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Al igual que las anteriores solicitudes del Ejecutivo, la medida tendrá una duración de 15 días y se aplicará a las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Pasó ahora a consideración del Senado.
Por 69 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la nueva solicitud del Presidente de la República para extender, por 15 días, el estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío; y las de Cautín y Malleco, en La Araucanía.
La medida se viene aplicando desde el 12 de octubre de 2021. En esa fecha, el Mandatario estableció el EECE vía decreto. Luego, reiteró la acción por la misma vía, para pasar luego a cumplir con el precepto constitucional que exige contar con la aprobación del Congreso Nacional, para su continuidad. Así, se han sucedido las diversas solicitudes, todas aprobadas hasta la fecha.
En el texto, ahora enviado al Senado, se reitera que la declaratoria de EECE obedece al aumento y concentración de actos de violencia cometidos en la zona. Se explicita que ellos están vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
Se remarca que la situación es un atentado contra la vida e integridad física de civiles y de efectivos policiales. Entre las acciones se incluye la destrucción de diversos inmuebles como iglesias y escuelas. Asimismo, atentados en contra de instalaciones y bienes del ámbito turístico, agrícola y comercial.
“La declaración de EECE ha sido una medida necesaria para prevenir y lograr reducir la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, controlar los grupos armados que amenazan y atentan contra personas y bienes y, con ello, resguardar a la población”, se recalca en la solicitud.
Entre los argumentos también se destaca el amplio consenso expresado en la región de La Araucanía a favor del EECE. Ello se manifestó en una consulta pública realizada entre el 5 y el 7 de noviembre del año pasado.
Se acota, igualmente, que la medida permite la colaboración de las FFAA con las policías en aras de proteger a la población. Esto se refleja en el apoyo, a través de su personal y medios, en fiscalizaciones marítimas y patrullajes mixtos. De igual modo, por medio de vigilancia aérea con helicópteros y aviones.
Por último, se menciona que, pese a la efectividad de la acción, esta no resulta suficiente, por lo que se requiere su mantención.
En el debate participaron Miguel Mellado (RN), Jorge Alessandri (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI, Andrés Molina (Evópoli), Camila Flores (RN), Gastón Saavedra (PS), Sergio Bobadilla (UDI), Marcelo Schilling(PS) y Pedro Velásquez (IND).
La mayoría de los intervinientes expresó su apoyo a la solicitud. Estimaron necesario mantener el EECE para sostener la paz en la macrozona sur y controlar el terrorismo y el narcotráfico. Además, para ayudar a los agricultores de la zona a realizar sus actividades y garantizar la seguridad de las personas.
Los dos legisladores socialistas, sin embargo, manifestaron sus críticas y remarcaron la importancia de avanzar en otros aspectos. Asimismo, pidieron escuchar a los protagonistas de dichas regiones y resolver las demandas pendientes en esos lugares.
Justamente, en respuesta a esas observaciones, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, expuso parte de las acciones que promueve el Gobierno en la macrozona, en paralelo al tema de la seguridad.
Dijo que se desarrolla un plan multisectorial en el cual participan directamente los municipios. Ello ha permitido desentrabar proyectos relevantes para las comunidades e inyectar recursos especiales.
Respecto del tema del éxito del EECE, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, entregó las estadísticas más importantes. Sostuvo que los hechos de violencia bajaron en un 43%, mientras que las usurpaciones lo hicieron en un 73%.
Adicionalmente, se constatan: el decomiso de una tonelada y media de drogas; más de 4 mil 500 operativos militares, mixtos y patrullajes, que arrojaron más de 54 mil controles a personas y vehículos, con un total de 607 detenidos en 2021; y la incautación de 907 armas de fuego (148 de ellas solo en el último trimestre), incluyendo armamento largo y de guerra.
