisión preventiva por hechos relacionados a las manifestaciones del estallido social de 2019. A dos años de este hito, con la Convención Constitucional en curso y a la espera de la llegada de un nuevo gobierno a La Moneda, los denominados «presos del estallido» y sus familiares esperan que la ley de indulto sea aprobada.
Tras varias semanas de espera, este martes, la Comisión de Constitución del Senado comenzará el debate del proyecto de ley que busca liberar a los «presos por luchar». Previamente, el 5 de enero, se acordó un plazo de indicaciones —que ya venció— lo que provocó la molestia de familiares de los detenidos que se apostaron afuera del Congreso en Valparaíso.
La iniciativa, que lleva varios meses estancada y que ha causado resquemor en el oficialismo, cumplió su plazo para el ingreso de indicaciones, por lo que debe seguir su tramitación.
Uno de los integrantes de la comisión, el senador Rodrigo Galilea (RN), uno de los principales opositores al proyecto, expresó que “nos tenemos que hacer responsable de la cosa y la violencia nunca puede ser una herramienta de transformación social».
Cabe mencionar que el indulto no es el único mecanismo que los familiares de los detenidos tienen para buscar su libertad. «Nosotros hemos mencionado en reiteradas ocasiones que, si la ley no se llegase a aprobar y se rechaza en la comisión, que esperemos no sea así, o se rechaza en la Sala, nosotros vamos a seguir estando movilizados y vamos a tener que apuntar a otras medidas u otras posibles soluciones para la libertad de los presos políticos», manifestó el abogado de las familias, Jaime Fuentes.
La semana pasada el diputado Giorgio Jackson, integrante del equipo del Presidente electo Gabriel Boric, se reunió con la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, oportunidad en la que se comprometió a retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado.
